La Guardia Civil, a través del Equipo @ y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Navarra, ha dado por desarticulados dos grupos criminales independientes que operaban desde Madrid y Barcelona y que se dedicaban presuntamente a estafar mediante falsos anuncios de alquiler de viviendas vacacionales y para estudiantes publicados en portales de internet. La operación, denominada @RENT 5, se ha saldado con siete personas identificadas —presuntamente vinculadas a ambos grupos— de las cuales cuatro han sido detenidas, según ha informado la Guardia Civil de Navarra en un comunicado difundido este viernes 13 de noviembre.
Es fundamental precisar que la investigación se encuentra en fase de esclarecimiento y las diligencias han sido puestas a disposición judicial, pero ninguna de las personas identificadas o detenidas ha sido declarada culpable de los delitos que se les imputan. Los hechos que se describen a continuación proceden del comunicado oficial del instituto armado y de las fuentes periodísticas que lo han replicado, y deben ser leídos como presuntas conductas sujetas a la presunción de inocencia y a la instrucción judicial correspondiente.
El modus operandi: urgencia, documentación ajena y cuentas de terceros
El entramado descrito por los investigadores seguía un patrón repetido en ambos grupos. Los presuntos estafadores publicaban anuncios de viviendas en alquiler —destinadas a estancias vacacionales o a estudiantes durante el curso académico— en conocidos portales inmobiliarios. Cuando una víctima contactaba con el anunciante, este le hacía creer que existían otros interesados en el mismo inmueble, generando una sensación de urgencia para que realizara el pago cuanto antes y no perdiera la oportunidad.
Para reforzar la credibilidad del engaño, los anunciantes enviaban fotografías de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) que no se correspondían con su verdadera identidad. Según la Guardia Civil, esos documentos podían proceder de extravíos, sustracciones o, en algunos casos, de otras víctimas de estafas anteriores, lo que añade un elemento de revictimización a la conducta investigada.
Una vez que la víctima realizaba la transferencia bancaria a la cuenta indicada, los presuntos estafadores dejaban de responder a los mensajes y el alquiler nunca llegaba a formalizarse. La víctima se quedaba sin el dinero y sin el alojamiento que creía haber reservado.
El papel de las ‘mulas’ bancarias y el bloqueo urgente de cuentas
Los investigadores detectaron que el dinero obtenido mediante las estafas no se quedaba en las cuentas receptoras iniciales, sino que se canalizaba a través de cuentas de terceras personas, conocidas en el argot policial como ‘mulas’. Estas personas recibían las transferencias y movían los fondos a cambio de una comisión, lo que dificultaba el rastreo del dinero y la identificación de los responsables últimos.
Precisamente por esa estructura de blanqueo, la Guardia Civil subrayó que, desde las primeras fases de la investigación, los agentes solicitaron el bloqueo de las cuentas bancarias en las que las víctimas habían ingresado el dinero. La institución insistió en que «la rapidez de estas actuaciones resulta fundamental para evitar que los fondos sean retirados».
Dos grupos independientes y una investigación en dos fases
El cruce de información con otras unidades investigadoras permitió determinar la posible existencia de dos grupos criminales diferenciados que empleaban el mismo método en distintos puntos del país, aunque actuaban de forma independiente, según precisó el diario gallego El Correo Gallego citando fuentes de la investigación.
La operación se desarrolló en dos fases. En la primera, agentes del Equipo @Navarra se desplazaron a la provincia de Madrid, donde localizaron e investigaron a dos personas presuntamente vinculadas al grupo asentado en esa zona. En la segunda fase, con la colaboración del Equipo @Barcelona, se actuó sobre el grupo establecido en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, donde se localizó e investigó a otras dos personas.
El balance oficial de la operación, según el comunicado de la Guardia Civil, es el siguiente: siete personas identificadas, cuatro detenidas y cinco delitos de estafa esclarecidos, además de un delito de blanqueo de capitales y un delito de pertenencia a grupo criminal. Las autoridades no han especificado, por el momento, el montante total estafado ni el número exacto de víctimas que podrían estar afectadas por la trama, a la espera de que avance la instrucción judicial.
Recomendaciones de la Guardia Civil y el contexto de la ciberestafa inmobiliaria
Junto al comunicado, la Guardia Civil ha recordado una serie de recomendaciones para evitar este tipo de engaños, que se han multiplicado en los últimos años al calor de la digitalización de los portales de alquiler. Entre las pautas que la institución suele difundir figuran: desconfiar de los precios muy por debajo del mercado, no realizar pagos por transferencia sin haber visitado previamente el inmueble o verificado la identidad del arrendador, solicitar siempre un contrato por escrito y comprobar que el anunciante es el propietario o tiene autorización para alquilar.
Este tipo de estafa, conocida como «estafa del alquiler» o «timo del alquiler», se ha convertido en una de las modalidades delictivas más denunciadas en España en los últimos años, especialmente en ciudades con alta presión de demanda de vivienda como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. Los grupos criminales se aprovechan de la urgencia de los inquilinos, de la confianza que generan los portales de anuncios clasificados y de la dificultad de rastrear el dinero cuando se utilizan cuentas de terceros.
Precisiones necesarias y estado procesal
Cabe subrayar varios aspectos para una lectura rigurosa de esta información. En primer lugar, la operación @RENT 5 es una investigación de la Guardia Civil, no una sentencia judicial. Las siete personas identificadas —y en particular las cuatro detenidas— gozan de la presunción de inocencia y no han sido declaradas culpables de los delitos que se les imputan. La calificación jurídica de los hechos —estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal— es la que maneja la institución policial en su comunicado, y deberá ser confirmada o modificada por la autoridad judicial competente a lo largo de la instrucción.
En segundo lugar, el comunicado oficial no especifica el importe total de lo estafado ni el número concreto de víctimas. Los cinco delitos de estafa esclarecidos son los que la Guardia Civil ha podido acreditar documentalmente hasta el momento, pero no se descarta que la cifra pueda ampliarse si nuevas víctimas presentan denuncia o si la investigación judicial identifica más operaciones.
En tercer lugar, la atribución de los hechos a dos grupos independientes es una conclusión de la investigación policial, no un hecho establecido judicialmente. La coordinación entre ambos grupos, o la ausencia de ella, será un extremo que la instrucción deberá determinar con mayor precisión.
Finalmente, ninguna de las personas e instituciones mencionadas ha sido objeto de una condena firme en relación con estos hechos. La información aquí presentada se basa en el comunicado oficial de la Guardia Civil de Navarra y en las coberturas periodísticas de Europa Press, Noticias de Navarra, Pamplona Actual, Berriozar Info, OkDiario y El Correo Gallego, contrastadas entre sí para ofrecer una versión coherente y verificable de lo sucedido.


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