La Autoridad Portuaria de Ceuta ha activado una licitación de urgencia para contratar una póliza de asistencia sanitaria privada destinada a sus aproximadamente 150 trabajadores y sus familiares. Según los pliegos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la medida se justifica por la «imposibilidad de acceder sin listas de espera razonables a especialistas y pruebas» dentro del sistema sanitario público de la ciudad autónoma . El contrato, que sustituirá a la póliza actual con Sanitas —que expira el 31 de diciembre de 2026—, se tramita de forma urgente para evitar que el personal quede sin cobertura y se interrumpan tratamientos en curso, según recoge la documentación oficial del expediente .
Este movimiento administrativo, impulsado por el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, se produce en un contexto de creciente tensión asistencial en la sanidad ceutí, que depende directamente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), adscrito al Ministerio de Sanidad. La declaración de urgencia del Puerto de Ceuta alude supuestamente a la «discontinuidad territorial» de la ciudad como factor que agrava las demoras estructurales en el acceso a la atención especializada .
Los sindicatos elevan el tono: de la «tensión» al «colapso»
Mientras la Administración central evita la palabra «colapso», distintos actores del ámbito sanitario ceutí sostienen que la situación ha superado la mera «tensión». El sindicato CSIF ha calificado de «insostenible» la presión asistencial y ha reclamado al Ministerio medidas extraordinarias, entre ellas la instalación de un hospital de campaña, el refuerzo de la vacunación y la creación de un comité de seguridad y salud . En agosto de 2026, CSIF llegó a solicitar a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que investigara la legalidad de los protocolos aplicados durante la crisis, denunciando una «sobrecarga extrema» en la red hospitalaria y servicios forenses, así como una posible vulneración de la Directiva Marco sobre Seguridad y Salud y Riesgos Biológicos .
El Colegio de Médicos y el Sindicato Médico de Ceuta han ido más allá y han convocado una jornada de huelga para el 24 de septiembre, motivada no por reivindicaciones salariales, sino por la «impotencia ante la inacción del Gobierno» y el «progresivo deterioro de la sanidad pública local» . Según estas organizaciones, el servicio de Urgencias del único hospital de la ciudad atiende el doble o el triple de casos con una plantilla reducida a cinco o seis facultativos, y la falta de traductores comprometidos por INGESA dificulta la atención a la población migrante . El presidente del Colegio de Médicos, Enrique Roviralta, ha calificado de «desafortunadas» las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, negando la existencia de un colapso sanitario .
Listas de espera y dependencia del seguro privado: un fenómeno estructural
Los datos disponibles apuntan a que la dificultad de acceso a la sanidad pública en Ceuta no es un episodio puntual. Un estudio de Ipsos citado por El Confidencial reveló que casi la mitad de la población de Ceuta y Melilla debe desplazarse a la Península para recibir atención sanitaria, y que las listas de espera son la principal barrera de acceso al sistema público . El mismo informe señalaba que el 45% de los ciudadanos de Ceuta disponía de un seguro médico privado como vía alternativa de acceso a la sanidad, una proporción que refleja supuestamente una dependencia estructural del sector privado ante las deficiencias del sistema público .
A esta realidad se suma la externalización de servicios del propio Hospital Universitario de Ceuta. Según ha publicado el diario especializado Consalud, INGESA mantiene hasta una docena de servicios y pruebas diagnósticas concertados con entidades privadas, entre ellas el grupo Quirónsalud, incluyendo neurología, rehabilitación logopédica y pruebas de resonancia magnética de alto campo . Esta circunstancia contrasta con las críticas que la ministra Mónica García ha dirigido históricamente a la colaboración público-privada en otras comunidades autónomas, como Madrid .
Un escenario condicionado por la crisis migratoria
La presión sobre el sistema sanitario ceutí se ha visto supuestamente agravada por la crisis migratoria iniciada a finales de julio de 2026. Tanto CSIF como el Colegio de Médicos vinculan el incremento de la carga asistencial a la llegada masiva de personas, que ha coincidido con una plantilla médica ya de por sí reducida y con bajas laborales y renuncias en el servicio de Urgencias . El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha negado que exista un «colapso sanitario» en Ceuta, aunque ha admitido una «tensión» importante y riesgos derivados de la insalubridad en los lugares donde permanecen las personas migrantes .
La combinación de estos factores —demoras estructurales, recurso creciente a seguros privados, externalización de servicios y un pico de presión asistencial vinculado a la crisis migratoria— dibuja un escenario en el que la sanidad pública de Ceuta se encuentra, según la información disponible, en una situación de máxima exigencia. La licitación urgente del Puerto de Ceuta para cubrir a su personal con una póliza privada es, en este contexto, un indicador más de hasta qué punto el acceso a la atención sanitaria en la ciudad autónoma depende supuestamente de vías alternativas al sistema público.
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