La iniciativa «Te cedo mi voto», impulsada por la activista Safia El Aaddam, vuelve a ganar visibilidad antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La propuesta busca conectar a ciudadanos que no tienen intención de acudir a las urnas con personas extranjeras que no pueden participar en determinados procesos electorales. El debate plantea interrogantes sobre la representación política, el derecho al sufragio y los límites legales de este tipo de acuerdos simbólicos.
MADRID | 18 DE NOVIEMBRE DE 2026
Una iniciativa que pretende dar visibilidad a las personas extranjeras que no pueden participar en las elecciones españolas ha vuelto a generar debate político y social a pocos días de la celebración de los comicios generales del próximo 29 de noviembre. Se trata de la campaña «Te cedo mi voto», promovida por la activista y escritora Safia El Aaddam, que propone una fórmula de colaboración entre ciudadanos con derecho a voto que no tienen intención de ejercerlo y personas migrantes que desean participar en las decisiones políticas, pero carecen de los requisitos legales para hacerlo.
La iniciativa, que comenzó a desarrollarse en 2019, ha vuelto a circular por las redes sociales y ha adquirido una mayor repercusión después de que su promotora explicase su funcionamiento en el programa radiofónico «Vostè primer», presentado por Marc Giró en RAC1.
La propuesta parte de una realidad jurídica: no todas las personas que viven en España tienen derecho a votar en todas las elecciones. Mientras que los ciudadanos españoles mayores de edad inscritos en el censo pueden participar en las elecciones generales, numerosos residentes extranjeros quedan excluidos de este proceso, aunque lleven años viviendo, trabajando y desarrollando su vida en el país.
Ante esta situación, El Aaddam plantea una fórmula simbólica para que quienes no quieran acudir a las urnas puedan comprometerse a votar según las preferencias de otra persona que no tiene reconocido ese derecho electoral.
La iniciativa ha despertado interés, pero también interrogantes sobre el significado de la libertad de sufragio, la representación política y la legalidad de los acuerdos privados que se establecen entre los participantes.
Es importante aclarar desde el principio que no se trata de una transferencia legal del derecho a voto. La persona extranjera no acude a la mesa electoral para votar en nombre de otra ni adquiere por este procedimiento la condición de elector. Quien introduce la papeleta en la urna sigue siendo el ciudadano que figura inscrito en el censo electoral.
Safia El Aaddam explica el funcionamiento de la campaña en RAC1
La reactivación de la iniciativa ha llegado a los medios de comunicación después de la intervención de Safia El Aaddam en el programa de Marc Giró el pasado 2 de noviembre.
Durante la entrevista, la activista explicó que la campaña nació de su propia experiencia personal y de la reflexión sobre las personas que viven en España, pero no pueden participar en las elecciones por no disponer de la nacionalidad española o no cumplir los requisitos establecidos para determinados comicios.
Según relató, la iniciativa comenzó en 2019 a través de las redes sociales, con el objetivo de conectar a personas que no tenían interés en votar con otras que sí deseaban participar en las decisiones políticas.
El planteamiento consiste en establecer una especie de acuerdo de confianza entre ambas partes.
Una persona que tiene derecho a votar, pero no quiere hacerlo, se pone en contacto con otra que no puede ejercer ese derecho. Ambas conversan sobre las preferencias políticas de esta última y establecen un compromiso por el que el ciudadano con derecho a sufragio acudirá a las urnas y depositará la papeleta que corresponda a la opción elegida por su pareja de voto.
Durante la entrevista, la propia El Aaddam insistió en que se trata de una campaña simbólica y explicó que el voto lo emite siempre la persona que tiene el DNI y está habilitada para participar en las elecciones.
La activista también explicó que los participantes pueden ponerse en contacto mediante publicaciones e infografías difundidas en redes sociales.
En ellas aparecen personas que ofrecen su voto y otras que solicitan establecer una pareja de participación.
Según la promotora, la campaña llegó a extenderse a diferentes convocatorias electorales posteriores a 2019, tanto municipales como autonómicas.
El Aaddam aseguró durante la entrevista que la iniciativa había conseguido que más de 2.000 personas participasen en parejas de voto durante su primera etapa. Se trata de una cifra comunicada por la propia impulsora, no de un recuento oficial publicado por la Administración electoral.
¿Qué significa realmente «ceder el voto»?
Una de las cuestiones que más confusión puede generar es la utilización de la expresión «ceder el voto».
Desde el punto de vista jurídico, el derecho de sufragio no se transmite de una persona a otra mediante un acuerdo privado.
La persona que no tiene derecho a votar no puede adquirirlo por el simple hecho de encontrar a un ciudadano dispuesto a seguir sus instrucciones.
Tampoco puede presentarse en una mesa electoral y ejercer el derecho de otra persona.
Lo que propone la campaña es diferente: que un elector decida libremente qué opción política votar después de conocer las preferencias de alguien que no puede participar en el proceso.
En consecuencia, la decisión formal sigue correspondiendo al ciudadano inscrito en el censo.
Esta diferencia es fundamental porque evita presentar la iniciativa como un mecanismo que permita a personas extranjeras votar directamente en las elecciones generales españolas.
La campaña busca, en realidad, trasladar simbólicamente una preferencia política a través del voto de otra persona.
El debate está en si este tipo de compromiso representa una forma legítima de solidaridad política o si puede generar problemas cuando la voluntad del elector queda condicionada por un acuerdo previo.
Qué dice la legislación española sobre el derecho al sufragio
La Constitución Española establece en su artículo 23 el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o mediante representantes libremente elegidos.
Por su parte, el artículo 13.2 establece que los derechos reconocidos en el artículo 23 corresponden, con carácter general, a los españoles, aunque contempla excepciones para el sufragio en elecciones municipales cuando exista reciprocidad mediante tratados o leyes.
Esta regulación implica que el acceso al voto depende del tipo de convocatoria electoral y de la situación jurídica de cada persona.
En las elecciones generales al Congreso y al Senado, pueden votar los ciudadanos españoles mayores de edad que estén inscritos en el censo electoral y cumplan los requisitos legales.
Los ciudadanos extranjeros que residen legalmente en España no adquieren automáticamente ese derecho por estar empadronados o disponer de una autorización de residencia.
Sin embargo, existen excepciones importantes.
Los ciudadanos de otros países de la Unión Europea que residen en España pueden participar en las elecciones municipales y europeas cuando cumplen los requisitos de inscripción y manifiestan su voluntad de ejercer el sufragio en España.
Asimismo, determinados ciudadanos de países extracomunitarios pueden votar en elecciones municipales cuando existe un acuerdo de reciprocidad con España y cumplen las condiciones legales correspondientes.
Por tanto, no todos los extranjeros se encuentran en la misma situación electoral.
La exclusión de las elecciones generales afecta a quienes no tienen nacionalidad española, pero existen supuestos en los que determinados residentes extranjeros sí pueden participar en otras convocatorias.
Esta distinción es importante para entender el argumento de la campaña y evitar generalizaciones sobre las personas migrantes que viven en el país.
La Junta Electoral Central ya estudió una iniciativa similar en 2021
La polémica tampoco es completamente nueva.
La propuesta de establecer acuerdos entre ciudadanos con derecho a voto y personas que no pueden ejercerlo ya fue objeto de atención por parte de las autoridades electorales durante las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid de 2021.
Según recoge La Gaceta en su información del 18 de noviembre, la Junta Electoral Central analizó entonces una comunicación remitida por el Ministerio del Interior relacionada con una iniciativa similar.
El organismo archivó aquella comunicación al no apreciar indicios suficientes de infracción electoral en las circunstancias examinadas.
No obstante, el antecedente también recogía una advertencia sobre la necesidad de vigilar que la iniciativa no evolucionase hacia situaciones de coacción o alteración de la libertad del elector.
Este matiz es especialmente importante.
El archivo de una comunicación no equivale a una autorización general e ilimitada para cualquier actuación que pueda realizarse bajo el nombre de la campaña.
Cada caso debe analizarse teniendo en cuenta sus circunstancias, especialmente si existen presiones, contraprestaciones económicas, amenazas o cualquier otro elemento que pueda vulnerar la libertad del sufragio.
Hasta el momento, no consta en las fuentes consultadas un nuevo pronunciamiento formal de la Junta Electoral Central sobre la reactivación de esta campaña de cara a las elecciones del 29 de noviembre.
El voto es personal y la libertad del elector debe mantenerse
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) regula las condiciones en las que se ejerce el derecho de sufragio.
Su artículo 146 contempla sanciones para quienes soliciten o induzcan el voto de un elector mediante recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas de estas, así como para quienes utilicen violencia o intimidación para obligar a una persona a votar contra su voluntad o revelar el sentido de su papeleta.
La normativa también establece mecanismos para proteger el secreto y la libertad del voto.
En este contexto, la diferencia entre un acuerdo voluntario y una conducta ilícita resulta determinante.
Si dos personas deciden libremente establecer un compromiso simbólico, sin pagos, amenazas ni coacciones, no debe afirmarse automáticamente que estén cometiendo un delito.
Sin embargo, si aparecen elementos de presión, compra de votos o manipulación de la voluntad del elector, la situación puede adquirir una dimensión jurídica diferente.
Por ello, la existencia de un acuerdo privado no significa que cualquier actuación relacionada con él esté exenta de control legal.
Tampoco debe confundirse esta iniciativa con el voto por representación.
La normativa electoral permite determinadas actuaciones de representación para trámites concretos, como la solicitud del voto por correo en situaciones justificadas de enfermedad o discapacidad, pero eso no supone que una persona pueda entregar libremente su derecho de sufragio a otra.
La persona inscrita en el censo sigue siendo la responsable de emitir su voto conforme a las condiciones establecidas por la ley.
El debate sobre los inmigrantes que viven en España y no pueden votar
La campaña vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que lleva años formando parte del debate político español: la participación electoral de los residentes extranjeros.
España cuenta con una población extranjera que participa en diferentes ámbitos de la sociedad, desde el mercado laboral hasta el sistema educativo, los servicios públicos y la actividad económica.
Sin embargo, la posibilidad de participar en las elecciones no es idéntica para todos los residentes.
El requisito de la nacionalidad española para votar en las elecciones generales provoca que muchas personas que llevan años viviendo en el país no puedan elegir directamente a los representantes del Congreso y del Senado.
Esta situación ha generado distintas propuestas políticas y sociales que plantean ampliar los derechos de participación electoral de los extranjeros residentes.
Entre las cuestiones debatidas se encuentran la ampliación de los acuerdos de reciprocidad para las elecciones municipales, la duración de la residencia exigida y la posibilidad de modificar el marco constitucional para reconocer nuevas formas de participación.
Quienes defienden ampliar estos derechos consideran que las personas que contribuyen a la sociedad y están sujetas a sus decisiones políticas deberían disponer de mayores mecanismos de representación.
Por el contrario, quienes defienden mantener el actual sistema sostienen que la nacionalidad y el vínculo jurídico con el Estado constituyen criterios relevantes para determinar quién participa en la elección de las instituciones nacionales.
La campaña de El Aaddam se sitúa dentro de este debate, aunque utiliza una fórmula diferente: no plantea directamente una reforma legislativa, sino una acción simbólica entre ciudadanos.
Una campaña que utiliza las redes sociales para encontrar parejas de voto
La difusión de «Te cedo mi voto» se apoya principalmente en las redes sociales y en los contactos entre personas interesadas en participar.
La iniciativa utiliza publicaciones en las que los ciudadanos pueden indicar si ofrecen su voto o si desean encontrar a alguien dispuesto a establecer ese compromiso.
La página web asociada a la campaña, votaresunprivilegio.es, sirve como punto de referencia para conocer sus planteamientos y acceder a la información difundida por sus promotores.
En la entrevista de RAC1, El Aaddam explicó que el contacto puede realizarse mediante las publicaciones de Instagram y que existen participantes que ya habían establecido parejas de voto en convocatorias anteriores.
La activista también señaló que la iniciativa pretende salir del ámbito digital y extenderse a las relaciones personales, familiares y vecinales.
Es decir, la campaña no depende exclusivamente de una plataforma de intermediación, sino que busca que las personas que no tienen intención de votar puedan conversar directamente con alguien que no dispone de ese derecho.
Este planteamiento convierte la propuesta en una iniciativa de movilización social, aunque su funcionamiento depende de la voluntad individual de quienes participan y de que respeten en todo momento las normas electorales.
Marc Giró da visibilidad a una propuesta que vuelve a generar discusión
La entrevista emitida en «Vostè primer» ha contribuido a que la iniciativa alcance una audiencia más amplia.
Durante la conversación, Marc Giró preguntó a la activista cómo se desarrollaba el proceso y qué ocurría cuando una persona aceptaba votar siguiendo las preferencias de otra.
La explicación permitió aclarar que el elector conserva físicamente su derecho de sufragio y que el compromiso se establece mediante un acuerdo de confianza.
La entrevista también mostró una de las características principales de la propuesta: la campaña pretende que quien decide no votar reflexione sobre el valor de ese derecho y sobre la situación de quienes no pueden ejercerlo.
La intervención radiofónica no constituye un respaldo institucional a la campaña ni modifica la legislación electoral, pero sí ha servido para aumentar su difusión pública.
La polémica posterior refleja que la cuestión va más allá de una simple iniciativa en redes sociales.
El debate afecta a la forma en que se entiende la participación política, a los límites de los acuerdos privados y al reconocimiento de los derechos de las personas extranjeras residentes en España.
¿Puede cambiar la campaña el resultado de las elecciones?
Una de las preguntas que puede surgir es si una iniciativa de estas características tiene capacidad para modificar el resultado de unas elecciones generales.
La campaña no dispone de un mecanismo oficial que permita contabilizar los votos emitidos mediante estos acuerdos ni existe un registro electoral de las personas que deciden seguir las preferencias de otra.
Por tanto, no es posible establecer con los datos disponibles cuántos sufragios podrían estar vinculados a la iniciativa en los comicios del 29 de noviembre.
La cifra de más de 2.000 participantes mencionada por El Aaddam corresponde a su valoración sobre la primera etapa de la campaña en 2019 y no debe extrapolarse automáticamente a las elecciones actuales.
Tampoco puede afirmarse que esos votos vayan a beneficiar a una formación política concreta.
La iniciativa no se presenta como una campaña de apoyo a un partido determinado, sino como una propuesta para que los ciudadanos que no tienen intención de participar en las elecciones puedan expresar simbólicamente las preferencias de personas que no tienen reconocido ese derecho.
En consecuencia, cualquier afirmación sobre un supuesto efecto electoral concreto necesitaría datos verificables que actualmente no están disponibles.
Una controversia que vuelve a situar el derecho al voto en el centro del debate
La reactivación de «Te cedo mi voto» llega en un momento especialmente sensible, a pocos días de unas elecciones generales en las que la participación ciudadana volverá a ser uno de los elementos centrales de la jornada electoral.
La iniciativa de Safia El Aaddam plantea una reflexión sobre la diferencia entre tener reconocido un derecho y poder ejercerlo.
Al mismo tiempo, abre un debate sobre si un ciudadano puede comprometerse voluntariamente a votar siguiendo las preferencias de otra persona sin que ello suponga una vulneración de la libertad del sufragio.
La respuesta requiere distinguir entre la naturaleza simbólica del acuerdo y las condiciones en las que se lleva a cabo.
La legislación española no permite transferir el derecho de voto a otra persona, pero sí reconoce la libertad del elector para decidir qué candidatura apoya, siempre que su decisión no esté condicionada por prácticas prohibidas.
El antecedente de la Junta Electoral Central de 2021 demuestra, además, que una iniciativa similar ya fue examinada sin que entonces se apreciasen indicios suficientes de infracción en las circunstancias analizadas.
Por ahora, la campaña continúa difundiendo su mensaje y no consta una nueva resolución electoral que determine un cambio en su situación jurídica.
La principal cuestión que deja esta iniciativa no es quién puede depositar una papeleta en una urna, porque la ley establece claramente quién está autorizado para hacerlo, sino hasta dónde puede llegar el compromiso voluntario de un elector de representar simbólicamente las preferencias políticas de otra persona. Un debate que vuelve a enfrentar dos conceptos fundamentales de la democracia: la libertad individual para ejercer el voto y la reivindicación de una mayor participación política de quienes viven en España sin tener derecho a intervenir en todas sus elecciones.
Fuentes utilizadas para contrastar la información
Fuentes oficiales y documentación jurídica
1. Constitución Española, artículos 13 y 23. Regula el derecho de participación política y las condiciones generales del sufragio de los ciudadanos extranjeros. Consultar en el BOE. BOE
2. Ministerio del Interior – Derecho de sufragio. Explica quién puede votar en las elecciones generales, municipales y europeas. Consultar información electoral. El derecho de sufragio
3. Junta Electoral Central – Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Normativa sobre el procedimiento electoral y las conductas relacionadas con la compra de votos y la coacción. Consultar la LOREG. Junta Electoral Central+1
4. Junta Electoral Central – Electores. Información sobre el ejercicio personal del voto y las excepciones previstas para determinados trámites electorales. Consultar. Electores
Fuentes periodísticas y declaraciones originales
5. La Gaceta – Información original sobre la campaña. Leer artículo.
6. RAC1 – Entrevista a Safia El Aaddam del 2 de noviembre de 2026. Fuente especialmente importante porque recoge las explicaciones de la propia promotora. Escuchar el programa. Vostè primer+1
7. La Sexta – Información sobre Marc Giró y sus intervenciones relacionadas con la inmigración y la nacionalidad. Consultar.
8. La Gaceta – Antecedente sobre la Junta Electoral Central de 2021. La información original recoge el archivo de una comunicación relacionada con una iniciativa similar. Conviene obtener el texto íntegro del Acuerdo 246/2021 antes de atribuirle un alcance jurídico más amplio.


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