El Consejo de Ministros italiano aprobará este martes un paquete de medidas que incluye el refuerzo de la operación ‘Strade Sicure’, la extensión del arresto preventivo para menores y el aumento de penas por daños agravados. La oposición acusa al Gobierno de supuestamente instrumentalizar la seguridad para desviar la atención de las protestas por el coste de la vida.
El Gobierno de Giorgia Meloni ha reaccionado con contundencia a la ola de disturbios que el pasado fin de semana convulsionó Milán y otras ciudades italianas. Según la información confirmada por fuentes gubernamentales a Il Messaggero y recogida por otros medios internacionales, el Ejecutivo ha decidido el despliegue inmediato de 500 militares adicionales en la capital lombarda, que se sumarán a los efectivos ya presentes en el marco de la operación ‘Strade Sicure’ (Calles Seguras) . La medida, anunciada por el vicepresidente y líder de la Liga, Matteo Salvini, como una «victoria» de su partido, forma parte de un decreto ley de urgencia que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes .
El origen: de la protesta social a la «guerra urbana»
Los disturbios se desencadenaron a partir de una protesta convocada por estudiantes y sindicatos contra la precariedad educativa y el elevado coste de la vida. Según la información disponible, lo que comenzó como una movilización pacífica degeneró en escenas de «guerra urbana», con saqueos en comercios, incluidos establecimientos de marcas de lujo, y enfrentamientos directos con las fuerzas del orden . Los datos oficiales ofrecidos por la Policía italiana, según la información recogida por la agencia CNA y otros medios, arrojan un balance de 32 detenidos y 271 personas identificadas o retenidas, de las cuales 220 eran menores de edad, lo que representa un 80% del total .
La violencia no se limitó a Milán. De acuerdo con la información de varios medios, también se registraron incidentes graves en Turín, Bolonia y Bérgamo, lo que llevó al Gobierno a calificar la situación de fenómeno complejo y a activar un protocolo de crisis .
El paquete de medidas: más allá del despliegue militar
El decreto ley que se aprobará este martes no se limita al envío de tropas. Según la información filtrada a la prensa italiana y confirmada por fuentes del Ejecutivo, el texto introduce una serie de medidas de mano dura que afectan al Código Penal y a la jurisdicción de menores . Entre las más destacadas se encuentra la extensión del «fermo preventivo» (arresto preventivo) hasta las 24 horas, una figura que permitiría a la policía retener a sospechosos antes de que se produzca una manifestación, y su posible aplicación a menores de edad .
Asimismo, el decreto contempla la tipificación del delito de «daño agravado» cuando se cometa en grupo de cinco o más personas, con penas de prisión de hasta cinco años, y facilita el «arresto diferido» basado en pruebas videográficas o informáticas para identificar a los responsables de actos vandálicos . En el ámbito de la seguridad urbana, se otorgará a los militares desplegados en ‘Strade Sicure’ la consideración de agentes de la autoridad (polizia giudiziaria), permitiéndoles realizar detenciones y actuar con las mismas prerrogativas que los cuerpos policiales durante un periodo de tres a seis meses .
Reacciones políticas y el fantasma de la represión
La respuesta del Gobierno ha generado una profunda fractura política. Mientras la coalición de centroderecha, con Salvini a la cabeza, según la información difundida por sus canales oficiales, celebra la medida como una muestra de «mano dura» y «decisiones concretas», la oposición ha alzado la voz contra lo que considera un supuesto exceso. El líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, según la información de la cadena La7, ha acusado al Ejecutivo de utilizar la seguridad como una cortina de humo para supuestamente desviar la atención de las protestas por el coste de la vida y de las movilizaciones de los transportistas .
Incluso dentro de la propia mayoría, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha mostrado ciertas reservas, según la información recogida por Radio Lombardia, al señalar que «es fácil anunciar más militares sin afrontar el problema de qué deberán hacer y cómo podrán hacerlo», subrayando la necesidad de que el decreto les otorgue cobertura legal clara .
El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha intervenido en el debate para condenar la violencia, calificándola de «inaceptable», al tiempo que ha llamado a un «análisis inteligente y exhaustivo» para hacer frente a actos violentos que, supuestamente, «parecen estallar de forma inesperada por parte de sujetos desconocidos» . La sombra de la duda sobre la verdadera naturaleza de los instigadores sobrevuela un debate en el que, por ahora, las únicas certezas son el despliegue militar y la aprobación inminente de un decreto que marcará un antes y un después en la gestión del orden público en Italia.
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