La delegación de Vox en el Parlamento Europeo ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que reclama una investigación independiente sobre el destino de los fondos comunitarios destinados a la infraestructura ferroviaria española, según la información difundida por el partido y recogida por distintos medios. La iniciativa, encabezada por el jefe de la delegación, Jorge Buxadé, se produce después de la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de acuerdo con la misiva, busca esclarecer si las ayudas europeas se emplearon realmente en las obras comprometidas y si las certificaciones remitidas por el Gobierno español a Bruselas se ajustan a la realidad.
El foco en el contrato de señalización
En la carta, según ha podido contrastar este medio a partir del contenido difundido, Vox señala un contrato concreto: el adjudicado por Adif a Thales en 2021 por más de 93,8 millones de euros para la renovación de los sistemas de señalización de la línea Madrid-Sevilla. De acuerdo con los datos aportados por la formación, el nuevo sistema debía estar operativo a principios de 2026 tras un plazo de ejecución de 52 meses, pero supuestamente seguía sin funcionar cuando se produjo el accidente de Urda. Los eurodiputados preguntan a Bruselas «qué obras se han ejecutado realmente, qué certificaciones ha presentado España y cómo se han utilizado los fondos europeos comprometidos».
La formación también cuestiona que el Gobierno haya podido destinar recursos nacionales y europeos a financiar infraestructuras ferroviarias en Marruecos mientras la red española presentaba deficiencias de mantenimiento. «No se puede aceptar que se movilicen fondos para terceros países mientras no esté garantizada la seguridad de nuestras infraestructuras», sostienen en el texto.
Una petición que no es aislada
La carta a Von der Leyen se suma a una pregunta parlamentaria registrada semanas antes por el propio Buxadé ante la Comisión Europea, según recoge Europa Press. En ella, Vox ya solicitaba una auditoría independiente sobre los fondos destinados a modernizar la seguridad ferroviaria y pedía identificar la financiación europea vinculada a los contratos de la línea Madrid-Sevilla, así como la documentación presentada por el Ejecutivo para acreditar el cumplimiento de los hitos. De acuerdo con la información disponible, la formación precisó entonces que aún no se había determinado si el contrato que cubría las actuaciones en el lugar del siniestro procedía de los fondos NextGenerationEU o del FEDER.
El contexto: dos accidentes y una investigación europea en marcha
Las iniciativas de Vox se enmarcan en un escenario marcado por los siniestros ferroviarios de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero de 2026 con 46 fallecidos, y Urda (Toledo), el 28 de octubre, con 69 víctimas mortales, según los balances oficiales difundidos por las autoridades. Sobre la línea Madrid-Sevilla pesa además una investigación de la Fiscalía Europea, confirmada en marzo de 2026, para determinar si se produjo un presunto fraude en el uso de fondos comunitarios destinados al mantenimiento de la infraestructura.
Según ha trascendido, la Comisión Europea concedió en 2024 un total de 111,6 millones de euros procedentes del FEDER para renovar la línea Madrid-Sevilla y sustituir «raíles y traviesas» de un trazado que Bruselas consideraba «obsoleto» en comparación con el resto de la red de alta velocidad española. No obstante, la Fiscalía Europea, de acuerdo con las fuentes del caso consultadas, no ha establecido por el momento una relación directa entre el presunto fraude investigado y las causas de los dos accidentes.
La versión del Gobierno
El Ejecutivo ha sostenido en distintas comparecencias que Adif cuenta con recursos suficientes para atender sus compromisos. El ya exministro Óscar Puente afirmó en febrero en el Congreso, en respuesta a una interpelación de Vox, que la entidad dispone de cuatro fuentes principales de financiación: los cánones de las operadoras, la asignación presupuestaria estatal, los fondos europeos y los créditos del Banco Europeo de Inversiones. Según recogen distintos medios, el Ministerio de Transportes no se ha pronunciado por el momento sobre el contenido concreto de la carta remitida a Von der Leyen.
Fuentes parlamentarias consultadas insisten en que se trata de una petición política que no prejuzga el resultado de las pesquisas en curso, y subrayan que tanto la investigación de la Fiscalía Europea como el contrato de señalización con Thales permanecen en fase de diligencias. Ni el Ejecutivo comunitario ni Adif han ofrecido, por el momento, una valoración pública adicional sobre la solicitud de auditoría planteada por Vox.
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