El Gobierno galo prepara la apertura de tres nuevos centros de alta seguridad para narcotraficantes pese a que un tribunal ha ordenado frenar los «comportamientos contrarios a la deontología» de los funcionarios en una de las prisiones
Francia aprieta el cerco a los grandes capos de la droga. El Ejecutivo de Emmanuel Macron sigue adelante con su ambicioso plan de crear prisiones de alta seguridad para aislar a los narcotraficantes más peligrosos, un proyecto estrella del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que cumple ahora su primer año de vida. Sin embargo, lo que debía ser una herramienta infalible contra el narcotráfico se ha topado con un escollo inesperado: las denuncias por violaciones de los derechos humanos y la orden de un tribunal para que cese «la vulneración de la dignidad» de los reclusos.
La primera de estas cárceles especiales abrió sus puertas a finales de julio de 2025 en Vendin-le-Veil, al norte de Francia. Desde entonces, el modelo no ha parado de crecer. En la actualidad, el país cuenta ya con tres centros de estas características, el último de ellos inaugurado este mismo mes en el sur de la región parisina. Y el plan no se detiene ahí: el Ministerio de Justicia tiene previsto abrir otros tres en los próximos meses, dos en el sureste de Francia y uno en la Guayana Francesa, en América Latina. El objetivo es que, a finales de año, unos 200 presos se encuentren recluidos en estos centros de régimen de aislamiento.
El argumento del Gobierno es claro: impedir que los capos sigan dirigiendo sus negocios desde la celda. Estas unidades, concebidas bajo un régimen similar al aislamiento, con celdas individuales y salidas muy restringidas, buscan cortar de raíz cualquier comunicación con el exterior. Un objetivo que, según la fiscal nacional contra la criminalidad organizada, Vanessa Perrée, ya se está cumpliendo. «Este sistema de detención ha demostrado su eficacia. Ha servido para impedir el uso de teléfonos móviles, cualquier comunicación con el exterior y, por lo tanto, la continuidad de sus actividades delictivas. Ya no pueden continuar con el tráfico de estupefacientes desde sus celdas», aseguró Perrée en declaraciones a ‘Le Figaro’.
Pero el balance del Gobierno choca con una realidad mucho más turbia que ha empañado la reputación del proyecto. A finales de julio, el Tribunal Administrativo de Caen dictó una sentencia que ha supuesto un duro revés para Darmanin. Los magistrados ordenaron al Ministerio de Justicia que pusiera fin a «los comportamientos contrarios a la deontología» de los agentes penitenciarios en la cárcel de Condé-sur-Sarthe, donde, según el fallo, «hubo vulneraciones especialmente graves de los derechos y la integridad de los detenidos».
Las denuncias no se quedan en el papel. El abogado Vincent Brengarth, que representa a varios internos, ha relatado episodios de «golpes, cacheos integrales y bromas sobre el nazismo» por parte de los funcionarios. La propia encargada de supervisar las condiciones de detención, Dominique Simonnot, ha reconocido que mientras en la prisión de Vendin-le-Veil la situación es correcta, en la de Condé-sur-Sarthe ha constatado «comportamientos perversos» y técnicas de contención «agresivas» que denotan una falta de comunicación humana con los reclusos.
El Ministerio de Justicia ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. Pero lo que está sobre la mesa es algo más que un litigio judicial. El proyecto estrella de Darmanin, que se inspira en las cárceles de alta seguridad de Italia, se enfrenta ahora a la delicada frontera que separa la necesaria firmeza contra el crimen organizado y el respeto irrenunciable a la dignidad humana. Un debate que, con la expansión de estas prisiones, promete estar más vivo que nunca en el corazón del sistema penitenciario francés.
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