19 de noviembre de 2026

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Las advertencias internas sobre el voto exterior que Correos recibió antes de las elecciones de 2023 vuelven a poner el foco en sus controles

Dos informes técnicos elaborados en 2022 habrían alertado de deficiencias en el transporte, la identificación y el seguimiento de la documentación electoral enviada a los españoles residentes fuera de España. Las medidas propuestas pretendían reforzar la trazabilidad de millones de envíos, pero su aplicación posterior sigue planteando interrogantes.**

La seguridad del voto de los españoles residentes en el extranjero vuelve a situarse en el centro del debate sobre el funcionamiento de los procesos electorales. La publicación de información relativa a dos informes técnicos elaborados por trabajadores de Correos en 2022 ha reabierto las dudas sobre si la empresa pública disponía de los mecanismos necesarios para garantizar un seguimiento adecuado de la documentación electoral que se distribuye fuera de nuestras fronteras.

Según la información publicada por La Bandera el 19 de noviembre de 2026, los documentos, fechados en julio y octubre de 2022, recogían diferentes deficiencias operativas y planteaban soluciones para mejorar el transporte internacional, la identificación de los sobres y el control de las entregas.

La cuestión adquiere especial relevancia por el cambio legislativo aprobado aquel mismo año. La eliminación del denominado voto rogado supuso que los ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) dejaran de tener que solicitar previamente la documentación electoral para poder participar en las elecciones generales, autonómicas y europeas.

Este cambio, diseñado para facilitar el ejercicio de un derecho fundamental, también incrementó las exigencias logísticas de la Administración y de Correos. El volumen de documentación que debía gestionarse era considerablemente mayor y requería una coordinación eficaz entre las instituciones españolas y los operadores postales de numerosos países.

Un incremento de los envíos que exigía reforzar los controles

La reforma electoral quedó recogida en la Ley Orgánica 12/2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de octubre de aquel año. Su finalidad era corregir los problemas que había generado el sistema anterior, especialmente los retrasos en la recepción de las papeletas y las dificultades para cumplir los plazos establecidos.

El propio preámbulo de la norma reconocía que, durante las elecciones generales celebradas entre 2011 y 2019, menos del 10 % de los electores CERA habían llegado a solicitar la documentación electoral en varias de las convocatorias.

La legislación también reconocía que los problemas del servicio postal internacional habían contribuido a dificultar la participación de estos ciudadanos.

Con el nuevo procedimiento, la documentación comenzó a enviarse de oficio a los inscritos en el censo. Según las cifras recogidas en la información publicada sobre los informes internos, el censo CERA alcanzó aproximadamente los 2,26 millones de electores en las elecciones generales de julio de 2023.

Ante semejante volumen de operaciones, los técnicos de Correos habrían considerado necesario introducir mejoras que permitieran conocer con mayor precisión dónde se encontraba cada envío y qué incidencias podían producirse durante su recorrido.

La trazabilidad de los sobres, uno de los principales puntos de preocupación

Uno de los aspectos que destacan de los documentos es la necesidad de identificar individualmente cada envío electoral.

Según las recomendaciones atribuidas a los técnicos, el sistema utilizado presentaba limitaciones para realizar un seguimiento completo de determinados sobres una vez que abandonaban España y pasaban a depender de los servicios postales de otros países.

La propuesta consistía en establecer un sistema de identificación internacional homogéneo, acompañado de etiquetas normalizadas y procedimientos que facilitaran el registro de cada envío.

No se trataba simplemente de una mejora administrativa. La posibilidad de conocer el recorrido de la documentación resulta especialmente importante cuando existen plazos electorales que no pueden ampliarse libremente y cuando un retraso postal puede impedir que un ciudadano llegue a votar.

Los informes también habrían planteado incorporar sistemas de intercambio electrónico de información entre los operadores postales. Entre las herramientas mencionadas figuran los protocolos ITMATT y EMSVT3, que permitirían transmitir anticipadamente datos sobre los envíos y facilitar su procesamiento en las redes internacionales.

De acuerdo con la información difundida, estas soluciones pretendían reducir las intervenciones manuales, mejorar la clasificación y disponer de información más completa sobre el estado de los sobres.

El transporte internacional y las dificultades de determinados países

Otro de los problemas señalados estaría relacionado con el servicio postal empleado para distribuir la documentación electoral.

Los técnicos habrían advertido de que la modalidad de carta certificada internacional utilizada hasta entonces no garantizaba las mismas posibilidades de seguimiento y tratamiento prioritario en todos los países de destino.

Como alternativa, propusieron estudiar la utilización del servicio EMS, una modalidad internacional de transporte urgente.

También se habría recomendado recurrir a operadores privados especializados en aquellos territorios donde las redes postales presentaban mayores dificultades.

Entre los países señalados en el informe de julio de 2022 figuraban Argentina, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

Según los datos reproducidos por La Bandera a partir de dichos documentos, estos ocho países concentraban 949.336 electores españoles residentes en el extranjero.

La propuesta contemplaba estudiar acuerdos con empresas como DHL, UPS o FedEx para mejorar la distribución en las zonas con mayores problemas de funcionamiento postal.

Conviene precisar que estas recomendaciones respondían a un diagnóstico técnico sobre las dificultades logísticas y no constituyen, por sí mismas, una prueba de que se produjeran manipulaciones o irregularidades en los votos emitidos desde esos territorios.

También se propuso un sistema de supervisión en tiempo real

Los trabajadores habrían planteado desarrollar una herramienta informática específica para supervisar las operaciones electorales.

El objetivo era disponer de un cuadro de mando que permitiera consultar el estado de las expediciones, los despachos internacionales y los envíos individuales.

Con un sistema de estas características, la dirección de Correos podría detectar posibles retrasos o incidencias durante el transporte y adoptar medidas antes de que los problemas afectasen a los plazos de recepción.

La automatización de la clasificación también aparecía entre las actuaciones propuestas. Los documentos mencionaban herramientas internas de la compañía, como MINERVA y las estaciones de generación de agregados, para agilizar el tratamiento de los envíos y reducir la dependencia de procesos manuales.

Según las estimaciones técnicas recogidas en la información publicada, la reorganización de determinadas operaciones podría reducir aproximadamente a la mitad los tiempos y recursos necesarios en algunas fases del proceso.

La pregunta que surge ahora es hasta qué punto estas recomendaciones fueron estudiadas, cuáles llegaron a ponerse en marcha y qué mejoras se incorporaron realmente al procedimiento electoral.

La Junta Electoral Central ya había advertido de problemas en el voto exterior

Las preocupaciones sobre el funcionamiento del voto CERA no son nuevas ni se limitan a los documentos internos de Correos.

La propia Junta Electoral Central elaboró un informe sobre la regulación del voto de los españoles residentes en el extranjero en el que identificaba dificultades relacionadas con los retrasos postales, los plazos disponibles y las limitaciones de las oficinas consulares.

Posteriormente, tras la reforma de 2022, la Junta aprobó la Instrucción 1/2023, publicada en el BOE el 4 de abril de ese año, para concretar las garantías del nuevo procedimiento.

Entre otras cuestiones, la instrucción estableció las condiciones de identificación de los electores, la custodia de los sobres y el precintado de las urnas consulares. También contempló la asignación de números correlativos y fechas de recepción a los votos enviados por correo a las oficinas consulares.

La normativa, por tanto, demuestra que las autoridades electorales consideraban necesario establecer controles específicos para proteger la integridad del procedimiento y garantizar que los votos pudieran ser contabilizados correctamente.

Además, durante las elecciones generales del 23 de julio de 2023, la Junta Electoral Central tuvo que pronunciarse sobre un error detectado en el envío de determinados juegos de papeletas a algunos consulados. En su acuerdo del 20 de julio de 2023, la institución señaló que el problema había sido detectado y que las papeletas afectadas habían sido sustituidas, sin que constara que hubiera perjudicado a ningún votante.

Este episodio no demuestra que existiera una irregularidad generalizada, pero evidencia la importancia de disponer de mecanismos de detección y corrección de incidencias durante un proceso electoral.

Las explicaciones pendientes sobre las medidas de 2022

El aspecto que merece una mayor aclaración es el destino de las recomendaciones formuladas por los trabajadores de Correos.

Según las fuentes internas citadas en la información publicada, las medidas propuestas en los dos informes no se habrían implantado de manera conjunta. Sin embargo, esta afirmación necesita una comprobación documental adicional que permita conocer qué actuaciones fueron aprobadas, cuáles se descartaron y cuáles pudieron incorporarse posteriormente de forma parcial.

No sería correcto concluir, únicamente a partir de la existencia de deficiencias técnicas o de recomendaciones no ejecutadas, que los resultados electorales se vieron alterados o que se produjo una manipulación de los sufragios.

Tampoco debe confundirse una posible falta de trazabilidad logística con una vulneración acreditada del secreto, la libertad o la integridad del voto.

Lo que sí resulta razonable exigir es transparencia sobre los procedimientos empleados por una empresa pública cuando tiene encomendada una función tan sensible para el funcionamiento democrático.

En este contexto, sería conveniente que Correos aclarase si recibió formalmente los informes de julio y octubre de 2022, qué departamentos los analizaron, qué decisiones se adoptaron y qué sistemas de seguimiento se utilizaron durante las elecciones de 2023.

También sería relevante conocer si la Junta Electoral Central y el Ministerio del Interior recibieron información sobre las deficiencias advertidas y si se realizaron auditorías posteriores para comprobar la eficacia de las medidas implantadas.

El derecho al voto de los españoles que viven fuera del país no puede depender exclusivamente de que una carta llegue a tiempo. Necesita un sistema de transporte fiable, mecanismos de seguimiento verificables y controles suficientes durante todas las fases del procedimiento.

La eliminación del voto rogado pretendía facilitar la participación de millones de ciudadanos. Garantizar que esa reforma funcione correctamente exige que las instituciones puedan demostrar, con datos y documentación, que cada etapa del proceso está debidamente supervisada.

Porque, en materia electoral, no basta con que la Administración asegure que el sistema funciona: también debe poder explicar cómo lo controla y acreditar que las garantías previstas se cumplen.

Fuentes consultadas para la elaboración y contraste
He utilizado información de distintos medios y documentación institucional. Es importante distinguir qué datos proceden de documentos oficiales y cuáles han sido publicados por medios de comunicación a partir de documentación interna.

  • La Bandera: información original sobre los dos informes internos de Correos, sus recomendaciones y las medidas que supuestamente quedaron sin aplicar.
  • THE OBJECTIVE: informaciones relacionadas con las advertencias internas sobre el voto CERA y los controles de trazabilidad durante las elecciones de 2023.
  • Boletín Oficial del Estado: Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre, que eliminó el voto rogado y modificó el procedimiento electoral de los residentes en el extranjero.
    BOE
  • Junta Electoral Central: Instrucción 1/2023, que establece las garantías de identificación, custodia, recepción y depósito de los votos CERA.
    BOE
  • Junta Electoral Central: informe institucional sobre los problemas históricos del voto de los españoles residentes en el extranjero.
    Junta Electoral Central
  • Junta Electoral Central: acuerdo de 20 de julio de 2023 sobre el error detectado en el envío de determinadas papeletas a consulados.
    Junta Electoral Central

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