Uno de cada tres ciudadanos de fuera de la Unión Europea residentes en los Veintisiete vive en una vivienda hacinada. El dato, según los últimos datos publicados por Eurostat correspondientes a 2025 y recogidos por este periódico, sitúa la tasa de hacinamiento entre la población extracomunitaria en el 33,5% , frente al 13,6% de los nacionales y el 20,0% de los ciudadanos de otros Estados miembros. La brecha, lejos de corregirse, se ha convertido en una constante estructural: en 2016 el hacinamiento afectaba al 33,3% de los extracomunitarios, apenas dos décimas menos que nueve años después, mientras que entre los nacionales la proporción descendía del 15,3% al 13,6% en el mismo periodo. La foto fija de la exclusión residencial dibuja una Europa a dos velocidades, en la que el pasaporte determina, en la práctica, el acceso a un espacio digno.
El mapa del hacinamiento: del 77% de Rumanía al 7% de Chipre
La media europea esconde realidades nacionales radicalmente distintas. De acuerdo con el desglose por países que acompaña a los datos de Eurostat, las mayores tasas de hacinamiento entre ciudadanos extracomunitarios se registran en Rumanía (77,6%) , Polonia (59,4%) y Eslovaquia (58,9%) , mientras que en el extremo opuesto se sitúan Chipre (7,4%) , Irlanda (9,7%) y Malta (9,7%) . La dispersión, según los analistas consultados, refleja tanto las diferencias en los mercados de la vivienda y en las políticas de integración como la distinta composición de los flujos migratorios en cada Estado miembro.
Eurostat define el hacinamiento como la situación en la que un hogar no dispone de un número suficiente de habitaciones en función de las personas que lo ocupan, teniendo en cuenta su edad, las relaciones familiares y la composición del hogar. Es decir, no se trata solo de metros cuadrados, sino de la imposibilidad de garantizar espacios separados para dormir, estudiar o desarrollar una vida privada mínima. Supuestamente, esa carencia de espacio tiene consecuencias directas sobre la salud física y mental, el rendimiento escolar de los menores y las oportunidades laborales de los adultos, según los estudios sobre determinantes sociales de la salud consultados.
La propiedad como espejo de la desigualdad
El hacinamiento no es la única variable que separa a extracomunitarios y nacionales. Según los mismos datos de Eurostat, el 73,5% de los nacionales vive en una vivienda de su propiedad, frente a solo el 24,1% de los ciudadanos extracomunitarios y el 38,4% de los comunitarios de otros países. La distancia es de más de tres a uno, y se ha ampliado en la última década: la tasa de propiedad entre los extracomunitarios cayó del 30,2% en 2016 al 22,9% en 2024, antes de repuntar ligeramente en 2025. Esa caída, supuestamente, está relacionada con la precariedad laboral, la falta de ahorro y las dificultades de acceso a la financiación hipotecaria, pero también con un mercado de alquiler que expulsa a los hogares con menos recursos hacia las periferias urbanas y hacia fórmulas de sobreocupación.
El coste de la vivienda: el 18% de la renta disponible, por encima del umbral de riesgo
La presión económica añade otra capa de vulnerabilidad. El 18,1% de los ciudadanos extracomunitarios destina más del 40% de su renta disponible a los gastos de alojamiento, el umbral que Eurostat utiliza para definir la “sobrecarga del coste de la vivienda” . Entre los nacionales, esa proporción se reduce al 7,1% , y entre los comunitarios de otros países se sitúa en el 15,2% . Es decir, supuestamente, casi uno de cada cinco extracomunitarios se encuentra en una situación de riesgo de exclusión residencial por motivos económicos, lo que a su vez les empuja hacia viviendas más pequeñas, peor ubicadas y con mayor grado de ocupación.
Ese cóctel —precios altos, salarios bajos y falta de alternativas de vivienda asequible— según los expertos en políticas de vivienda consultados, explica por qué el hacinamiento se concentra precisamente entre los colectivos con menor capacidad de negociación en el mercado: migrantes recién llegados, trabajadores con contratos temporales, familias monoparentales y personas en situación administrativa irregular. La vivienda, en este contexto, deja de ser un derecho para convertirse en un factor de estratificación social.
La crisis de vivienda que amplifica la brecha
El telón de fondo es una crisis de vivienda que afecta al conjunto de la Unión, pero que golpea con especial crudeza a los hogares con menos recursos. Según el informe anual sobre Derechos Fundamentales publicado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) en junio de 2026, alrededor de 1,3 millones de personas carecen de hogar en la Unión, incluidos 400.000 niños que viven en la calle o en alojamientos temporales. Entre 2015 y 2024, los precios de compra de la vivienda aumentaron un 53,4% y los de alquiler un 16,8% de media en la UE, mientras la oferta de vivienda social y asequible se ha mantenido estancada o ha retrocedido.
La FRA, de acuerdo con su propio comunicado, insta a tratar el acceso a una vivienda digna y asequible como un derecho fundamental y reclama un “enfoque basado en los derechos humanos” en el futuro plan europeo de vivienda asequible. Esa petición, supuestamente, choca con la realidad de unos Estados miembros que conservan la competencia exclusiva en política de vivienda y que, en muchos casos, carecen de instrumentos eficaces para intervenir en un mercado tensionado por la especulación, el turismo masivo y la falta de suelo público.
El hacinamiento como síntoma, no como causa
Conviene subrayar que el hacinamiento de la población extracomunitaria no es un fenómeno que pueda atribuirse a una supuesta “cultura” del apiñamiento, sino que responde a una combinación de factores estructurales: salarios de subsistencia, discriminación en el acceso al alquiler, falta de avales y de redes de apoyo, y una oferta de vivienda asequible que en muchas ciudades europeas es prácticamente inexistente. Según los investigadores consultados, los hogares migrantes recurren a la sobreocupación como estrategia de supervivencia, no como una elección. Compartir piso entre varias familias, alquilar habitaciones por literas o realquilar espacios insalubres son respuestas a un mercado que les cierra la puerta.
Esa dimensión estructural es la que explica por qué, pese a los años transcurridos, la tasa de hacinamiento entre los extracomunitarios apenas se ha movido desde 2016, mientras la de los nacionales ha descendido ligeramente. De acuerdo con los datos de Eurostat, la brecha entre ambos grupos no es coyuntural, sino que se ha consolidado como un rasgo permanente del modelo de integración residencial europeo.
La dimensión política: un debate que se cruza con la campaña
La publicación de estos datos se produce en un contexto de intensa politización de la inmigración y de la vivienda en varios Estados miembros, incluida España, donde la campaña electoral del 29-N ha situado ambos asuntos en el centro del debate. Aunque Eurostat no establece relaciones causales, algunos actores políticos, supuestamente, utilizan las cifras de hacinamiento para argumentar que la llegada de población extracomunitaria presiona a la baja la calidad de la vivienda y compite por los escasos recursos públicos. Otros, en cambio, según las fuentes consultadas, sostienen que el problema no es la llegada de personas, sino la ausencia de políticas de vivienda que garanticen un acceso equitativo al mercado residencial.
Lo que los datos dejan claro, de acuerdo con la información disponible, es que la exclusión residencial de la población extracomunitaria tiene una dimensión estructural que no se resolverá solo con medidas de control migratorio ni con incentivos puntuales a la compra. Sin una intervención decidida en el parque de vivienda asequible, en la regulación del alquiler y en las condiciones laborales de los hogares con menos ingresos, la brecha del 33,5% frente al 13,6% supuestamente seguirá reproduciéndose año tras año.
Nota de la redacción
La información contenida en esta noticia se ha elaborado a partir de los datos publicados por Eurostat correspondientes a 2025, en el marco de las estadísticas de integración de migrantes y de las condiciones de vida (EU-SILC), así como del informe anual sobre Derechos Fundamentales de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) de junio de 2026. Las cifras de hacinamiento, propiedad y sobrecarga del coste de la vivienda proceden de “fuentes oficiales comunitarias” y deben ser interpretadas teniendo en cuenta las definiciones metodológicas de Eurostat y los márgenes de error propios de las encuestas de hogares. Algunas fuentes secundarias manejan porcentajes ligeramente distintos —como el 35% que recoge algún medio— supuestamente debido a redondeos o a la inclusión de distintos grupos de edad, por lo que se recomienda acudir a la serie original de Eurostat para cualquier análisis detallado. Las afirmaciones atribuidas a actores políticos y a expertos son declaraciones públicas y no hechos probados judicialmente.
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