La esposa del presidente del Gobierno solicita su «libre absolución» y reclama que la acusación popular de Hazte Oír asuma las costas procesales por su «temeraria actuación».
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este viernes ante el juez instructor Juan Carlos Peinado el escrito de conclusiones provisionales en el que solicita su «libre absolución» de cara al juicio con jurado popular al que se enfrentará por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. En un documento al que han tenido acceso diversos medios, su abogado, Jaime Campaner, niega de forma tajante que los hechos investigados sean constitutivos de «delito alguno».
El escrito, presentado por la procuradora Felisa González Ruiz al amparo del artículo 29.2 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, da respuesta a la providencia de 28 de julio en la causa 1146/2024. En él, la defensa articula un triple frente de negación: rechaza cualquier aprovechamiento del vínculo matrimonial con el jefe del Ejecutivo, descarta cualquier ánimo de lucro o enriquecimiento, y niega la apropiación del software desarrollado en el marco de la cátedra.
«No ejerció presión aprovechándose de su matrimonio»
Uno de los ejes centrales de la defensa es la negación rotunda de que Begoña Gómez utilizara su posición como esposa del presidente para obtener la cátedra. El escrito sostiene que Gómez «no influyó ni ejerció presión moral» en el rector Joaquín Goyache ni en el vicerrector Juan Carlos Doadrio «ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial». La defensa subraya además que la relación de Gómez con la Universidad Complutense era anterior a la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y que la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) siguió «los cauces habituales» de la universidad.
Dirección gratuita y sin beneficio económico
Otro pilar de la estrategia defensiva es la insistencia en la gratuidad del cargo. El escrito afirma que Gómez «no ha sido remunerada por la dirección de la Cátedra extraordinaria» y que «ha desempeñado sus funciones de forma gratuita durante cuatro años». «La Cátedra extraordinaria no ha supuesto a Begoña beneficio económico alguno», reitera la defensa. Una cuestión distinta, señala el documento, es su retribución como docente y codirectora de los másteres propios de la UCM integrados en la cátedra, un ingreso que —en su condición de colaboradora externa— tenía un tope de 15.000 euros brutos anuales.
Negación de la apropiación del software
La defensa también rechaza las acusaciones relacionadas con la plataforma tecnológica desarrollada en el seno de la cátedra. Según el escrito, Gómez «no se apropió de la plataforma tecnológica» ni «la destinó a usos privados». La plataforma, argumenta, «siempre se ha concebido como propiedad de la UCM». El dominio de la cátedra, «sufragado con fondos personales», fue «un mero instrumento técnico de acceso web, creado en el contexto de las indicaciones» de la Universidad. La defensa sostiene que la UCM «no ofrecía un cauce operativo para registrar el dominio y la plataforma tecnológica no estaba finalizada», por lo que la actuación de Gómez como codirectora «fue funcional y provisional, con ánimo de impedir que terceras personas pudieran hacerse con el dominio».
La asesora de Moncloa, también en el banquillo
Junto a Begoña Gómez se sentará en el banquillo su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, también acusada en el procedimiento. Álvarez ha presentado igualmente su escrito de defensa, en el que solicita su absolución al argumentar que no participó en el registro del software de la UCM.
La Audiencia Provincial ratificó el juicio por jurado en julio
El procedimiento llega a esta fase después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara en julio de 2026 la apertura de juicio oral con jurado popular. El tribunal provincial apreció entonces que existen indicios de «su participación en unos presuntos delitos de tráfico de influencias cometidos por particular tanto en relación con la creación de la cátedra como en la intermediación en favor de Juan Carlos Barrabés», así como de «malversación de patrimonio público» en relación con el destino del software. No obstante, la Audiencia descartó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que inicialmente había señalado el juez Peinado.
Fiscalía pide la absolución; Hazte Oír, 13 años de prisión
El escenario judicial presenta un contraste notable entre las partes. La Fiscalía ya adelantó en julio que pedirá la absolución de Gómez al no apreciar la comisión de ninguna infracción penal. En el extremo opuesto, la acusación popular ejercida por la asociación Hazte Oír solicita una pena de 13 años de prisión para la esposa del presidente. La UCM, personada como actora civil, reclama una indemnización de 113.509,32 euros por el coste de desarrollo del software, además de la restitución de su titularidad.
Costas para la acusación popular
La defensa de Gómez no se limita a pedir la absolución. El escrito reclama además que se condene en costas procesales a la acusación popular liderada por Hazte Oír y a la Universidad Complutense, personada como actora civil, por su «temeraria actuación procesal». La petición de costas es una estrategia habitual en los escritos de conclusiones cuando la defensa confía en una sentencia absolutoria y busca disuadir futuras acusaciones populares sin fundamento.
Un juicio que marcará el debate político
El caso, que ha generado una intensa cobertura mediática desde que se conocieron los primeros indicios de la investigación, se enmarca en un contexto de creciente escrutinio judicial sobre el entorno del presidente del Gobierno. La celebración del juicio con jurado popular —cuyas fechas aún no han sido fijadas— marcará una nueva fase en un proceso que se ha prolongado durante meses y que continúa generando un intenso debate político, con el Gobierno manteniendo que se trata de una causa sin fundamento y la oposición reclamando explicaciones adicionales.
Fuentes consultadas: El Mundo, Onda Cero, RTVE, Confilegal, ABC, Público, Europa Press, EFE.
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