La crisis migratoria que azota las costas canarias ha derivado en un nuevo frente de fricción institucional. Según ha podido saber ABC a través de fuentes policiales, el Ministerio del Interior estaría trasladando a miles de personas desde la isla de El Hierro hacia la Península sin haber completado el preceptivo triaje, un procedimiento que, de acuerdo con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), es de obligado cumplimiento antes de cualquier derivación. Fuentes del Ministerio del Interior, consultadas por este medio, habrían negado categóricamente estas denuncias, asegurando que «no es verdad» y que los traslados se realizan conforme a los protocolos establecidos.
De acuerdo con la información publicada por ABC, la saturación de los servicios sociales y de emergencia en El Hierro estaría impidiendo que el triaje se realice conforme al reglamento vigente. Este procedimiento, que supuestamente consiste en una entrevista estructurada para detectar vulnerabilidades, motivos de migración, posibles víctimas de trata y la voluntad de solicitar asilo, se vuelca en la base de datos oficial Adexttra, gestionada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. El resultado es un expediente de 14 páginas que el inmigrante debe firmar en siete de ellas, asistido telefónicamente por un intérprete. Al no completarse este trámite, según las mismas fuentes, no se estarían garantizando los derechos de las personas trasladadas.
El Hierro, al límite de su capacidad
La situación en la isla resulta, según los datos oficiales, insostenible. El Cabildo de El Hierro habría declarado la emergencia migratoria tras la llegada de más de 8.000 personas en las últimas cinco semanas. Solo en los últimos cinco días se habrían registrado más de 3.000 personas a bordo de una treintena de cayucos, según detalla la corporación insular en una nota. El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, habría advertido de que la isla «no puede afrontar esto solo» y habría reclamado más recursos humanos y materiales, así como una rotación que permita el descanso del personal de Salvamento Marítimo, el Servicio Canario de la Salud y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los datos que maneja el Gobierno de Canarias apuntan en la misma dirección. Entre el 1 y el 6 de noviembre habrían llegado al archipiélago 49 embarcaciones con aproximadamente 4.587 personas, de las cuales 35 habrían arribado a El Hierro. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo autonómico, Nieves Lady Barreto, habría remitido una nueva carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, exigiendo el despliegue inmediato de refuerzos extraordinarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la isla. Barreto habría advertido de la «extraordinaria presión» que esta situación supone para una isla con recursos «limitados» y habría insistido en que el Estado debe «anticiparse a las necesidades» para evitar que la carga recaiga sobre unos efectivos que «ya soportan una carga extraordinaria de trabajo».
Un pulso entre administraciones
El cruce de acusaciones y peticiones dibuja un escenario de tensión creciente entre las administraciones. Mientras la Policía Nacional, a través de fuentes periodísticas, habría alertado de la falta de medios humanos y técnicos para hacer frente a la crisis, el Ministerio del Interior habría defendido su actuación. Según las mismas fuentes, el departamento que dirige Grande-Marlaska habría asegurado que los inmigrantes que llegan a El Hierro son trasladados a otras islas para realizar el triaje ante la falta de espacio en la isla, una explicación que, sin embargo, no habría convencido a los agentes sobre el terreno.
El Gobierno de Canarias, por su parte, habría solicitado en dos ocasiones -mediante cartas remitidas el 10 de septiembre y el 20 de octubre- la convocatoria urgente de una Junta de Seguridad Estado-Canarias para analizar la situación migratoria y coordinar las medidas necesarias. Casi dos meses después de la primera solicitud, el Ministerio del Interior aún no habría fijado una fecha para la celebración de esa reunión, según habría denunciado la consejera Barreto.
La dimensión humana de la crisis queda patente en las cifras. En el periodo comprendido entre el 1 y el 6 de noviembre, se habrían contabilizado dos fallecidos y dos personas desaparecidas en la ruta migratoria hacia Canarias, según los datos manejados por los servicios de emergencia. La declaración de emergencia por parte del Cabildo de El Hierro y las advertencias de los vecinos de La Restinga, que se habrían concentrado para denunciar el «abandono» de las administraciones, completan un panorama que, a falta de una confirmación oficial definitiva, dibuja una isla desbordada y un protocolo de atención que, supuestamente, se estaría aplicando de forma incompleta.
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