La matanza, perpetrada por la coalición armada Viv Ansanm en la comuna de Kenscoff, eleva a más de 3.000 los asesinatos en el país caribeño en lo que va de año. Guterres exige justicia mientras la población, desbordada, sale a las calles para clamar contra un Estado que no protege
Haití amaneció este martes con una nueva y terrible cifra que engrosa el ya de por sí macabro balance de la violencia que asola el país caribeño. Al menos 47 personas perdieron la vida durante la madrugada del lunes en la comuna de Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe, en un ataque perpetrado por las bandas criminales que mantienen sumida a la nación en el caos. La noticia, confirmada por Naciones Unidas, contiene un detalle especialmente estremecedor: 22 de los fallecidos fueron ejecutados dentro del recinto de una iglesia, donde se habían refugiado intentando salvar sus vidas.
El ataque, del que se responsabiliza a la coalición armada conocida como Viv Ansanm, no fue un hecho aislado. Responde a una estrategia deliberada de estas organizaciones para extender su dominio más allá de la capital. Kenscoff, situada en un punto estratégico por su cercanía al departamento del Sudeste y a la ciudad de Jacmel —una zona que hasta ahora había permanecido relativamente al margen de la violencia—, se ha convertido en el nuevo objetivo de unos grupos que buscan consolidar su presencia y control territorial. Un control que imponen a sangre y fuego, y que deja tras de sí un reguero de cadáveres.
La respuesta de la ciudadanía no se hizo esperar. Cientos de vecinos de Kenscoff se concentraron frente a la comisaría local para denunciar la situación de inseguridad y reclamar, con la impotencia y la rabia como únicas armas, una respuesta contundente de las fuerzas del orden. La gestión estatal, cuestionada abiertamente por los manifestantes, parece ser percibida como un eslabón más de una cadena de fracasos que no logra frenar la espiral de violencia que asola la comuna desde hace más de 20 meses.
La condena internacional no ha tardado en llegar. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha trasladado su más firme repulsa por la masacre y ha exigido a las autoridades haitianas que «garanticen que los responsables de estos ataques rindan cuentas ante la justicia». Guterres ha instado a utilizar las unidades judiciales especializadas que, con apoyo internacional, se crearon recientemente para investigar crímenes masivos. Sin embargo, la petición del máximo responsable de Naciones Unidas choca con la cruda realidad sobre el terreno, donde la presencia del Estado es, en el mejor de los casos, limitada.
Las cifras que maneja la ONU dibujan un panorama desolador. En los primeros seis meses del año, la violencia en Haití ha causado al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos. Pero el drama va mucho más allá de las víctimas mortales. Cerca de 5,8 millones de haitianos, más de la mitad de la población, sufren inseguridad alimentaria, mientras que la cifra de desplazados internos alcanzó el año pasado la cifra récord de 1,4 millones de personas.
El ataque a la iglesia de Kenscoff es un terrible recordatorio de que en Haití ya no hay espacios sagrados ni seguros. La violencia de las bandas, que se ha cobrado la vida de decenas de personas en un solo ataque, no solo está destruyendo el presente de la nación, sino que está dinamitando los pilares más básicos de su tejido social y humanitario.
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