El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha vuelto a situar el foco de la polémica en su gestión de la crisis migratoria de Ceuta con una afirmación que, según la información recogida por este periódico, choca frontalmente con el relato que se desprende de las diligencias judiciales y de los documentos desclasificados por su propio Ejecutivo. Durante su entrevista en el pódcast The Wild Project, que dirige Jordi Wild, y cuyas conclusiones han sido difundidas por medios como El Confidencial, La Razón, El Faro de Ceuta y RTVE, Sánchez fue tajante: «No recibimos ningún aviso de ningún servicio de inteligencia» que permitiera anticipar la dimensión de la entrada masiva de migrantes ocurrida los días 30 y 31 de julio. El presidente sostuvo que «no había ese informe» y que lo único que se sabía era que «empezaba a haber un pico de llegadas, a lo mejor de mil migrantes, pero en absoluto los más de 80.000» que, supuestamente, acabaron cruzando la frontera.
La declaración, emitida a escasas semanas de las elecciones generales del 29-N, no es nueva en el fondo, pero adquiere una nueva dimensión por el formato elegido —un pódcast de masiva audiencia entre el público joven— y por el momento político. Lo que Sánchez presenta como una ausencia de información oficial es, según las fuentes consultadas, una laguna que la oposición y los documentos judiciales interpretan de manera muy distinta: no como la falta de un aviso, sino como la falta de una alerta formal que el propio CNI no elevó por los cauces que el Gobierno considera preceptivos, pese a que sus agentes en Ceuta sí transmitieron advertencias concretas sobre un «asalto» inminente.
La «alerta formal» que nunca llegó (según el Gobierno)
Para sostener su versión, el Ejecutivo se apoya en una distinción técnica que según fuentes gubernamentales citadas por RTVE, resulta capital: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no emitió «ninguna alerta formal» a través de la cadena de mando estipulada, es decir, no remitió la advertencia a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa ni a la Policía Nacional. Lo que el CNI hizo, de acuerdo con los documentos desclasificados por el propio Gobierno en septiembre, fue transmitir a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil, a través de mensajes de WhatsApp y una llamada, que en redes sociales se estaban organizando convocatorias para un «asalto» a la ciudad autónoma el 29 de julio, un día antes de que la avalancha se produjera. El Gobierno sostiene que esa información «no anunciaba una llegada masiva», sino que se limitaba a informar de que «estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook», un indicio que, según su interpretación, «dista mucho de ser un indicador de escala o de probabilidad sólido».
Sánchez, en un mensaje publicado en la red social X y recogido por RTVE, insistió en que la información trasladada «en modo alguno constituía o podía interpretarse como un indicador de la escala, naturaleza o probabilidad de lo que pasó después». El presidente llega a una conclusión que repitió en el pódcast: «Con la información que existía entonces, nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo los días 30 y 31. Ningún organismo competente lo hizo. Ni en España, ni en la UE».
Lo que el CNI sí transmitió: 19 mensajes y una llamada
Frente a esa versión, el relato que se desprende de la declaración de Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, es notablemente más concreto. Según la información publicada por EFE, RTVE y La Razón, Sanz ratificó que el 29 de julio, a las 13:52 horas, recibió un mensaje del CNI en el que se le informaba de un llamamiento en redes para un asalto «por la valla y por mar» al día siguiente, aprovechando la Fiesta del Trono, y en el que se advertía de que las fuerzas de seguridad marroquíes «estarán liadas» con los actos oficiales. En un segundo mensaje, el CNI señalaba la existencia de dos grupos en redes con un total de 180.000 seguidores, para que se hiciera «una idea del alcance de la difusión». Sanz respondió con un «sus rilas», una expresión coloquial que, según el relato del propio testigo, reflejaba asombro ante la magnitud de la convocatoria.
Sanz declaró que trasladó esa alerta a su superior, el entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, ese mismo día, y que «no se paró de pedir ayuda» al Ejecutivo central antes, durante y después de la avalancha. Aportó su teléfono móvil a la causa y señaló la existencia de 19 mensajes y una llamada con los servicios de inteligencia que, según su testimonio recogido por La Razón, no habían sido desclasificados. La jueza Tardón, de acuerdo con las fuentes jurídicas citadas por EFE, tendrá que pedir al Gobierno la desclasificación de esa información para poder acceder a ella. La contradicción entre el relato de Sanz y las declaraciones de Pérez Triano —quien negó haber tenido conocimiento de las advertencias hasta que se desclasificaron los informes— precipitó la dimisión de ambos, un episodio que, supuestamente, añade un elemento de fractura interna en la cadena de mando de la crisis.
El «bulo» y la Fiesta del Trono: la coartada contextual
En su entrevista con Wild, Sánchez no se limitó a negar la existencia de un aviso de inteligencia; construyó un relato alternativo sobre las causas de la avalancha. Según recoge El Faro de Ceuta, el presidente atribuyó la magnitud de la entrada a la combinación de dos factores: la difusión en redes sociales de una interpretación interesada de una sentencia del Tribunal Supremo que, según esa lectura viral, garantizaba que «si una persona entraba a nado en España no podía ser expulsada», y la coincidencia con la Fiesta del Trono de Marruecos, una jornada en la que, según su interpretación, las fuerzas de seguridad marroquíes estaban más centradas en proteger a sus autoridades que en colaborar con España en el control migratorio. Sánchez describió la frontera de Ceuta como «una de las más difíciles de gestionar del mundo» debido a la diferencia de renta entre ambos lados, que cifró en una proporción de ocho a uno.
El presidente también se refirió al «dilema» al que, según su versión, se enfrentó su Gobierno: «¿Nos liamos a tiros con chavales que van desarmados y que están saltando al mar, o tratamos de absorberlos para que luego se puedan ir?». Con esta formulación, Sánchez trataba de supuestamente justificar la ausencia de una respuesta coercitiva inmediata y de presentar la gestión de su Ejecutivo como la única opción humanamente viable, al tiempo que desviaba la responsabilidad última hacia factores externos —el bulo, la fiesta marroquí— y no hacia una posible dejación de funciones en la anticipación de la crisis.
Las cifras: el dato que desmiente la «sorpresa»
Uno de los aspectos más problemáticos del relato de Sánchez es el de las cifras previas. El presidente afirmó en el pódcast que lo único que se sabía era que «empezaba a haber un pico de llegadas, a lo mejor de mil migrantes», una cifra que, según sus propias palabras, no permitía anticipar las más de 80.000 personas que llegaron en apenas 48 horas. Sin embargo, los datos del Ministerio del Interior, según publicó El Confidencial citando el balance oficial, muestran que las llegadas irregulares a Ceuta ya se habían disparado un 150% en lo que iba de 2026 antes del estallido de la crisis, pasando de 1.113 personas en el mismo periodo del año anterior a 2.826. Es decir, la tendencia era claramente ascendente y supuestamente conocida por el departamento que dirige el propio Ejecutivo, lo que debilita la tesis de que la crisis fue una sorpresa absoluta y sin señales previas.
Las cifras totales de la entrada masiva también han sido objeto de disputa. Según los datos manejados por el Gobierno y recogidos por El País, las autoridades españolas cifraron en más de 50.000 los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma, mientras que Marruecos rebajó la cifra a 40.000. Otras fuentes, como el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, llegaron a calcular en 60.000 las entradas, y el propio Sánchez ha utilizado en sus comparecencias la cifra de más de 80.000 personas. La disparidad de cifras, según la información disponible, no impide constatar la magnitud excepcional del suceso, pero sí revela la falta de una contabilidad unificada y oficial que, supuestamente, habría facilitado una respuesta más proporcionada.
La reacción de la oposición: de la «mentira» al despliegue militar
La comparecencia de Sánchez en el pódcast de Wild no fue un hecho aislado. El mismo día, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, también pasaron por los micrófonos del programa, y sus respuestas sobre Ceuta contrastaron radicalmente con la del presidente. Según recoge El Confidencial, Feijóo fue mucho más contundente y llegó a plantear el despliegue del Ejército: «Si Marruecos no blinda la frontera, desplegaría al Ejército». El líder popular detalló que su primera medida habría sido contactar con el Gobierno marroquí para exigirle el cierre de la frontera y que, en caso de no obtener colaboración, habría escalado el asunto a la Unión Europea y habría advertido a Rabat de que España estaba dispuesta a «desplegar el ejército en la frontera» para proteger lo que considera «una parte de la Unión Europea».
Feijóo fue más allá y acusó a Sánchez de ocultar información del CNI y de haberse marchado «de vacaciones 25 días» tras visitar Ceuta, una afirmación que el presidente desmintió durante su entrevista al asegurar que «no estaba de vacaciones, estaba trabajando» en otra residencia oficial del Gobierno. La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, llegó a afirmar, según RTVE, que «Pedro Sánchez mintió» sobre Ceuta y que «hoy lo sabemos oficialmente», en referencia a la desclasificación de los documentos del CNI.
Ada Colau, por su parte, adoptó una posición crítica con la gestión inicial de Sánchez. Según recoge La Vanguardia, la candidata del Frente Amplio reprochó al presidente su actuación durante los primeros días de la crisis y consideró que «la primera respuesta que se dio por parte del Gobierno y en concreto desde la presidencia no fue la mejor». Colau, supuestamente, también pidió «revisar las relaciones» con Marruecos «desde la discreción», una postura que refleja el malestar de una parte del espacio político a la izquierda del PSOE con la gestión gubernamental de la crisis.
El contexto judicial: una investigación que no se cierra
La polémica declaración de Sánchez se produce en un momento en el que la investigación judicial sobre lo ocurrido en Ceuta sigue abierta y no ha hecho más que acumular diligencias contradictorias con la versión oficial. La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, instruye el caso y ha tomado declaración a varios testigos clave, entre ellos el propio Gonzalo Sanz y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien según RTVE relató a la instructora que realizó «una decena de intentos» para contactar con Sánchez antes de la entrada masiva, de los que «fructificaron tres», todos con su jefe de Gabinete. La causa sigue pendiente de la desclasificación de los 19 mensajes y la llamada que Sanz puso a disposición judicial, un material que, de acuerdo con las fuentes consultadas, podría arrojar luz sobre qué información tenía realmente el Gobierno y cuándo la tuvo.
Nota de la redacción: La información contenida en esta noticia se ha elaborado a partir de las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez en el pódcast The Wild Project, difundidas por El Confidencial, La Razón, El Faro de Ceuta, RTVE, Valencia Plaza y El Periódico de Ceuta, así como de las informaciones publicadas por EFE, El País, La Vanguardia y otros medios sobre la evolución de la crisis de Ceuta, la declaración de Gonzalo Sanz ante la Audiencia Nacional y los datos del Ministerio del Interior. Dado que la investigación judicial sigue abierta y que no se han hecho públicos la totalidad de los informes de inteligencia ni el contenido de los mensajes y la llamada aportados por el exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, algunos extremos —como el alcance exacto de lo que el CNI transmitió, la interpretación de si constituía o no una «alerta formal» o la responsabilidad última en la falta de previsión— deben ser contrastados con las conclusiones que en su momento dicten las autoridades competentes. Se recuerda, asimismo, que las afirmaciones de los distintos actores políticos recogidas en este texto son declaraciones públicas y no hechos probados judicialmente.
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