El ministro de Asuntos Exteriores ha defendido la importancia de la institución durante un encuentro internacional celebrado en Madrid con motivo de su quinto centenario. La reunión ha congregado a representantes de siete Consejos de Estado europeos, Colombia y organismos comunitarios para analizar la independencia jurídica, la calidad normativa y los desafíos de las democracias actuales.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reivindicado el papel del Consejo de Estado como una de las instituciones fundamentales para preservar el funcionamiento del sistema democrático español. Durante su intervención este viernes 20 de noviembre en Madrid, el responsable de la diplomacia española ha destacado que la labor consultiva de este organismo constituye «la piedra de toque del Estado social y democrático de Derecho».
Las declaraciones se han producido durante la apertura institucional del simposio internacional La función consultiva en las democracias contemporáneas, organizado en el marco de las actividades conmemorativas del quinto centenario del Consejo de Estado.
El encuentro, celebrado en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, ha reunido a representantes de diferentes instituciones consultivas europeas e internacionales para analizar cómo pueden contribuir estos organismos a reforzar la seguridad jurídica, la calidad de las leyes y el respeto al ordenamiento constitucional.
Según la información difundida por Europa Press, Albares ha puesto el acento en la importancia de las funciones que desarrolla el Consejo de Estado y en su contribución al mantenimiento de las garantías institucionales. Su intervención se enmarca en un contexto en el que el funcionamiento de las instituciones, la independencia de los órganos públicos y la protección de los principios democráticos ocupan un lugar destacado en el debate político europeo.
Quinientos años de historia al servicio de las instituciones
La celebración del quinto centenario convierte este encuentro en una ocasión especial para recordar la trayectoria histórica del Consejo de Estado.
La institución fue creada en 1526 durante el reinado de Carlos I, posteriormente conocido como Carlos V, y ha atravesado diferentes etapas de la historia política española. Su función ha evolucionado con el paso de los siglos hasta convertirse en el máximo órgano consultivo del Gobierno dentro del actual sistema constitucional.
La conmemoración de los 500 años pretende acercar a la ciudadanía el papel que desempeña este organismo y explicar por qué continúa siendo una pieza relevante de la arquitectura institucional española.
La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, inauguró el simposio el jueves 19 de noviembre y defendió la importancia de la función consultiva como instrumento de garantía y rigor jurídico.
Durante su intervención sostuvo que estos órganos deben asesorar a los gobiernos desde la independencia y la prudencia, sin sustituir a los responsables políticos en la toma de decisiones.
Calvo también recordó que el Consejo de Estado no participa en las controversias partidistas, sino que ofrece conocimientos jurídicos para ayudar a que las decisiones públicas respeten la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
En su opinión, la función consultiva constituye un elemento de equilibrio entre la actuación de los poderes públicos y las garantías que deben proteger a los ciudadanos.
El encuentro ha permitido además poner en común las experiencias de diferentes países que cuentan con instituciones similares, algunas de ellas con modelos de funcionamiento y competencias distintas.
Qué funciones tiene realmente el Consejo de Estado
Más allá de las declaraciones políticas, el Consejo de Estado desempeña una función concreta dentro del sistema institucional español.
El artículo 107 de la Constitución Española establece que es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Su funcionamiento está regulado por la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
Entre sus principales responsabilidades se encuentra examinar determinados proyectos normativos, tratados internacionales, reclamaciones administrativas y otras cuestiones jurídicas que el Gobierno o los organismos competentes someten a su consideración.
Su objetivo es comprobar que las actuaciones administrativas y las normas respetan el ordenamiento jurídico y cuentan con una fundamentación adecuada.
Una de sus características más importantes es su autonomía orgánica y funcional, prevista expresamente en la legislación para garantizar la objetividad y la independencia de sus pronunciamientos.
Sin embargo, existe un aspecto que conviene aclarar: sus dictámenes no son generalmente vinculantes. Esto significa que, salvo que una norma establezca expresamente lo contrario, el Gobierno conserva la capacidad de adoptar la decisión final, aunque debe dejar constancia de si actúa de acuerdo con el criterio del Consejo o si se aparta de él.
Esta distinción resulta fundamental para comprender su papel. El organismo no sustituye al Ejecutivo, no aprueba leyes y tampoco ejerce funciones propias de los tribunales de justicia.
Su trabajo consiste en aportar un análisis jurídico especializado antes de que se adopten determinadas decisiones administrativas o normativas.
Por este motivo, Albares ha querido destacar la relevancia de una institución cuya actividad se desarrolla lejos de la confrontación parlamentaria, pero que puede tener consecuencias importantes sobre la legalidad y la calidad de las decisiones públicas.
Más de 1.100 dictámenes emitidos durante 2025
La actividad recogida en la última memoria anual del Consejo de Estado permite conocer la dimensión real de su trabajo.
Según la Memoria correspondiente a 2025, durante ese ejercicio el organismo despachó 1.315 expedientes, de los cuales 1.130 fueron objeto de dictamen con pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Entre las materias examinadas aparecen cuestiones relacionadas con tratados internacionales, disposiciones generales, recursos administrativos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial y asuntos vinculados al derecho de la Unión Europea.
La memoria también recoge la existencia de dictámenes urgentes, que requieren una tramitación más rápida por las circunstancias del expediente o por la solicitud de la autoridad consultante.
Otro dato destacado es que el 99,58 % de los dictámenes emitidos fueron asumidos por las autoridades consultantes, según la información presentada por la presidenta del Consejo de Estado y la consejera permanente Paz Andrés Sáenz de Santa María.
Esta cifra refleja el elevado grado de coincidencia entre los criterios jurídicos del organismo y las decisiones finalmente adoptadas por las administraciones que solicitan su intervención.
No obstante, el porcentaje de aceptación no significa que el Consejo de Estado tome las decisiones políticas o administrativas. La responsabilidad final continúa correspondiendo a los órganos competentes.
La memoria anual constituye además un instrumento de transparencia, puesto que permite conocer las consultas recibidas, las materias examinadas y las observaciones que la institución considera relevantes para mejorar el funcionamiento de la Administración.
Representantes de siete países europeos participan en el encuentro
El simposio celebrado en Madrid ha contado con representantes de los Consejos de Estado de Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos.
También han participado representantes del Consejo de Estado de Colombia y del Comité Económico y Social Europeo.
La presencia de estas instituciones ha permitido abordar las diferencias existentes entre los distintos modelos de asesoramiento jurídico de las administraciones públicas.
Durante las sesiones se han tratado cuestiones relacionadas con la calidad normativa, la protección de los derechos fundamentales, la aplicación del derecho europeo y la relación entre los órganos consultivos y los gobiernos.
Uno de los asuntos centrales ha sido la función que pueden desempeñar estas instituciones en las democracias contemporáneas, especialmente cuando las administraciones deben responder a situaciones jurídicas cada vez más complejas.
También se ha debatido sobre la importancia de la transparencia y de utilizar un lenguaje comprensible para que los ciudadanos puedan conocer las normas que deben cumplir.
El encuentro ha servido asimismo para analizar cómo los organismos consultivos pueden adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos y a la utilización de herramientas de inteligencia artificial en la Administración pública.
La expansión de estas tecnologías plantea interrogantes sobre la protección de los derechos individuales, la seguridad jurídica y la responsabilidad de las instituciones cuando utilizan sistemas automatizados para tomar o preparar decisiones.
La inteligencia artificial y los nuevos desafíos del Estado de Derecho
La transformación tecnológica ha adquirido un protagonismo creciente en los debates sobre el funcionamiento de las democracias.
La incorporación de herramientas de inteligencia artificial a las administraciones públicas puede facilitar determinados procedimientos, reducir tiempos de tramitación y mejorar la gestión de grandes cantidades de información.
Sin embargo, también obliga a establecer garantías para evitar decisiones automatizadas sin suficiente supervisión, problemas de transparencia o posibles vulneraciones de los derechos de los ciudadanos.
Durante la inauguración del simposio, Carmen Calvo ya había advertido de la necesidad de que los juristas participen activamente en la respuesta a estos nuevos desafíos.
La presidenta del Consejo de Estado defendió que las nuevas tecnologías deben desarrollarse dentro de un marco de seguridad jurídica y respeto a los principios democráticos.
La cuestión también conecta con el papel de los organismos consultivos en la elaboración de normas. Antes de aprobar determinadas regulaciones, resulta necesario estudiar sus consecuencias jurídicas, comprobar su compatibilidad con la legislación vigente y evaluar sus posibles efectos sobre los ciudadanos.
En este sentido, el Consejo de Estado puede desempeñar una función relevante mediante sus dictámenes y estudios especializados.
El debate sobre la independencia institucional continúa presente
La reivindicación del papel del Consejo de Estado se produce en un momento en el que la independencia de las instituciones públicas constituye uno de los asuntos recurrentes del debate político español.
La relación entre los órganos consultivos, el Gobierno y el resto de poderes del Estado exige respetar las competencias que establece la legislación.
La propia presidenta del Consejo de Estado ha insistido en que su institución no está concebida para resolver discrepancias entre partidos ni para intervenir en las disputas políticas.
Su cometido consiste en examinar cuestiones jurídicas y ofrecer criterios técnicos desde la autonomía y la imparcialidad que reconoce la ley.
Por tanto, las declaraciones de Albares deben entenderse dentro del contexto institucional del acto y no como un pronunciamiento sobre una controversia política o un procedimiento concreto.
El simposio ha concluido este viernes con una última jornada dedicada a la relación entre la función consultiva y el derecho de la Unión Europea, así como al papel de estos organismos en los Estados descentralizados.
La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha sido la encargada de realizar la clausura institucional.
Con esta reunión internacional, España ha situado en el centro de la conmemoración de los cinco siglos del Consejo de Estado una cuestión que va más allá de su trayectoria histórica: la importancia de contar con instituciones capaces de aportar seguridad jurídica, asesoramiento independiente y garantías en el funcionamiento de las democracias contemporáneas.
Fuentes utilizadas y comprobación:
Fuente de las declaraciones
Europa Press – 20 de noviembre de 2026
Grabación de la intervención de José Manuel Albares en el Consejo de Estado. Duración: 7 minutos y 48 segundos.Consultar declaraciones del ministro
Fuente institucional
Consejo de Estado – 19 y 20 de noviembre de 2026
Programa y contenido del simposio internacional, participantes y sesiones.Consultar información oficial del simposio
Fuente jurídica oficial
Boletín Oficial del Estado
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Regula sus funciones, autonomía y carácter de los dictámenes.Consultar legislación consolidada
Consejo de Estado – Memoria 2025
Datos oficiales de actividad: 1.315 expedientes despachados y 1.130 dictámenes de fondo.Consultar memoria anual
Consejo de Estado – 10 de noviembre de 2026
Declaraciones de Carmen Calvo sobre la independencia, imparcialidad y función institucional del organismo.Consultar declaraciones de la presidenta
Ministerio de la Presidencia – 16 de noviembre de 2026
Información sobre el quinto centenario y el papel constitucional del Consejo de Estado.Consultar información ministerial


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