Un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas ha revelado que el Ministerio de Igualdad, entonces dirigido por Ana Redondo, ignoró presuntamente durante al menos seis meses las quejas sucesivas de una víctima de violencia de género cuyos dispositivos de seguimiento telemático —las conocidas como pulseras antimaltrato— presentaban fallos de funcionamiento. La afectada presentó tres reclamaciones formales entre julio de 2025 y enero de 2026 sin que el departamento resolviera la incidencia, según el documento del órgano fiscalizador, que ha salido a la luz en plena investigación de la Fiscalía Europea por un posible fraude en la contratación de estos dispositivos con fondos comunitarios.
Es fundamental precisar que la información sobre este caso concreto procede del informe del Tribunal de Cuentas, un documento público de fiscalización, y no de una resolución judicial. El Ministerio de Igualdad no se ha pronunciado de forma específica sobre este episodio, y ninguna de las personas e instituciones mencionadas ha sido declarada culpable de delito alguno. La investigación de la Fiscalía Europea se encuentra en fase de diligencias previas y no implica una imputación formal contra los responsables del departamento.
El caso: tres quejas sin respuesta y una reclamación patrimonial desestimada
Según el informe del Tribunal de Cuentas, al que han tenido acceso medios como OK Diario y que ha sido replicado por La Gaceta, la víctima presentó su primera queja en julio de 2025, al constatar que su pulsera antimaltrato no funcionaba correctamente. Repitió la reclamación en diciembre de 2025 y de nuevo en enero de 2026. En ninguno de los tres casos obtuvo una solución efectiva por parte del Ministerio, que es el departamento competente para supervisar la ejecución del contrato y exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria.
La situación derivó en una reclamación patrimonial de 75.000 euros por los daños y perjuicios sufridos, que fue desestimada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. El Tribunal de Cuentas considera que estos hechos evidencian «debilidades en el control del contrato» por parte de Igualdad, que «no adoptó medidas efectivas para exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria», y que los requerimientos fueron «tardíos» y, salvo una excepción, no obtuvieron respuesta.
Un sistema de quejas inoperativo durante más de un año
El caso individual de esta víctima no es un hecho aislado, sino la expresión de una disfunción estructural que el informe del Tribunal de Cuentas documenta con detalle. Según el organismo fiscalizador, el sistema de gestión de reclamaciones permaneció inoperativo durante más de un año, desde el inicio de la ejecución del contrato en febrero de 2024 hasta junio de 2025. Durante ese periodo, jueces, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, administraciones, víctimas y las propias trabajadoras de la Sala COMETA —el centro de control encargado de supervisar los dispositivos— no dispusieron de un cauce formal para presentar quejas o incidencias.
Cuando el módulo de quejas entró finalmente en funcionamiento, en junio de 2025, su puesta en marcha tampoco garantizó una respuesta eficaz, como demuestra el caso de la víctima que reclamó en tres ocasiones sin éxito. El Tribunal de Cuentas subraya que esta situación se produjo «pese a las reiteradas peticiones» de los operadores jurídicos y policiales, lo que, a su juicio, evidencia una falta de previsión y de control por parte del Ministerio.
Las deficiencias técnicas: geolocalización, baterías y 123 requerimientos judiciales sin respuesta
El informe del Tribunal de Cuentas, aprobado el 22 de septiembre de 2026, fiscalizó los contratos de 2018, 2021 y 2023, por un importe conjunto de 102,6 millones de euros, de los cuales 42,6 millones correspondían al contrato más reciente, financiado parcialmente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Las conclusiones del organismo son contundentes: se detectaron «graves deficiencias» en la contratación y en el seguimiento del sistema.
Entre los problemas técnicos documentados figuran fallos de fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron acercamientos de los agresores a las víctimas, baterías con una autonomía muy inferior a la ofertada (semanal en lugar de los seis meses comprometidos) y retrasos en las reparaciones. Además, el cambio de empresa adjudicataria —de Telefónica a una UTE formada por Vodafone y Securitas— provocó problemas de acceso a la información histórica que impidieron dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes, una situación que se mantuvo hasta octubre de 2024.
El Tribunal de Cuentas concluye que «la calidad del servicio debe primar sobre el ahorro de costes» y formula hasta ocho recomendaciones al Ministerio, entre ellas priorizar la calidad frente al ahorro, reforzar los planes de transición entre adjudicatarios, mejorar el control de las memorias anuales y aplicar las penalidades previstas en caso de incumplimiento.
La investigación de la Fiscalía Europea y la actuación de la UCO
La publicación de estos datos coincide con una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) por un presunto fraude en el uso de fondos de la UE destinados a la compra de las pulseras. Según confirmó el organismo en un comunicado, la investigación se abrió el año pasado y se encuentra bajo secreto. En el marco de estas diligencias, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron el pasado jueves 12 de noviembre a la sede del Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para recabar documentación sobre los contratos.
Es importante subrayar que la actuación de la UCO es una diligencia de investigación, no una imputación ni una detención. La ministra Ana Redondo ha asegurado que los fondos se han destinado «correctamente» y que el Ministerio ofrecerá «colaboración absoluta» a la Fiscalía Europea: «Toda la información que se requiera se va a ofrecer. A nosotras nos interesa que haya una fiscalización de todos y cada uno de los euros, porque me consta que se han invertido correctamente».
El contexto: un historial de advertencias y sanciones
El caso de las pulseras antimaltrato acumula más de un año de cuestionamientos. En septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado alertó en su memoria de «múltiples fallos» en los dispositivos que habían provocado absoluciones de agresores. El 11 de noviembre de 2025, una caída del servidor durante doce horas dejó sin geolocalización a cerca de 4.500 usuarias, lo que obligó a activar el protocolo de protección. Como consecuencia, el Ministerio de Igualdad impuso una sanción de 25.285 euros a Vodafone, que se hizo efectiva mediante deducción de cantidades.
A pesar de estas advertencias, el Ministerio defendió durante meses que los fallos eran «casos puntuales» y que el sistema «funciona con normalidad». El Tribunal de Cuentas, sin embargo, ha confirmado ahora que las deficiencias fueron generalizadas y persistentes, y que el control del contrato por parte del departamento fue insuficiente.
Precisiones necesarias
Cabe subrayar varios aspectos para una lectura rigurosa de esta información. El informe del Tribunal de Cuentas es un documento de fiscalización, no una sentencia judicial. Sus conclusiones sobre las «graves deficiencias» y la «falta de control» son valoraciones del órgano fiscalizador, no calificaciones penales. La investigación de la Fiscalía Europea está bajo secreto y no ha dado lugar, hasta el momento, a ninguna imputación formal. La sanción a Vodafone es una medida administrativa firme, pero no prejuzga la responsabilidad del Ministerio. El caso de la víctima que presentó tres quejas sin respuesta es un episodio documentado en el informe, pero no se ha verificado de forma independiente la identidad de la afectada ni las circunstancias específicas de su caso más allá de lo que recoge el documento fiscalizador. Ninguna de las personas mencionadas —ni la ministra Ana Redondo, ni la exministra Irene Montero, ni los responsables de las empresas adjudicatarias— ha sido declarada culpable de delito alguno. La investigación continúa abierta y su resultado es, por el momento, incierto.
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