La Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Infancia acuerdan por decreto que los fiscales actúen contra las comunidades que rechacen acoger a los menores, mientras Marruecos exige su retorno y el Gobierno de Ceuta bloquea la salida de las niñas más vulnerables
La crisis de los menores no acompañados en Ceuta ha dejado de ser un problema humanitario para convertirse en un pulso jurídico y político de primer orden. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sellaron este viernes un acuerdo que marca un antes y un después: el Gobierno habilita 500 plazas en la Península para trasladar a los menores, y la Fiscalía tiene ya instrucciones firmes para actuar contra las comunidades autónomas que se nieguen a acogerlos.
El dato que ha desencadenado la urgencia es demoledor: desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, la Fiscalía ha abierto más de 30 procedimientos por agresiones sexuales a mujeres migrantes en Ceuta. En el 40% de esos casos, las víctimas han sido menores no acompañadas. La cifra ha escalado desde las 23 agresiones contabilizadas a principios de septiembre hasta las más de 30 registradas este viernes en apenas diez días. Las niñas, ha reconocido la propia Fiscalía, se encuentran en una situación de «especial vulnerabilidad» que exige una respuesta inmediata.
La letra pequeña del decreto: fiscales contra autonomías
El instrumento que hace operativo el acuerdo es un decreto dictado por Peramato el pasado 7 de agosto, cuyas líneas maestras se han perfilado definitivamente en la reunión de este viernes. El texto establece que, en el momento en que el fiscal de una comunidad autónoma receptora tenga conocimiento de un traslado procedente de Ceuta —declarada zona de «contingencia migratoria extraordinaria»—, deberá requerir «con carácter urgente» a la entidad pública competente para que designe el recurso más idóneo para acoger a los menores.
Si la comunidad rechaza o dilata la recepción, el decreto activa un mecanismo de intervención: el fiscal del territorio de origen informará al fiscal de destino y remitirá la resolución de traslado junto con las alegaciones de la administración autonómica. Será entonces el fiscal delegado de menores del territorio de destino quien requerirá a la entidad pública para que cumpla, bajo control y supervisión de la Sección de Menores.
El decreto no menciona explícitamente a ninguna comunidad, pero su contexto es inequívoco: varias autonomías gobernadas por el PP y Vox —Aragón, Castilla y León y Extremadura— han expresado su rechazo frontal a acoger a los menores, y la propia Conferencia Sectorial de Infancia del pasado agosto evidenció la fractura, con 25 millones de euros aprobados para Ceuta y la ausencia de tres comunidades en la votación.
Vivas, el eslabón que bloquea la salida
El cuello de botella no está solo en las comunidades reticentes. El presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, ha sido señalado por fuentes conocedoras del proceso como el principal obstáculo para el traslado de los menores. Según ha podido saber ElPlural.com, cuando la fiscal general y la fiscal de Sala de Menores viajaron a Ceuta el pasado 27 de agosto para proponer soluciones, Vivas no solo «torpedeó» el traslado de los 800 menores que ya estaban en la ciudad antes de la crisis, sino que planteó como única salida la reforma de la Ley de Extranjería para devolverlos a Marruecos, una vía que la propia Fiscalía le advirtió que era ilegal y que tardaría meses en tramitarse.
Ahora, el Gobierno de Ceuta mantiene bloqueado el traslado de las 500 niñas más vulnerables. La ministra Rego ha insistido en que «solo falta la firma» de Ceuta para iniciar los trámites, y ha articulado tres vías operativas para materializar la salida: acuerdos bilaterales entre comunidades, acogida por familias colaboradoras y reagrupación familiar —esta última, condicionada a entornos seguros y obstaculizada por la falta de respuesta de Rabat a 600 expedientes de verificación.
Marruecos exige el retorno y acusa a España de retener a los menores
El pulso con Marruecos añade una capa de complejidad al conflicto. El Ministerio de Exteriores marroquí publicó este jueves un comunicado en el que cuestiona abiertamente que se siga señalando a Rabat por la crisis migratoria «cuando ningún dato, ningún hecho ni ningún informe establece alguna implicación de las autoridades marroquíes». Marruecos exige la devolución de los migrantes irregulares y denuncia que los menores no acompañados se mantienen «lejos de sus familias cuando Marruecos ha pedido repetidamente su retorno».
La ministra Rego ha respondido con dureza, reprochando a Marruecos su «falta de acción y respuesta» para favorecer el regreso de los menores. Rego ha revelado que Rabat no facilita la reagrupación ni siquiera cuando el niño y la familia quieren el retorno, y ha puesto un ejemplo concreto: «Tengo la anécdota de un niño que quería volver con su familia, la familia quería acoger a su niño, y no fue posible por la falta de respuesta y falta de acción de Marruecos». La ministra ha recordado que la Fiscalía tiene abiertos 600 expedientes de procesos anteriores a la entrada masiva a los que Rabat «no da respuesta».
Los números de la crisis
El Ministerio de Política Territorial ha cifrado en 1.612 los menores migrantes no acompañados ya filiados en Ceuta, de los cuales 1.129 fueron tramitados después del 30 y 31 de julio y otros 500 antes de la entrada masiva. El propio ministro Ángel Víctor Torres ha admitido que el dato exacto de cuántos quedan sin filiar «es imposible darlo, ni el Gobierno de España ni tampoco la autoridad local».
La financiación para hacer frente a la emergencia se ha articulado en dos tramos: un crédito extraordinario de 25 millones de euros aprobado en la Conferencia Sectorial de Infancia del 25 de agosto, y un segundo crédito de 63 millones aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de septiembre, que se destinará a acogida, asistencia letrada, atención psicosocial, educativa y sanitaria. El Ministerio de Infancia ha detallado que este crédito permitirá financiar convenios con entidades y otras comunidades autónomas para la atención de los menores en otros puntos del Estado, a pesar de que Sánchez había indicado que la intención era tramitar los expedientes en la ciudad autónoma.
Los primeros traslados: Navarra, la avanzadilla
El primer traslado efectivo se produjo este jueves. Dos niñas de origen marroquí llegaron a Navarra, convirtiéndose en las primeras menores reubicadas fuera de Ceuta. La presidenta foral, María Chivite, ha confirmado que su comunidad asumirá la acogida de un total de cinco menores dentro de su sistema de asistencia pública, y ha defendido la disposición de su Ejecutivo para «hacer todo lo necesario dentro de nuestras posibilidades, responsabilidades y competencias».
Cataluña, Euskadi y Asturias también se han mostrado dispuestas, con matices, a participar en el reparto de los más de 2.000 menores que permanecen en Ceuta. Pero el grueso de las comunidades del PP sigue sin dar el paso, y el Gobierno confía en que el decreto de la Fiscalía —y la amenaza de intervención judicial— funcione como palanca para desbloquear la situación.
ACNUR avala el traslado, pero pone condiciones
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha respaldado el traslado de las menores a la Península, pero ha introducido matices que limitan el margen de maniobra del Gobierno. Su portavoz, Paula Barrachina, ha valorado positivamente la medida porque permitirá «mejorar las condiciones» de las niñas y facilitar «la evaluación individualizada de sus respectivos casos». Pero ha advertido de que cualquier decisión debe basarse en «una evaluación individual de las circunstancias y no únicamente de la nacionalidad o la forma en la que llegaron a Ceuta», y ha recordado que entre estas niñas «puede existir necesidades de protección internacional».
ACNUR ha insistido además en la necesidad de establecer un sistema de triaje que permita identificar a los migrantes que pueden acogerse al procedimiento de asilo, especialmente a los menores procedentes de países en conflicto como Sudán, Yemen o Malí. «Hay que garantizar el asilo, pero es importante diferenciarlo de lo que es la gestión ordinaria de la migración», ha subrayado Barrachina.
El calendario que aprieta
El Gobierno se ha marcado un plazo ambicioso: según la ministra Rego, la reubicación de los menores a través de las 500 plazas habilitadas en la Península podría completarse en «un plazo inferior a un mes» una vez concluida la filiación de los jóvenes. Para agilizar los trámites, el Ministerio de Política Territorial ha anunciado que se pasará de 3 a 18 abogados de oficio y se reforzará con 50 agentes de Policía la Oficina de Asilo.
Pero el calendario real lo marcan otras variables: la firma de Vivas para autorizar la salida de las niñas, la respuesta de las comunidades del PP a los requerimientos de los fiscales, la colaboración de Marruecos en los procesos de reagrupación y la capacidad de absorción de un sistema de acogida que ya opera al límite. La combinación de 30 agresiones sexuales documentadas, un decreto fiscal sin precedentes y un pulso diplomático con Rabat dibuja un escenario en el que cada día que pasa sin traslados efectivos es un día en el que las niñas más vulnerables de Ceuta siguen expuestas a un riesgo que ya no admite más dilaciones.
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