Una investigación periodística revela que la entonces senadora Nancy de la Sierra Arámburo obtuvo la ciudadanía por la ‘ley de nietos’ el 5 de diciembre de 2023, según la información publicada por THE OBJECTIVE. Fuentes consulares citadas por dicho medio denuncian un supuesto trato preferente durante la tramitación, si bien el expediente se habría apoyado en un antepasado español del que no consta acta de nacimiento.
El Gobierno de Pedro Sánchez concedió la nacionalidad española a la entonces senadora mexicana Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como a otros tres miembros de su familia, al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ‘ley de nietos’. La concesión, que según la información publicada por el diario THE OBJECTIVE se produjo el 5 de diciembre de 2023, se habría otorgado pese a que tanto el padre como los abuelos de la política nacieron en México, sin que ningún antepasado directo hubiera estado en España durante la Guerra Civil o la dictadura franquista.
El expediente familiar se habría articulado a partir de la solicitud presentada por el padre de la exsenadora, Óscar de la Sierra Said, nacido en México en 1939. De acuerdo con la documentación a la que habría tenido acceso dicho medio, De la Sierra Said alegó ser nieto de un español para obtener la ciudadanía, aunque sus propios padres —el abuelo y la bisabuela de la política— también habrían nacido en territorio mexicano, en 1903 y 1909 respectivamente. El vínculo español invocado se remontaría, por tanto, al menos una generación más atrás, y para justificarlo se habría aportado un acta matrimonial, pero según la información facilitada al citado periódico, no se presentó ningún acta de nacimiento o bautismo del antepasado supuestamente español.
Denuncias de trato preferente en el Consulado
La investigación periodística, que supuestamente se basa en fuentes internas del Consulado de España en México, sostiene que la familia habría recibido un trato preferencial durante la tramitación de sus solicitudes. Como respaldo, se reproduce una comunicación interna atribuida a una responsable de la oficina consular en la que se pedía facilitar la atención a la entonces senadora y a su padre. «Buenos días. Hoy tiene cita de LMD la senadora Nancy de la Sierra y su familia. Podrías estar pendiente, por favor, para que la senadora pueda pasar con su padre, ya que éste es mayor y no escucha demasiado», señalaría el mensaje citado. Fuentes consulares consultadas por el medio habrían calificado esta circunstancia como un indicio de supuesto favoritismo hacia una figura pública.
El contexto de la ‘ley de nietos’ y las dudas sobre su aplicación
Este caso se enmarca en una polémica más amplia sobre la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Según la información difundida por varios medios, la instrucción impulsada por Sofía Puente, entonces al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, habría relajado las exigencias probatorias para acreditar la condición de exiliado, lo que presuntamente habría abierto la puerta a un número significativo de concesiones irregulares. El propio Gobierno, según las cifras oficiales aportadas ante el Tribunal Supremo, habría admitido más de 163.000 nacionalidades concedidas bajo el paraguas de dicha instrucción, una cifra que fuentes consulares citadas por THE OBJECTIVE habrían calificado de «absolutamente ridícula», elevando el porcentaje de solicitudes aprobadas por esa vía en el consulado de México a más del 90%.
Un procedimiento bajo la lupa judicial
La concesión de la nacionalidad a la exsenadora del PRI se suma a otros expedientes que supuestamente han sido cuestionados por la oposición y por sectores críticos con la gestión del Ejecutivo. El caso ha trascendido en un momento en el que la ‘ley de nietos’ se encuentra en el centro de un conflicto institucional entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que ha suspendido cautelarmente el derecho al voto de más de 160.000 personas nacionalizadas bajo esta norma de cara a los comicios del 29-N. No obstante, según las fuentes consultadas, el hecho de que los ascendientes hayan nacido en México no acredita por sí solo que la concesión fuera ilegal, sino que pone el foco sobre la documentación utilizada para probar la ascendencia española y los controles ejercidos por las oficinas consulares. Este diario ha intentado contrastar de forma independiente la información relativa al expediente y a las denuncias de trato preferente, si bien las fuentes disponibles proceden, en su totalidad, de la investigación publicada por el medio citado y de filtraciones interesadas, por lo que las conclusiones aquí expuestas deben tomarse con la cautela propia de un asunto que presuntamente se encuentra aún bajo análisis.
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