El estudio del analista José María Gil Garre sostiene que un sector del Makhzen transmitió órdenes operativas a las fuerzas fronterizas marroquíes, mientras los documentos desclasificados acreditan que el Gobierno español disponía de avisos previos que no evitaron la crisis
Un nuevo informe elaborado por el analista de seguridad José María Gil Garre y publicado este fin de semana por La Razón atribuye la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio a un sector del Makhzen, el entramado de poder que rodea al rey Mohamed VI de Marruecos. Según el estudio, desde ese círculo se impartieron instrucciones que llegaron hasta el nivel operativo de los gendarmes y las Fuerzas Auxiliares marroquíes desplegadas junto a la frontera española, lo que permitió modular la respuesta de las fuerzas de seguridad y facilitar el paso de decenas de miles de personas.
La tesis del informe, basada en fuentes de inteligencia españolas y marroquíes consultadas por el autor, sostiene que la actuación marroquí no fue simplemente consecuencia de un colapso inesperado de la frontera, sino que respondería a una cadena de mando con capacidad para ordenar el posicionamiento de efectivos, la gestión del flujo de personas y el despliegue de barreras flotantes. El análisis considera que esta capacidad de modular la respuesta fronteriza constituye una herramienta de presión asimétrica que Marruecos podía utilizar frente a España.
Documentos desclasificados: el CNI alertó el 29 de julio
En paralelo a la publicación del informe, los documentos desclasificados por el Gobierno español han confirmado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emitió una nota urgente el 29 de julio —un día antes de la entrada masiva— en la que alertaba de un posible «asalto» por mar y tierra a Ceuta al día siguiente. Según ha podido confirmar este medio a partir de fuentes oficiales, esa comunicación fue remitida tanto al Gobierno español como a los servicios de inteligencia marroquíes (DGST y DGED) a las 18:26 horas de ese mismo día.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha insistido en que las comunicaciones del CNI «nunca alertaron de una llegada masiva» de migrantes, y ha subrayado que no se emitió ninguna «alerta formal» en ese sentido. El delegado del Gobierno en Ceuta, por su parte, ha asegurado que no conoció el aviso trasladado por el CNI a un miembro de su gabinete un día antes de la crisis.
División política y comparecencia en el Congreso
Las revelaciones del informe han reavivado la polémica política en torno a la gestión de la crisis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció el pasado 3 de septiembre en el Congreso para dar explicaciones sobre la entrada masiva y los avisos previos, en una sesión en la que la oposición cuestionó la actuación del Ejecutivo y el papel desempeñado por Marruecos.
La Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación sobre lo ocurrido. La jueza María Tardón considera que la entrada masiva pudo constituir un «ataque grave contra la integridad territorial» del país, y el informe policial remitido al juzgado atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos un proceso de «guiado activo de la masa», descartando que se tratara de un fenómeno espontáneo o incidental.
Consecuencias económicas y sociales
La crisis ha tenido un impacto devastador en la economía ceutí. La Cámara de Comercio de la ciudad autónoma ha elevado a 33 millones de euros las pérdidas directas sufridas por los comercios y bares tras la entrada masiva, una cifra que supone casi un 20% del tejido empresarial local.
El Gobierno declaró la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta mediante el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, y estableció un mando único para gestionar la crisis, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. Según los datos oficiales, más de 70.000 personas entraron en la ciudad autónoma durante los días 30 y 31 de julio, de las que la mayoría regresó voluntariamente a Marruecos, aunque alrededor de 12.000 permanecen en un limbo jurídico a la espera de la resolución de sus expedientes.
Un patrón de presión migratoria
El informe de Gil Garre se suma a otros análisis que apuntan a la instrumentalización de la migración como herramienta de presión diplomática. El Parlamento Europeo adoptó el pasado 19 de septiembre una resolución en la que condena el uso de la migración irregular con fines políticos, en una votación que supuso un revés para la narrativa marroquí sobre la crisis de Ceuta.
Mientras la investigación judicial continúa y el Gobierno sostiene que «todos los informes disponibles serán hechos públicos», la publicación de este nuevo estudio añade presión sobre el Ejecutivo para que aclare qué sabía y cuándo lo sabía antes de la mayor crisis fronteriza de la historia reciente de España.
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