El Partido Popular ha presentado un recurso ante la Junta Electoral Central (JEC) en el que reclama al Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, un informe urgente sobre las condiciones en las que los españoles residentes en Venezuela podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según la información difundida por The Objective y recogida por otros medios, la formación que preside Alberto Núñez Feijóo sostiene que la sede provisional del consulado en Caracas, la Quinta Marmolejo, presenta supuestamente deficiencias que podrían comprometer el normal desarrollo de la votación.
El origen del conflicto: una sede provisional lastrada por los terremotos
La controversia hunde sus raíces en los terremotos del pasado 24 de junio de 2026, que dañaron gravemente la Torre España, sede habitual de la Embajada y el Consulado en la capital venezolana. Como consecuencia, ambas dependencias fueron trasladadas de forma temporal a la Quinta Marmolejo, una antigua residencia diplomática situada en la avenida Mohedano de La Castellana. De acuerdo con la información publicada por El Español, lo que en un principio iba a ser una solución de emergencia se ha prolongado ya durante más de cien días, y ahora ese mismo inmueble deberá servir como centro de votación para los comicios del 29-N.
El PP sostiene, según la información recogida por Congresodiario, que la Quinta Marmolejo presenta «importantes limitaciones de acceso, aforo, infraestructura y seguridad» que podrían dificultar la jornada electoral, prevista entre el 21 y el 26 de noviembre. El recurso popular incide especialmente en la supuesta debilidad de la conexión a internet, un extremo que, a su juicio, podría bloquear la impresión de certificados de inscripción consular y otra documentación electoral para aquellos votantes que no la hayan recibido por correo.
Las advertencias de los sindicatos y las asociaciones de españoles
La denuncia del PP no es aislada. Según la información disponible, los sindicatos del consulado (CCOO, UGT y CSIF) y las asociaciones Somos Españoles Unidos y Feceve ya habrían advertido al embajador de España en Caracas de la supuesta «imposibilidad material, estructural, de aforo y de seguridad» de celebrar los comicios en esas instalaciones. En una carta fechada el 8 de octubre y a la que habría tenido acceso El Español, los representantes sindicales habrían calificado la situación de «inaceptable» y habrían subrayado que la sede provisional no reúne «las condiciones mínimas indispensables de seguridad y salubridad».
El Consejo de Residentes Españoles de Caracas, órgano oficial que asesora al cónsul, habría alertado igualmente de que la Quinta Marmolejo carece de conexión a internet, lo que, según estas fuentes, impediría a los electores imprimir la documentación necesaria para votar si no la han recibido previamente en sus domicilios. En Venezuela residen, según las estimaciones manejadas por los medios consultados, entre 130.000 y 163.000 españoles con derecho a sufragio, una cifra que convierte a este distrito consular en uno de los más relevantes del exterior.
Las demandas del PP y la versión del Gobierno
El recurso popular solicita a la JEC que inste a Exteriores a garantizar medios informáticos efectivos y una conexión estable a internet, así como la habilitación de uno o varios centros de votación adicionales en Caracas que cumplan los requisitos de espacio, accesibilidad y equipamiento. Según el escrito difundido por Congresodiario, el PP sugiere expresamente utilizar las instalaciones de los centros españoles gestionados por Feceve y las propuestas formuladas por el Consejo de Residentes Españoles.
La respuesta del ministro Albares no se ha hecho esperar. En declaraciones recogidas por elDiario.es y otros medios, el titular de Exteriores habría tildado de «absurdo» que el PP y Vox estén, supuestamente, lanzando sospechas sobre el voto de los españoles en el exterior. Albares habría sostenido que ambas formaciones «lo que no quieren es que 3,5 millones de españoles puedan votar» y habría recordado que en las elecciones generales de 2023 ya se votó con el mismo procedimiento vigente, sin que se registraran incidencias significativas. De acuerdo con estas declaraciones, el ministro habría instado al PP a explicar por qué, a su juicio, pretende «predeterminar el voto» de los ciudadanos en el exterior e «infundir dudas» en el sistema democrático.
Un contexto de alta tensión política y diplomática
El cruce de acusaciones se produce en un momento de especial sensibilidad en las relaciones entre España y Venezuela. Según la información disponible, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de febrero, con 177 votos a favor y 164 en contra, una iniciativa impulsada por el PP para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, lo que habría provocado la reacción del Parlamento venezolano, que habría instado a romper relaciones diplomáticas y consulares con España. En este clima, la organización de los comicios en el distrito consular de Caracas se ha convertido en un asunto de especial complejidad logística y política.
La JEC deberá ahora pronunciarse sobre el recurso del PP y determinar si, según la información disponible, existen fundamentos suficientes para exigir al Ministerio de Asuntos Exteriores un informe pormenorizado sobre las condiciones de la Quinta Marmolejo y, en su caso, para ordenar la habilitación de sedes alternativas que garanticen el derecho al sufragio de los españoles residentes en Venezuela.
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