La crisis ferroviaria que atraviesa España ha dejado una secuencia de decisiones que, cuando menos, resulta llamativa. Según la información publicada por El Mundo y confirmada por otras fuentes consultadas, la dirección de Adif, la entidad pública gestora de las infraestructuras ferroviarias, habría aprobado en un consejo de administración extraordinario, celebrado el pasado miércoles 3 de noviembre, la renovación del plan de incentivos para su comité directivo. Este nuevo plan, que supuestamente sustituye al vigente hasta 2025, abarcaría el periodo comprendido entre 2026 y 2030. Tan solo unas horas después de esa firma, el nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, aceptaba la dimisión del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, descabezando así la cúpula de la empresa pública en su primer día al frente del departamento.
De acuerdo con la documentación manejada por los medios citados, el citado convenio, que fue la penúltima firma de Marco de la Peña en el cargo, establece que Adif-Alta Velocidad implantará un «Plan de Incentivos a la Dirección» que ligará la retribución variable de los altos cargos a los «objetivos de resultado de explotación, inversión y demás objetivos de prestación de servicio». La aprobación de este paquete retributivo se produce, según las mismas fuentes, en un contexto especialmente delicado para la entidad, señalada por su gestión tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que suman un balance de más de un centenar de fallecidos en los últimos meses.
Una sucesión de ceses en cadena
La salida de Marco de la Peña no fue un hecho aislado, sino la culminación de una semana de vértigo en el Ministerio de Transportes. El pasado martes 2 de noviembre, el hasta entonces ministro Óscar Puente presentaba su dimisión ante la Diputación Permanente del Congreso, asumiendo la responsabilidad política por la tragedia de Urda. Al día siguiente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encomendaba la cartera de Transportes al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien, según las crónicas parlamentarias, habría asumido el cargo con el objetivo de ofrecer una «sensación de control» ante la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Fue precisamente Cuerpo quien, en su primera reunión oficial con Marco de la Peña y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, habría aceptado la renuncia del presidente de Adif, calificando la decisión de «acertada». Fuentes sindicales y políticas habían reclamado insistentemente el cese de Marco de la Peña, una demanda que se habría visto reforzada por el malestar en la plantilla y por las críticas de la oposición tras los siniestros ferroviarios.
Sindicatos y presión política
El malestar en el sector es palpable. De hecho, el comité general de empresa de Adif habría acordado por unanimidad convocar una jornada de huelga de 24 horas para el próximo 17 de noviembre, además de una concentración ante el Congreso de los Diputados el día 16. El sindicato CSIF, que había solicitado la dimisión de la cúpula desde febrero, habría celebrado el cese de Marco de la Peña, pero al mismo tiempo habría advertido de que «ahora le toca el turno al resto de la cúpula puesta a dedo en Renfe y Adif».
La secuencia de los hechos, por tanto, dibuja un escenario en el que la dirección saliente de Adif habría aprovechado sus últimas horas al frente de la entidad para blindar un sistema de incentivos a largo plazo, justo antes de que un cambio político en la cúpula del ministerio precipitara su salida. No obstante, y en rigor, será necesario esperar a la publicación oficial de los detalles del convenio y a la evolución de la investigación judicial sobre los accidentes para conocer el alcance real y las implicaciones de todas estas informaciones, que por el momento se sustentan en fuentes periodísticas y no en una confirmación institucional definitiva.
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