El servicio de grúa municipal de Alcalá de Henares continúa funcionando con medios limitados y carácter de urgencia, mientras el Ayuntamiento acumula dos licitaciones desiertas para renovar los vehículos, mantiene abierto un conflicto laboral con la antigua plantilla y no dispone de un depósito de vehículos que cumpla la normativa. La situación, que se prolonga desde diciembre de 2023, ha convertido la vía pública en un aparcamiento improvisado para vehículos inmovilizados con cepos y ha llevado a la oposición a advertir de un posible incumplimiento de la Ley de Seguridad Vial.
Un servicio reducido a las urgencias
La concejala de Seguridad Ciudadana, Orleana de Miguel, ha explicado que las retiradas de vehículos se concentran actualmente en los casos de máxima urgencia, mientras que para otras infracciones se están utilizando cepos para inmovilizar los vehículos, además de las correspondientes sanciones. El Consistorio presta el servicio de forma directa con dos grúas antiguas adquiridas a la empresa Conforvial, la concesionaria que gestionaba anteriormente la actividad.
Esta situación contrasta con la actividad habitual del servicio, que según fuentes policiales registra alrededor de 4.000 retiradas de vehículos al año en la ciudad complutense.
Dos licitaciones desiertas para renovar las grúas
El Ayuntamiento intenta comprar dos nuevos vehículos de arrastre con un presupuesto máximo de 242.000 euros. Un primer procedimiento iniciado en mayo de 2025 terminó desierto en julio porque la única empresa presentada no cumplía determinados requisitos técnicos, por lo que se ha puesto en marcha una nueva licitación.
A esta dificultad se suma la imposibilidad de adjudicar la gestión integral del servicio. El anterior contrato municipal terminó y el procedimiento posterior recibió únicamente una oferta de Green Truck, que fue excluida por cuestiones relacionadas con la acreditación de su solvencia económica. La empresa recurrió ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que ordenó retrotraer las actuaciones, aunque posteriormente volvió a producirse la exclusión. El acta del órgano técnico de asistencia, fechada el 20 de febrero de 2026, confirma que a la licitación del servicio de grúa no concurrió ninguna empresa, proponiéndose declararla desierta.
Condena judicial: readmisión y más de dos años de salarios
El conflicto tiene una vertiente laboral determinante. El Juzgado de lo Social número 47 de Madrid dictó una sentencia que declara nulo el despido de doce trabajadores de la antigua concesionaria, Conforvial S.L., y obliga al Ayuntamiento a readmitirles en sus puestos de trabajo, así como a abonarles los salarios desde el 29 de diciembre de 2023 hasta el 2 de febrero de 2026, lo que supone más de dos años de nóminas.
La sentencia considera que el Consistorio debía haberse subrogado en los contratos de los trabajadores, conforme al Convenio Colectivo, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Contratos del Estado, y declara el despido nulo «por no tramitar un despido colectivo y no subrogarse en los contratos de los trabajadores».
El abogado de los trabajadores, Luis Suárez Machota, ha señalado que «se ha hecho justicia» y ha lamentado que «ni la alcaldesa Judith Piquet, del PP, ni la concejala responsable, mostrara su voluntad para la negociación de la situación de los trabajadores como se pidió reiteradamente y por escrito». En su opinión, «una negociación con los trabajadores hubiera evitado el sufrimiento económico de los trabajadores que llevan más de dos años en paro y le habría ahorrado los costes que le va a suponer cumplir la sentencia».
El Ayuntamiento ha recurrido la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y parte de los empleados afectados se ha reincorporado mientras continúa el procedimiento judicial.
Depósito no conforme y vía pública como aparcamiento improvisado
La ausencia de un depósito municipal autorizado ha derivado en que los vehículos inmovilizados con cepos se acumulen en las calles de Alcalá, ocupando decenas de plazas de aparcamiento en los barrios. El PSOE de Alcalá ha denunciado que el Ayuntamiento de PP y VOX destinó 80.000 euros en 2024 a adecuar una parcela en la calle Torija, en el Polígono Industrial El Encín, como depósito de vehículos, pero las instalaciones no cumplen con la normativa, lo que obligará a realizar nuevas obras valoradas en 48.000 euros adicionales. La justificación de este segundo contrato reconoce la necesidad de instalar separadores de grasas y un sistema de recogida de aguas pluviales para cumplir la normativa ambiental.
Los socialistas advierten de que esta situación podría suponer un incumplimiento de la Ley de Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 6/2015) y del Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003), que obligan a que los vehículos retirados se trasladen a depósitos municipales habilitados, y no a la vía pública. «PP y VOX están condenando a nuestros barrios a convertirse en improvisados depósitos de coches, con el consiguiente deterioro del espacio público y la pérdida de plazas de aparcamiento para los vecinos», denuncian desde el PSOE.
Un problema con origen en la anterior legislatura
La alcaldesa, Judith Piquet (PP), ha señalado que el problema se originó porque el anterior equipo de gobierno, liderado por el socialista Javier Rodríguez Palacios, no inició a tiempo la licitación del nuevo contrato, que debía haberse tramitado en febrero de 2023. Además, el depósito anterior se encontraba en una zona que «legal y urbanísticamente no puede estar», lo que obligó a buscar un nuevo emplazamiento.
Desde el PSOE, en cambio, achacan al actual gobierno «falta de diligencia y previsión» con un contrato que, aseguran, se podría haber «solucionado en cuatro meses». Asimismo, recuerdan que la Guardia Civil ya visitó el Ayuntamiento tras una denuncia socialista por la presencia de vehículos desguazados en la vía pública.
Consecuencias para los vecinos
Mientras se resuelven las licitaciones y el procedimiento judicial, el servicio permanece concentrado en las situaciones consideradas de máxima urgencia. Los vecinos de Alcalá de Henares afrontan un escenario en el que los coches mal estacionados pueden quedar inmovilizados con cepos durante días en la vía pública, sin que exista un depósito operativo al que sean trasladados, y con una capacidad de retirada muy inferior a la habitual. La tarifa que abona un conductor cuando la grúa se lleva su coche asciende a 150 euros (69 euros si es moto), según los datos recogidos por Infobae.
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