El ascensor de Bustinduy que pagaron los vecinos: 40.000 euros de derramas y un escaparate político en Somotín 22

Una propietaria del edificio madrileño visitado por el ministro para promocionar su reforma de la dependencia desmonta la puesta en escena: las obras se financiaron con fondos europeos y ayudas del Ayuntamiento, no con dinero del Ministerio de Derechos Sociales. «Nosotras hemos pagado una barbaridad», denuncia

La puesta en escena tenía todos los ingredientes para funcionar. Un ministro que reclama el apoyo unánime del Congreso para la que define como «la mayor reforma social de la legislatura». Una vecina emocionada que asegura que el ascensor recién instalado le «ha cambiado la vida». Un inmueble rehabilitado que sirve como ejemplo tangible de las políticas de accesibilidad que el Gobierno quiere extender por ley. Y, de fondo, un mensaje implícito: he aquí lo que hace mi Ministerio. El problema, según una de las propietarias del edificio, es que ese mensaje no se corresponde con la realidad de las cuentas.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visitó el pasado viernes el número 22 de la calle Somotín, en el distrito madrileño de Hortaleza, para reclamar el respaldo parlamentario a la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia que se vota esta semana en el Congreso. Acompañado por Rosa, una residente del inmueble que lleva 26 años viviendo en el mismo bloque, el ministro recorrió las instalaciones y posó junto al nuevo ascensor, convertido en el símbolo visual de su mensaje político.

«Lo hemos pagado nosotros»

Una propietaria del edificio, que ha pedido mantener su identidad en el anonimato, ha desmentido la asociación implícita entre la visita y la financiación de las obras. Según su testimonio, consultado expresamente con el presidente de la comunidad, el Ministerio de Derechos Sociales no aportó un solo euro a la instalación del ascensor. Las ayudas que hicieron posible la rehabilitación procedieron de los fondos europeos Next Generation y del Ayuntamiento de Madrid, a través del Plan Rehabilita. El resto —y no fue poco— lo pagaron los propios vecinos a través de derramas.

La cifra que maneja esta propietaria es contundente: alrededor de 40.000 euros por vivienda desembolsados para sufragar el conjunto de una rehabilitación profunda que incluyó, además del ascensor, la mejora de la eficiencia energética y otros elementos comunes del edificio. «Nosotras hemos pagado una barbaridad», resume.

El matiz técnico es relevante. Bustinduy no afirmó en ningún momento que su Ministerio hubiera financiado la obra. Tampoco se atribuyó expresamente el mérito de su construcción. Pero tampoco aclaró, durante el acto, que su departamento no había participado en la financiación. La elección del escenario —un edificio cuya accesibilidad había mejorado gracias a fondos ajenos a su Ministerio— permitía asociar visualmente la mejora real con el mensaje político que el ministro pretendía trasladar sobre la actuación de su departamento.

Una reforma con 6.200 millones y un fondo estatal de accesibilidad

El contexto legislativo que Bustinduy defiende con esta puesta en escena es ambicioso. La reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, que se vota el miércoles en el Congreso tras su paso por el Senado, incluye una inversión anunciada de más de 6.200 millones de euros y contempla la creación de un fondo estatal de accesibilidad. Uno de sus cambios más destacados es la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que obligará a las comunidades de vecinos a solicitar las ayudas públicas correspondientes para acometer obras de accesibilidad, como la instalación de rampas o ascensores.

Es precisamente esa conexión entre la reforma legal y la realidad de los edificios lo que Bustinduy quería escenificar en Somotín 22. La paradoja es que el ejemplo elegido para ilustrar la necesidad de un fondo estatal de accesibilidad se financió, en la práctica, con el esfuerzo económico directo de los vecinos y con ayudas municipales y europeas, no con el instrumento que el ministro pretende crear.

El Plan Rehabilita y el papel del Ayuntamiento

Las ayudas que sí llegaron al edificio proceden de dos fuentes verificables. Por un lado, el Plan Rehabilita del Ayuntamiento de Madrid, un programa dotado con 318 millones de euros acumulados que ha permitido instalar casi 1.500 ascensores en la ciudad y retirar amianto en más de 6.200 viviendas. Las subvenciones de este plan cubren hasta el 60% del coste de las actuaciones de accesibilidad, con importes que oscilan entre los 6.000 y los 12.500 euros por vivienda según el tipo de inmueble.

Por otro lado, los fondos Next Generation de la Unión Europea, canalizados a través de programas nacionales y autonómicos, que permiten cubrir entre el 60% y el 80% del coste de la instalación de ascensores. La combinación de ambas vías no cubre, sin embargo, el coste total de una rehabilitación profunda, y ahí es donde entran las derramas vecinales.

La pregunta que queda sin respuesta oficial es por qué el Ministerio de Bustinduy eligió un edificio en el que no había intervenido para promocionar precisamente las políticas de accesibilidad de su departamento. Fuentes cercanas al Ministerio no han aclarado si la elección del inmueble se debió a una recomendación del Ayuntamiento, a la disponibilidad de un caso práctico con una vecina dispuesta a participar en el acto o a la simple proximidad geográfica. Lo que sí es verificable es que el escenario no se correspondía con el mensaje implícito de la visita: el Ministerio no pagó el ascensor que el ministro utilizó como símbolo de su gestión.

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