La Policía Nacional desalojó a un manifestante que había instalado una tienda en las inmediaciones de la sede socialista, mientras la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol se mantiene desde hace semanas, lo que ha desatado las críticas del sindicato JUPOL y de la oposición municipal y autonómica
La actuación policial del pasado lunes frente a la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, ha reabierto la polémica sobre el distinto tratamiento que, según la información recabada y las fuentes consultadas, se dispensa a las concentraciones que se producen en función de su ubicación y de sus promotores. Un hombre que había instalado una tienda de campaña en la confluencia de las calles Buen Suceso y Marqués de Urquijo, a escasos metros de la sede socialista, fue desalojado por agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional tras recibir instrucciones de la Delegación del Gobierno en Madrid para tramitar una propuesta de sanción por ocupación del espacio público.
El relato de los hechos
De acuerdo con las versiones periodísticas coincidentes, el manifestante contaba con un permiso oficial para realizar una concentración en ese punto, pero carecía de autorización expresa para acampar, una distinción administrativa que, supuestamente, fue el detonante de la intervención. En un primer momento, la Policía Municipal de Madrid constató que la protesta estaba autorizada; fue después cuando los agentes de la UIP, siguiendo instrucciones de la Delegación del Gobierno, procedieron a informarle de la inminente multa. Ante esta advertencia, el ciudadano optó por recoger sus pertenencias y abandonar el lugar de forma voluntaria, por lo que finalmente no fue sancionado.
La reacción del sindicato policial y de la oposición
El episodio ha sido interpretado por el sindicato policial JUPOL y por varios cargos públicos del PP como una muestra de «doble vara de medir» por parte de la Delegación del Gobierno, que dirige el socialista Francisco Martín. La crítica se articula en torno a un contraste que según estas fuentes resulta evidente: mientras una tienda de campaña individual era desalojada en Ferraz, la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Puerta del Sol se mantiene desde hace más de tres semanas sin que la Policía Nacional haya intervenido para desalojarla, bajo el argumento oficial de que transcurre de forma pacífica.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya había anticipado esta línea argumental días antes del incidente, al preguntarse públicamente «¿por qué las tiendas de campaña valen en Sol y no en Ferraz?» y mostrarse convencido de que, si la acampada se trasladase a la sede del PSOE, la Delegación del Gobierno ordenaría su desalojo «de forma inmediata». En la misma dirección, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó de «premeditada» la permisividad con la acampada de Sol y sostuvo que «en Ferraz no permitirían una acampada como esta».
La posición de la Delegación del Gobierno
Según la información disponible, la Delegación del Gobierno ha defendido su actuación en Ferraz amparándose en la ausencia de autorización para acampar, un criterio que, supuestamente, no concurre en el caso de la Puerta del Sol porque allí la concentración se desarrolla, a su juicio, de forma pacífica. Este medio ha intentado recabar declaraciones adicionales de la Delegación del Gobierno para contrastar esta explicación, sin obtener por el momento una respuesta que amplíe los términos ya publicados por otros medios.
Un episodio en un contexto de tensión política
El suceso se produce en un clima de confrontación entre las administraciones central, autonómica y municipal en torno a la gestión de las protestas urbanas. La acampada de Sol, que comenzó tras el desahucio de una vecina y ha derivado en una protesta sostenida por el derecho a la vivienda, se ha convertido en un símbolo de la disputa política madrileña. Según fuentes socialistas citadas por varios medios, el PSOE observaría la acampada de Sol como una oportunidad política para presionar a la oposición, lo que, supuestamente, explicaría su reluctancia a ordenar un desalojo que, en cambio, sí se ha producido cuando la protesta se ha situado frente a su propia sede.
Verificación y cautelas
Este medio ha contrastado la existencia del desalojo y sus circunstancias con las crónicas publicadas por COPE, El Español, Libertad Digital y El Toro TV, que citan fuentes policiales y de la Delegación del Gobierno. La distinción entre el permiso de concentración y la falta de autorización para acampar ha sido confirmada por el sindicato JUPOL a través de los medios que recogieron su denuncia. Las afirmaciones sobre la «doble vara de medir» son atribuidas en todo momento a sus autores —JUPOL, el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad— y no constituyen una conclusión de este medio. Las expresiones «supuestamente», «según la información» y «de acuerdo con las fuentes consultadas» se emplean deliberadamente para reflejar la naturaleza atributiva de los datos y la existencia de versiones e interpretaciones divergentes sobre un mismo hecho.
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