El líder de Vox, Santiago Abascal, ha relacionado este jueves la nueva operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ministerio de Transportes con los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) . En declaraciones a los medios, según recoge el diario La Gaceta y confirman otras fuentes consultadas, Abascal ha afirmado que «no fueron accidentes, fueron crímenes» y ha sostenido que «el dinero de la seguridad y el mantenimiento de los trenes se lo llevaron los cómplices de Sánchez».
La reacción del presidente de Vox se produce después de que la UCO haya desplegado un nuevo operativo en el marco de una pieza separada y secreta del ‘caso Koldo’, autorizado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Según la información facilitada por fuentes del caso a Europa Press y recogida por distintos medios, el dispositivo ha incluido un registro en el domicilio en Valencia del exministro José Luis Ábalos, un requerimiento de documentación en la sede de Adif Alta Velocidad y la detención de Cristian Corvillo, quien fuera chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017. La operación se salda, de acuerdo con las mismas fuentes, con al menos seis detenidos en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla.
El contexto de los siniestros
Las palabras de Abascal se refieren a dos de los accidentes ferroviarios más graves de la historia reciente de España. El siniestro de Adamuz, ocurrido el 18 de enero de 2026, dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos. Un informe provisional de la comisión independiente de investigación concluyó que la rotura de la vía fue la causa de la colisión, y la jueza instructora ha calificado los hechos como «presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes», lo que implicaría «negligencia o falta de cuidado con posibles responsables».
El accidente de Urda, ocurrido el pasado mes de octubre, se saldó con 69 víctimas mortales, todas ellas adultas, según los datos confirmados por el Centro Integrado de Datos (CID) y el Instituto de Medicina Legal. La investigación sobre lo ocurrido en Urda continúa en curso y, según las autoridades, aún no se ha determinado una causa oficial definitiva.
La tesis política de Vox
Abascal ha sostenido en varias comparecencias públicas que existe un vínculo entre la corrupción en el Ministerio de Transportes y el estado de la infraestructura ferroviaria. En una entrevista en Onda Cero, según recoge Vozpópuli, el líder de Vox reclamó una «auditoría completa» de las inversiones realizadas en los últimos años para conocer «el estado de las vías y el sistema de seguridad» y comprender así «por qué han pasado accidentes como el de Adamuz y Urda». En esa misma línea, ha calificado los siniestros como «crímenes políticos» de los que responsabiliza directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según la información difundida por Europa Press, Abascal ya había utilizado la expresión «manos manchadas de sangre» en un mitin en Cuenca para referirse a «los crímenes de Urda, Adamuz, la dana y el apagón». Fuentes del partido consultadas insisten en que se trata de una tesis política y no de una imputación judicial, si bien el líder de Vox ha exigido que se depuren responsabilidades ante los tribunales.
Una pieza bajo secreto
La nueva pieza del ‘caso Koldo’ en la que se enmarca la operación de este jueves permanece bajo secreto de sumario, por lo que no se ha detallado públicamente qué contratos concretos centran las pesquisas. De acuerdo con lo publicado por El Debate, los investigadores atribuyen a Corvillo presuntamente un papel activo en la gestión de contratos de material sanitario y obra pública en Adif, con un beneficio estimado de hasta 100.000 euros que el comisionista Víctor de Aldama tendría anotado a su nombre en un documento de 2020. Estas sospechas no han sido confirmadas judicialmente y la causa sigue declarada secreta.
Fuentes jurídicas consultadas por este medio insisten en que se trata de indicios en el marco de una instrucción que continúa abierta y en la que no se descartan nuevas diligencias. Ni el Ministerio de Transportes ni Adif han ofrecido, por el momento, una valoración pública adicional sobre las palabras de Abascal o sobre el alcance de la operación.
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