La formación de Abascal reclama una «desregulación profunda» para acabar con un «Estado depredador», mientras las asociaciones de trabajadores por cuenta propia cifran en 226 horas y casi 3.400 euros anuales el coste de la maraña administrativa; el debate sobre la simplificación llega a las instituciones europeas
La burocracia y la presión fiscal se han convertido en el principal campo de batalla política para el colectivo de los autónomos. Vox ha reivindicado este domingo, desde Salamanca, un «proceso de desregulación profundo» para acabar con «las trabas administrativas, la burocracia excesiva y la asfixia económica» a las que, según su diagnóstico, el «Estado depredador» somete a los trabajadores por cuenta propia. La portavoz nacional de Familia de la formación, Ainhoa García Flórez, fue la encargada de trasladar un mensaje que sitúa al Boletín Oficial del Estado (BOE) como un obstáculo más para la actividad económica: «Un español honrado cada vez paga más impuestos. Paga por comprarse una casa, por vender esa casa, por donar, por circular y hasta por morirse», censuró.
La intervención de García Flórez puso el foco en una realidad que las organizaciones representativas del colectivo llevan meses denunciando. Según los cálculos difundidos por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), un trabajador por cuenta propia dedica de media 226 horas al año a trámites y obligaciones con las administraciones, lo que equivale a más de cuatro horas semanales que restan de su actividad productiva o de su descanso. La propia organización cuantifica el impacto económico de esta carga: aplicando un valor estimado de 15 euros por hora, el coste asciende a 3.390 euros anuales por autónomo, lo que, extrapolado al conjunto del colectivo, supera los 11.000 millones de euros al año.
La «motosierra» normativa y el laberinto del BOE
El malestar no es nuevo, pero la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre ha intensificado el discurso político. Vox ha apelado en varias ocasiones a la «motosierra» contra lo que considera una «selva burocrática». En el Parlamento andaluz, su diputado Antonio Sevilla exigió «cortar con motosierra» las más de 17.000 normas vigentes en la comunidad, una reclamación que se sustentaba en los datos de ATA para Andalucía: 226 horas anuales por autónomo que, multiplicadas por el censo regional, arrojan más de 2.000 millones de euros en pérdidas por el tiempo empleado en gestiones.
La formación ha trasladado este discurso a su programa electoral. Entre sus propuestas figuran la implantación de una «cuota cero real» —sin adelantos—, la eliminación de trabas mediante una licencia única automática, ayudas para cubrir el 100% de la cuota en caso de baja médica y la armonización normativa para evitar que España funcione como «17 países distintos». En el plano estatal, Vox también ha defendido que la Administración pague sus facturas a los autónomos en un plazo máximo de 15 días y ha presentado casi una veintena de enmiendas orientadas a recortar trámites y lograr una mayor simplificación administrativa.
Un malestar transversal que llega a Bruselas
Más allá del ruido político, la queja del colectivo tiene un recorrido institucional. ATA ha llevado el problema ante las instituciones europeas, denunciando que España es el único país que no exime del IVA a los autónomos con facturación inferior a 85.000 euros, una ventaja fiscal que, según la organización, debería estar operativa desde enero. A ello se suman nuevas obligaciones como el sistema Veri*Factu —cuya entrada en vigor se ha retrasado hasta 2027— y el registro horario, que han incrementado la carga administrativa en los últimos meses.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha sido especialmente crítico con el balance de la legislatura. En la entrega de los Premios Autónomo del Año, celebrada en octubre, Amor calificó el periodo como «nefasto» y subrayó una paradoja que, a su juicio, resume la situación: «¿Hay más autónomos? Sí, pero más pobres». Según los datos que maneja la organización, el 63% del colectivo declara rendimientos netos por debajo del salario mínimo, mientras las cotizaciones han subido un 36% acumulado entre 2018 y 2025. «Los autónomos ya no deducen los gastos porque estamos en el ojo del que te pueda revisar», lamentó Amor, en referencia a un clima de inseguridad jurídica tributaria que, según su testimonio, disuade a los profesionales de ejercer sus derechos fiscales.
El trasfondo de una reforma pendiente
El debate sobre la simplificación administrativa y la fiscalidad de los autónomos no es nuevo, pero ha adquirido una dimensión central en el discurso político. Mientras Vox insiste en que «lo innecesario se elimina y lo necesario se simplifica» y reclama una «desregulación integral», las asociaciones del sector constatan que la carga administrativa ha ido en aumento y que las medidas aprobadas hasta ahora —como los decretos de simplificación autonómicos— no han logrado compensar el impacto de las nuevas exigencias normativas.
La cifra de 226 horas anuales dedicadas a la burocracia, según los cálculos de ATA, se ha incrementado respecto a las 200 horas que la propia organización estimaba a finales de 2025, lo que evidencia que la tendencia, lejos de revertirse, se agrava. Con un censo que ronda los 3,47 millones de autónomos, el coste agregado de la maraña administrativa —más de 11.700 millones de euros anuales— se ha convertido en un argumento recurrente para exigir una reforma profunda que, por ahora, sigue sin concretarse en medidas de calado.
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