La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado un «descuadre contable» al cruzar la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas con la información financiera que obra en poder del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de la pieza secreta que investiga la presunta financiación irregular del PSOE. Según las fuentes de la investigación citadas por ABC, El Mundo, El País y Confilegal, el hallazgo ha motivado que los agentes se personaran en la sede del órgano fiscalizador, en la calle Padre Damián de Madrid, para reclamar nueva documentación que permita aclarar el origen de las discrepancias.
Es fundamental precisar que la existencia de un descuadre contable no acredita por sí misma la comisión de un delito de financiación ilegal. Se trata de una discrepancia documental detectada en el curso de una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, y cuyo objetivo es precisamente determinar a qué responden esas diferencias y si alguna de las operaciones examinadas pudiera tener relevancia penal. Ninguna de las personas o entidades mencionadas ha sido imputada formalmente como consecuencia directa de este hallazgo, y la investigación continúa abierta.
El origen del hallazgo: un ‘pendrive’ entregado en septiembre
El punto de partida de esta diligencia se remonta a mediados de septiembre de 2026, cuando el Tribunal de Cuentas, a requerimiento del juez Moreno, entregó en un sobre lacrado un dispositivo de almacenamiento con la documentación relativa a las donaciones recibidas por el PSOE entre 2017 y 2024. Ese material fue aportado por el departamento de fiscalización de partidos políticos del órgano supervisor, y se entregó bajo la condición de secreto por tratarse de una pieza separada cuya instrucción aún no se ha levantado.
Según las fuentes consultadas por ABC, el análisis de ese ‘pendrive’ ha permitido aflorar la existencia de lo que esas mismas fuentes describen como «dos contabilidades distintas»: por un lado, la que se recoge en los informes de fiscalización realizados por el organismo que preside Enriqueta Chicano; por otro, la información sobre las cuentas de la organización que ya obra en la causa declarada secreta. Esa segunda información, según las mismas fuentes, no se correspondería con lo declarado y presentado por el partido socialista al Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional.
El nuevo requerimiento de la UCO, ordenado por el juez Moreno y practicado en presencia de una letrada de la Administración de Justicia, no se limitó a las donaciones. Los agentes solicitaron cualquier documento de trabajo, auditoría y presentación de cuentas anuales de los organismos vinculados a la formación que hayan servido de base para la realización de los informes anuales de fiscalización y que no hayan sido entregados todavía al juzgado. El objetivo declarado es «dar respuesta a las irregularidades detectadas» y completar la información que los investigadores consideran incompleta.
La hipótesis del «pitufeo» y el foco en las donaciones
La investigación que dirige el juez Moreno no es nueva. Se abrió en diciembre de 2025 como una pieza separada del denominado ‘caso Koldo’, a raíz de las pesquisas que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente realizó sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García. Durante aquella instrucción surgieron dudas sobre determinadas liquidaciones de gastos del partido y sobre los mecanismos utilizados para reembolsar en efectivo cantidades adelantadas por cargos y trabajadores de la formación.
La sospecha judicial, según recoge El País, era que Ábalos y Koldo pudieron aprovechar las deficiencias de control del sistema de reintegros para introducir dinero de procedencia presuntamente ilícita en el circuito de pagos de la organización. Puente trasladó esas cuestiones a la Audiencia Nacional, y Moreno abrió una pieza específica en la que reclamó al PSOE la documentación correspondiente a los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024. El partido entregó en diciembre de 2025 un dispositivo con la relación de los pagos y sus justificantes, que incluían reintegros de gastos anticipados por dirigentes, empleados, afiliados, simpatizantes y voluntarios.
Una de las hipótesis que se examinan es la posible utilización de pequeñas donaciones fragmentadas —una práctica conocida como «pitufeo»— para introducir fondos de procedencia irregular en la contabilidad del partido. Según recogió El Mundo en septiembre, el juez que investiga la financiación del PSOE ya había pedido a Ferraz y al Tribunal de Cuentas todas las donaciones de la ‘era Sánchez’, y la Audiencia Nacional investiga el ‘pitufeo’ en la cuenta de donaciones como presunta vía de financiación ilegal. Otra de las líneas de indagación, según Demócrata, examina si determinadas aportaciones pudieron servir para encubrir pagos vinculados a adjudicaciones de obras públicas.
La actuación del Tribunal de Cuentas y las diferencias con la UCO
La relación entre el Tribunal de Cuentas y la UCO en el marco de esta investigación ha estado marcada por la distancia institucional. En octubre de 2025, la presidenta del órgano fiscalizador, Enriqueta Chicano, compareció en la Comisión de Investigación del Senado y subrayó que las funciones de su institución no son equiparables a las de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Chicano admitió que la UCO podría tener «mayores facultades» para acceder a determinadas fuentes de financiación, lo que explicaría que haya detectado pagos o irregularidades a los que el Tribunal de Cuentas no ha tenido acceso.
La presidenta del órgano fiscalizador fue explícita al señalar que el Tribunal de Cuentas «no puede detectar cajas B» y que carece de mecanismos para obligar a un partido a rendir cuentas sobre según qué fuentes de financiación. «No podemos obligar a que un partido rinda cuentas. No tenemos mecanismos», declaró en el Senado. Estas manifestaciones, recogidas por El Confidencial y El Mundo, dibujan un marco en el que las discrepancias detectadas por la UCO no implican necesariamente una contradicción con los informes del Tribunal de Cuentas, sino que pueden reflejar limitaciones estructurales del propio órgano de fiscalización para acceder a determinada información.
Fuentes del Tribunal de Cuentas, consultadas por El País, enmarcaron la actuación de este jueves dentro de la colaboración institucional con la justicia, sin que ello implique un cuestionamiento de sus propios informes.
El contexto político: la oposición exige explicaciones
La diligencia de la UCO ha tenido una inmediata traducción política. El Partido Popular ha exigido este jueves al PSOE que dé explicaciones sobre su financiación. «La UCO está en el Tribunal de Cuentas porque no cuadran las donaciones del PSOE. Por tanto, el PSOE tiene que explicar por qué no cuadran», declaró un portavoz de la formación, en declaraciones recogidas por Europa Press.
El Gobierno, por su parte, no se ha pronunciado de forma específica sobre esta diligencia. En marzo de 2026, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, había afirmado ser «absolutamente seguro» de que «no hay ninguna financiación irregular en el partido», y sostuvo que «las cosas que se han conocido era el reembolso de gastos». «No hay financiación irregular de ninguna organización cuando se reembolsan unos gastos que un trabajador ha hecho previamente», añadió.
Precisiones necesarias
Cabe subrayar que la información sobre el descuadre contable procede de fuentes de la investigación citadas por los medios que han cubierto la diligencia, y que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, lo que impide el acceso público a los documentos y a las diligencias concretas. Las expresiones «dos contabilidades distintas» y «descuadre contable» son descripciones de las fuentes consultadas por ABC, no calificaciones jurídicas establecidas por un tribunal. La hipótesis del «pitufeo» es una línea de investigación que el juez Moreno está explorando, no un hecho probado. La diligencia de este jueves es un acto de investigación —un requerimiento de documentación—, no una imputación ni una medida cautelar. Ninguna de las personas mencionadas —ni el expresidente del Gobierno, ni el exministro Ábalos, ni Koldo García, ni los responsables del PSOE o del Tribunal de Cuentas— ha sido declarada culpable de delito alguno en relación con estos hechos. La investigación continúa abierta y su resultado es, por el momento, incierto.
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