El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, supervisó en Caracas la rúbrica de ocho acuerdos con empresas como Chevron y General Electric, en una operación que otorga a Washington el control de una quinta parte de las reservas venezolanas durante los próximos 100 años.
El Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, fue testigo ayer de un movimiento geopolítico de dimensiones históricas. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presidieron la firma de un paquete de acuerdos energéticos que otorga a Washington el control sobre aproximadamente una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas. Un giro de 180 grados en la relación bilateral que, según los propios implicados, redefinirá el futuro energético de todo el continente americano.
Un acuerdo «histórico» con cifras astronómicas
La operación, que el presidente estadounidense Donald Trump ha calificado como «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial», contempla la concesión a la empresa estadounidense North American Blue Energy Partners (NABEP) de los derechos de explotación de 17 yacimientos estratégicos que suman 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo. Se trata de una cifra que duplica las reservas totales actuales de Estados Unidos.
A cambio, Washington obtiene una participación accionarial del 35 % en la matriz de NABEP a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa, el derecho a comprar el 20 % de la producción al coste de extracción y poder de veto sobre los nombramientos en el consejo de administración. Todo ello, según la Casa Blanca, «sin coste alguno para los contribuyentes estadounidenses».
La duración del acuerdo, centro del debate
Una de las principales discrepancias del pacto reside en su duración. Mientras el gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, insiste en que la vigencia será de 25 años, Washington sostiene que la concesión se extiende por 100 años. Esta disparidad ha generado dudas entre los analistas, que advierten de la necesidad de clarificar los términos de un acuerdo que podría hipotecar la soberanía energética de Venezuela por generaciones.
Delcy Rodríguez: «Venezuela mantiene la soberanía»
La presidenta encargada defendió el pacto asegurando que el país «conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos» y calculó que el Estado venezolano recibirá 209.000 millones de dólares en tributos durante la ejecución del proyecto. «Estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación de nuestra industria, sino también al crecimiento económico, a la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales», afirmó.
La Casa Blanca lo presenta como una reafirmación de la Doctrina Monroe
La administración Trump ha querido enmarcar el acuerdo como una reafirmación de la influencia estadounidense en el hemisferio occidental. Según la Casa Blanca, la mayoría de los yacimientos incluidos en el pacto estaban gestionados anteriormente por empresas rusas o chinas, por lo que su traspaso a operadores estadounidenses supone un golpe a la influencia de Moscú y Pekín en la región.
Un desplazamiento de operadores sancionados
La operación también tiene como objetivo desmantelar la red comercial que permitió a Venezuela mantener el flujo de crudo hacia Asia pese a las sanciones de Washington. Según ha podido conocer Bloomberg, el acuerdo desplaza a varios operadores vinculados al entorno del derrocado presidente Nicolás Maduro, que habían obtenido contratos sobre algunos de esos mismos yacimientos.
El sector militar respalda sin fisuras el pacto
El respaldo al acuerdo no ha sido únicamente político. El Alto Mando Militar de Venezuela, en una reunión celebrada el martes en el Palacio de Miraflores, expresó su «acompañamiento, aprobación y conformidad» con los términos del acuerdo. El ministro de Defensa, general en jefe Gustavo González López, subrayó que el pacto «no es una subordinación» sino una decisión de preservar la paz y atraer inversión internacional.
Críticas por la opacidad y el costo fiscal para Venezuela
Sin embargo, el acuerdo ha suscitado serias dudas sobre el coste real para el Estado venezolano. Según cálculos de diversos analistas, bajo la legislación venezolana vigente en materia de hidrocarburos el país debería percibir alrededor de 37 dólares por barril; con este acuerdo, ingresaría aproximadamente 19 dólares por barril, una cifra que algunas proyecciones reducen hasta 3,22 dólares si se calcula el retorno fiscal total diluido a lo largo de un siglo.
El economista Leonardo Vera, de la Universidad Central de Venezuela, reconoce que el impacto de las inversiones puede ser positivo, pero advierte: «Estamos tan necesitados de inversión en Venezuela que, aun un acuerdo como este —oscuro, chucuto, que regresa al país a prácticas de contratación con el extranjero que ya se habían dejado atrás—, de todas formas hay gente contenta».
Chevron duplicará su producción
El gigante petrolero estadounidense Chevron anunció que ampliará sus operaciones en Venezuela con una inversión de 7.000 millones de dólares en los próximos cinco años, con el objetivo de duplicar su producción hasta alcanzar los 600.000 barriles diarios. La italiana Eni y la estadounidense GE Vernova también firmaron acuerdos en materia de exploración y recuperación de infraestructura eléctrica.
El contexto de una crisis energética global
El acuerdo llega en un momento de máxima tensión en los mercados energéticos. El precio del crudo Brent se ha disparado alrededor de un 28 % en medio de la operación militar estadounidense contra Irán, y el precio de la gasolina en Estados Unidos ha superado los cuatro dólares por galón. La administración Trump, que afronta elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, busca con este pacto aliviar la presión sobre los bolsillos de los consumidores estadounidenses.
Quedan ahora por resolver incógnitas fundamentales, como el cronograma de ejecución y la eventual flexibilización de las sanciones que pesan sobre la industria energética venezolana. Pero lo que ya es innegable es que Caracas ha vuelto a ser, 24 horas después de la firma, el epicentro de una de las operaciones geopolíticas más ambiciosas de las últimas décadas.
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