El canciller Stocker impulsa una prohibición constitucional del «islam político» que fractura su coalición y enfrenta a Viena con la comunidad musulmana

La propuesta, que busca blindar en la Carta Magna la ilegalización de organizaciones y el cierre de mezquitas vinculadas a esta corriente, se topa con la oposición de los Verdes y las críticas de juristas y de la Comunidad Islámica de Austria por su «imprecisión»

El canciller austriaco, Christian Stocker (ÖVP), ha abierto un nuevo frente político al anunciar su intención de anclar en la Constitución la prohibición del denominado «islam político». La iniciativa, que la ministra de Integración, Claudia Bauer, comenzará a perfilar en las próximas semanas para someterla a sus socios de coalición , plantea ilegalizar cualquier actividad que apoye esta corriente, disolver mezquitas y organizaciones consideradas afines, confiscar sus activos e incluso retirar la ciudadanía austriaca a sus miembros o simpatizantes.

«Defendemos la libertad religiosa, pero cuando la religión se utiliza políticamente, debemos oponernos con todas nuestras fuerzas», ha justificado Stocker, quien ha subrayado que el islam político es «incompatible con nuestra democracia y nuestros valores occidentales». El canciller ha puesto el foco en la necesidad de proteger a las generaciones futuras: «No quiero que nuestros hijos y nietos crezcan en un Estado islámico». En su argumentario, Stocker ha citado datos que evidencian la magnitud del desafío que, a su juicio, enfrenta el país: los alumnos de confesión musulmana representan ya el 41,2% en las escuelas de primaria y secundaria de Viena.

La coalición, en vilo: apoyos tibios y un frente crítico

La propuesta ha puesto a prueba la frágil unidad del tripartito que gobierna Austria, formado por el conservador ÖVP, los socialdemócratas (SPÖ) y los liberales (NEOS). Mientras que los NEOS se han mostrado «entusiasmados con una propuesta factible», el SPÖ ha exigido un «debate holístico». El secretario de Estado socialdemócrata, Jörg Leichtfried, ha abierto la puerta al debate, afirmando que «un Estado de derecho, una democracia, debe defenderse cuando una religión es abusada para atacar ese Estado de derecho».

Sin embargo, el principal escollo podría venir de los Verdes, que no forman parte del Gobierno pero cuya oposición en el Parlamento podría ser clave para alcanzar la mayoría de dos tercios que exige cualquier reforma constitucional. Los ecologistas han optado por una vía alternativa y han solicitado que se investigue la posible ilegalización de las juventudes del partido ultraderechista FPÖ por sus vínculos con grupos extremistas, lo que evidencia la complejidad de un debate que trasciende lo religioso y se adentra en el terreno de la seguridad y la libertad de expresión.

Una definición «imprecisa» que genera rechazo

El principal escollo jurídico de la iniciativa es la propia definición de «islam político». La Comunidad Islámica de Austria (IGGÖ) ha advertido que el término es «inadecuado» para un proyecto de ley, al ser «impreciso y carecer de una definición científica clara». La organización ha recordado que ya existen instrumentos en el código penal, el derecho de asociaciones y el sistema de inteligencia para combatir el extremismo, y ha exigido que se especifique qué «vacío» legal pretende llenar la nueva norma. «No debe llegar a criminalizarse el ejercicio legítimo de la religión ni a poner a todos los musulmanes bajo sospecha», ha subrayado la IGGÖ.

En la misma línea, juristas como el constitucionalista Peter Bußjäger han cuestionado la viabilidad de la propuesta: «Es difícil plasmar este problema difuso en una formulación jurídicamente ejecutable». El sociólogo Kenan Güngör ha ido más allá y ha advertido del riesgo de «polarización social» si la medida se limita al islam y no se aplica también a otras corrientes extremistas, como la ultraizquierda o la ultraderecha. «Toda comunidad religiosa es política», ha sentenciado Güngör, recordando que la Iglesia católica también ejerce influencia en la esfera pública.

El fantasma del «Islamgesetz» y el precedente del velo

Austria no es ajena a los debates sobre el islam y la laicidad. El país ya cuenta con una ley de Islam de 1915, y en los últimos años ha aprobado normas como la prohibición del velo integral en espacios públicos o la conocida como «ley del Islam», que regula la financiación de las comunidades musulmanas. La nueva iniciativa de Stocker supone, no obstante, un salto cualitativo al pretender blindar la prohibición a nivel constitucional.

El anuncio llega además en un contexto de fuerte tensión tras la reciente prohibición del velo en las escuelas para niñas menores de 14 años, una medida que la propia IGGÖ ha recurrido ante el Tribunal Constitucional por considerarla discriminatoria. Varias comunidades musulmanas han anunciado que desobedecerán la norma, lo que ha generado temores de confrontación en las aulas.

El pulso con la ultraderecha y la comunidad internacional

La iniciativa de Stocker ha sido recibida con escepticismo por el FPÖ, que lleva años reclamando una ley similar. El líder de la formación ultraderechista, Herbert Kickl, ha tachado el anuncio de «declaración de relaciones públicas vacía de contenido» y ha acusado al ÖVP de haber bloqueado durante años sus propias propuestas en esta dirección.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención. La medida, que podría sentar un precedente en Europa, ha despertado inquietud en Ankara. El pasado mes de julio, Austria ya anunció la expulsión de hasta 60 imanes de origen turco y el cierre de siete mezquitas como parte de su ofensiva contra el islam político, lo que provocó una dura reacción del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan.

Próximos pasos: un largo camino parlamentario

La ministra Bauer ha asegurado que el proyecto se elaborará «de forma amplia y extensa» y que afectará a múltiples áreas del ordenamiento jurídico, incluyendo el derecho de asociación, el derecho de reunión y la legislación sobre símbolos . Sin embargo, el camino hacia su aprobación es incierto. Stocker ha admitido que desconoce cómo logrará la mayoría de dos tercios necesaria en el Parlamento, y los Verdes ya han anticipado su oposición.

Lo que está claro es que el debate sobre los límites de la libertad religiosa y la integración ha llegado para quedarse en la agenda política austriaca, y la propuesta de Stocker promete ser uno de los grandes desafíos legislativos de la legislatura.