La decisión del Ministerio de Agricultura de activar por primera vez la retirada obligatoria del 12% de la producción de aceite de oliva ha abierto una brecha en el sector. Mientras el ministro Luis Planas defendía este viernes la medida como una herramienta para «garantizar una adecuada retribución a los olivicultores» y evitar «variaciones bruscas en los precios», un sector de los productores ha recibido la noticia con frustración, al considerar que la intervención llega tarde y, sobre todo, que resulta incoherente mientras las compras de aceite a terceros países —especialmente a Marruecos— se disparan. Según los datos oficiales confirmados por el Ministerio, la resolución publicada en el BOE obliga a las almazaras a inmovilizar el 12% de su producción mensual, lo que supone retirar del mercado aproximadamente 188.000 toneladas hasta el 30 de septiembre de 2027.
La justificación técnica del Gobierno se apoya en una campaña excedentaria. De acuerdo con las previsiones de las comunidades autónomas, la producción de la campaña 2026/2027 alcanzará las 1.602.596 toneladas, un 23% más que la anterior, a las que se suman unas existencias iniciales de 357.040 toneladas. La suma de ambos factores supera el umbral del 120% de la media de las últimas seis campañas, lo que activa el mecanismo previsto en la normativa europea y en la orden ministerial publicada a finales de octubre. Planas subrayó que la medida es «extraordinaria y temporal» y «perfectamente compatible» con el Reglamento 1308/2013 de la UE.
La contradicción que denuncia el sector
El malestar de una parte de los olivareros no se dirige tanto contra la retirada en sí —que algunas organizaciones llevaban años reclamando— como contra el hecho de que la medida solo grave la producción nacional mientras las importaciones extranjeras circulan sin cortapisas. Según la información difundida por medios del sector y recogida por este diario, las compras de aceite de oliva a Marruecos han experimentado un crecimiento extraordinario en el último año, aunque las cifras exactas varían según la fuente y el periodo analizado. Los datos más citados por las organizaciones agrarias hablan de un incremento superior al 5.600% en volumen entre enero y julio de 2026, al pasar de menos de 400 toneladas a más de 22.600 toneladas. Otras fuentes elevan la cifra por encima del 9.000% para el primer cuatrimestre del año, al comparar las 103 toneladas de 2025 con las 10.384,7 toneladas de 2026.
No obstante, según el análisis de verificadores como Maldita.es, esa cifra del 9.000% correspondería al incremento del valor económico de las importaciones, no a la cantidad física de aceite. El gasto pasó de 641.000 euros en el primer semestre de 2025 a 58 millones de euros en el mismo periodo de 2026, mientras que el volumen importado se multiplicó por 67, hasta las 18.798 toneladas. La diferencia se explica, en parte, porque las compras de 2025 estuvieron anormalmente bajas debido a la sequía en Marruecos, que obligó al país a importar aceite para consumo interno. De acuerdo con los datos de DataComex del Ministerio de Economía, en el conjunto de la campaña (octubre 2025-abril 2026) España importó 11.814,67 toneladas de aceite marroquí, y la UE en su conjunto multiplicó por 712,6% sus compras al país norteafricano entre octubre y marzo.
El argumento de los agricultores: competencia desleal y agravio comparativo
Las organizaciones agrarias sostienen que esta entrada masiva de producto foráneo, en muchos casos acogido al régimen de perfeccionamiento activo que reduce o elimina aranceles si el aceite se destina a transformación y reexportación, neutraliza el efecto de la retirada nacional. «No tiene ningún sentido que nos obliguen a guardar el aceite para que no baje el precio mientras se permite que entre producto de Marruecos y Túnez a precios mucho más bajos», resume un portavoz de los olivareros citado por La Gaceta. Según los cálculos manejados por COAG, el coste de producción en el olivar tradicional ronda los 4,70 euros por kilo, una cifra que contrasta con los aproximadamente tres euros que se pagan en origen por el aceite de oliva virgen extra, lo que sitúa al sector por debajo del umbral de rentabilidad. La retirada del 12%, aunque alivia la presión sobre los precios, no resuelve —a juicio de los productores— el problema estructural de fondo.
Industria y consumidores, en contra
La medida tampoco ha sido bien recibida por la industria envasadora, que ha anunciado su intención de recurrir la decisión, según ha informado El Mundo. Los envasadores advierten de que el coste de almacenar 188.000 toneladas sin compensación económica podría acabar repercutiéndose en el precio final que paga el consumidor. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) también ha mostrado sus recelos hacia un mecanismo que, según su criterio, interfere en la libre formación de precios. El Gobierno, por su parte, insiste en que la medida cuenta con el respaldo de las principales organizaciones agrarias —ASAJA, UPA y COAG— y de Cooperativas Agro-alimentarias, que la habían solicitado formalmente.
Conclusión: una intervención bajo sospecha
La paradoja que denuncian los agricultores —retirar producto nacional mientras se importa aceite de terceros países— queda reflejada en los datos, aunque la magnitud exacta del fenómeno depende de la fuente consultada. Lo que parece fuera de duda, según los registros oficiales, es que la cosecha española será abundante, que las existencias son elevadas y que el precio en origen se ha desplomado hasta niveles que el sector considera insostenibles. La pregunta que planea sobre el mercado del aceite de oliva es si la retirada del 12% bastará para sostener las cotizaciones o si, como temen muchos productores, el aceite que entra de Marruecos y Túnez terminará por anular el esfuerzo de almacenar 188.000 toneladas de oro líquido español.
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