El Gobierno de Sánchez extiende otros 15 días los controles aleatorios a viajeros procedentes de Italia después de que Roma mantenga la suspensión de Schengen por la crisis de Ceuta, en un pulso diplomático que ya ha afectado a más de 180.000 pasajeros y que Bruselas observa con creciente preocupación
La crisis diplomática entre España e Italia por la gestión migratoria de Ceuta ha entrado en una nueva fase de escalada recíproca. Poco después de que el Ministerio del Interior italiano anunciara este martes la segunda prórroga, por otros 15 días, de los controles fronterizos a viajeros procedentes de España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido con la extensión simétrica de sus propias medidas de control sobre los viajeros que lleguen desde Italia. La decisión, confirmada por fuentes del Ministerio de Exteriores español, mantiene el pulso diplomático abierto desde el pasado 1 de agosto, cuando Roma suspendió de facto la libre circulación del espacio Schengen entre ambos países.
Albares: «Es absurdo, es inútil y es una vergüenza»
La reacción del ministro de Asuntos Exteriores español no se ha hecho esperar y ha sido especialmente contundente. José Manuel Albares ha calificado la prórroga italiana de «vergüenza» y ha acusado al Gobierno de Giorgia Meloni de actuar por «política interna» y de dinamitar «el espíritu, la filosofía de lo que quiere decir ser socios europeos». En declaraciones a los medios en el Senado, Albares ha subrayado que «Italia tiene actualmente el doble de entradas irregulares que España» y ha recordado que en 2023, cuando el Gobierno italiano fue «incapaz» de gestionar la llegada masiva de migrantes a la isla de Lampedusa, «no solamente nosotros ofrecimos nuestra solidaridad, sino que incluso acogimos migrantes irregulares trayéndolos a España».
El ministro ha insistido en que «Europa sin solidaridad no puede existir» y ha pedido tanto al PP —aliado de Forza Italia en el Parlamento Europeo— como a VOX —socio de Meloni en el grupo de los Conservadores y Reformistas— que trasladen a sus homólogos italianos que «esta medida es una vergüenza, es absurda y es ridícula». Fuentes diplomáticas españolas han señalado a este medio que la respuesta de España no es una represalia por voluntad propia, sino una «medida de reciprocidad obligada» ante la negativa de Roma a levantar unas restricciones que, subrayan, «no tienen justificación técnica alguna, porque Ceuta no forma parte del espacio Schengen».
180.000 viajeros controlados y 31 rechazos
Los datos hechos públicos por las autoridades italianas dibujan el alcance real de una medida que, en teoría, debía ser excepcional y temporal. Durante el primer mes de vigencia de los controles, entre el 1 y el 31 de agosto, Italia ha inspeccionado a más de 180.000 viajeros procedentes de España en sus puertos y aeropuertos. En ese mismo periodo, ha rechazado la entrada a 31 personas, entre ellas ocho ciudadanos marroquíes, y ha detenido a otras seis. Los controles, que se aplican de forma aleatoria a pasajeros de vuelos y ferris con origen en España, se mantendrán al menos hasta el próximo 8 de octubre, según ha comunicado el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, a la Comisión Europea y a los ministros del Interior del resto de Estados miembros.
La justificación oficial de Roma sigue siendo la misma que esgrimió el 1 de agosto: «elevados niveles de riesgo para la seguridad interna» y un «posible peligro relacionado con eventuales infiltraciones terroristas». Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior español consultadas por este medio califican estos argumentos de «coartada» y recuerdan que la gran mayoría de los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta a finales de julio «regresaron voluntariamente a Marruecos en los días siguientes», tal y como confirmó la propia agencia Associated Press. «Mantener controles fronterizos con España tres meses después, cuando la situación en Ceuta está prácticamente normalizada, responde exclusivamente a la necesidad de Meloni de exhibir firmeza ante su electorado», señalan las mismas fuentes.
Un pulso que Bruselas observa con inquietud
La Comisión Europea, que ha recibido la notificación formal de la prórroga italiana, sigue con «preocupación creciente» un conflicto que considera «un golpe al corazón del proyecto europeo». Fuentes comunitarias han confirmado a este medio que el Ejecutivo comunitario ha instado a ambas capitales a «encontrar una salida negociada cuanto antes», aunque reconoce que su margen de actuación es limitado: los controles en fronteras interiores están permitidos por el Código de Fronteras Schengen cuando concurren «amenazas graves para el orden público o la seguridad interior», y corresponde a cada Estado miembro evaluar si esas condiciones se cumplen.
El problema de fondo es que la crisis de Ceuta ha sido utilizada por varios gobiernos europeos, con Meloni y la primera ministra danesa Mette Frederiksen a la cabeza, para «cuestionar el modelo migratorio español» y reclamar un endurecimiento de las políticas de asilo en el conjunto de la UE. La propia Meloni ha llegado a calificar la situación en Ceuta de «invasión» y ha exigido a Bruselas «centros de repatriación» financiados con fondos comunitarios. España, por su parte, defiende que la respuesta a la presión migratoria debe ser «solidaria y coordinada», no basada en «suspensiones unilaterales de Schengen que solo generan desconfianza entre socios».
El PP se posiciona al lado de Roma y critica al Gobierno
La crisis también ha abierto una brecha en la política interior española. El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha criticado este lunes que el Gobierno de Sánchez se «envalentone» con Italia, pero no lo haga con Marruecos por la crisis en Ceuta. Desde el PP se sostiene que la respuesta española a Meloni es «un ejercicio de hipocresía» y que el Ejecutivo de coalición «no tiene autoridad moral para dar lecciones a nadie sobre gestión migratoria». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido más allá y ha calificado a Meloni de «líder valiente que protege las fronteras de Europa», en unas declaraciones que han sido interpretadas como un respaldo implícito a la medida italiana.
Por su parte, la presidenta de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Ejecutivo central «un mando único» para coordinar la respuesta en la ciudad autónoma y ha pedido la habilitación «con urgencia» de un Centro de Internamiento Temporal de Inmigrantes (CETI), una petición que el Gobierno central aún no ha atendido. La situación en Ceuta sigue siendo tensa: según las últimas estimaciones oficiales, entre 1.300 y 4.000 menores no acompañados permanecen en la ciudad a la espera de una solución, y el reparto entre las comunidades autónomas sigue bloqueado.
La pregunta que nadie responde
El pulso entre Roma y Madrid ha dejado una imagen de fractura en el seno de la Unión Europea y ha convertido la libre circulación —uno de los pilares del proyecto comunitario— en moneda de cambio de la política interna italiana. Mientras Meloni consolida su perfil de «halcón migratorio» ante un electorado que premia la firmeza en las encuestas, y Sánchez intenta defender la dignidad de España sin escalar un conflicto que no le beneficia, los viajeros entre ambos países siguen sometidos a controles aleatorios que, según los expertos, «tienen más de gesto político que de eficacia real». La pregunta que sobrevuela el conflicto es cuánto tiempo más podrá mantenerse una suspensión de Schengen que Bruselas considera «desproporcionada» sin que alguien, en Roma o en Madrid, decida dar el primer paso para desescalar.
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