4 de noviembre de 2026

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El PiS acusa a Tusk de alentar el “caos” en la crisis del Constitucional polaco mientras la Comisión Europea respalda al Gobierno.

La crisis institucional desatada en torno al Tribunal Constitucional de Polonia ha escalado este lunes con un duro cruce de acusaciones entre el Gobierno de Donald Tusk y la oposición nacionalista. El líder de Ley y Justicia (PiS), Jarosław Kaczyński, ha atribuido al primer ministro un daño “totalmente irresponsable” a las instituciones y le ha acusado de fomentar el “caos” y la “violencia” en lugar de la ley, según la información difundida por Europa Press, Infobae y La Gaceta, que recogen el mensaje publicado por el dirigente conservador en redes sociales. Kaczyński ha llegado a calificar los acontecimientos en la alta corte como la reunión de un “grupo del crimen organizado”.

Las palabras de Kaczyński se producen después de que Tusk justificara la intervención policial en la sede del tribunal y acusara al PiS y al presidente del país, Karol Nawrocki, de impulsar la “destrucción del Estado de derecho”. El detonante inmediato de la crisis fue la decisión de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, supuestamente afín al Ejecutivo, de suspender de forma unilateral al presidente del tribunal, Bogdan Świeczkowski, y a su adjunto mientras la sede permanecía custodiada por las fuerzas de seguridad, una maniobra que siete magistrados veteranos tildaron de “completamente ilegal” y que llevó a la oposición a anunciar una moción de censura.

La versión del Gobierno y el respaldo de Bruselas

El Ejecutivo de Tusk sostiene que su actuación busca revertir la politización del tribunal heredada de los ocho años de gobierno del PiS (2015-2023). En un discurso televisado, el primer ministro afirmó que “nunca hubo duda de que el tribunal en la forma impuesta por el PiS no era un tribunal genuino”, y citó resoluciones adversas de instancias europeas. Tusk llegó a comparar las protestas de la oposición con “un ladrón que arrebata el bolso a una anciana, huye y, cuando le atrapan, grita que está siendo sometido a violencia”.

La Comisión Europea ha respaldado de forma implícita la posición del Gobierno polaco. Un portavoz comunitario señaló que “el nombramiento de los ocho nuevos miembros del Tribunal Constitucional corresponde al poder constitucional del Sejm” (la cámara baja), y recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares que obligan a las autoridades polacas a no obstaculizar el ejercicio de sus funciones a los jueces designados por el Parlamento. El comisario de Justicia, Michael McGrath, añadió que la Comisión de Venecia “ha sido clara” al respecto.

El trasfondo: una reforma judicial en marcha

Más allá del choque político inmediato, el conflicto se enmarca en el proceso de reforma judicial impulsado por el Gobierno de Tusk. El Ministerio de Justicia polaco ha tramitado un paquete legislativo, según la información oficial publicada en el portal gov.pl, que busca “restaurar el derecho a un tribunal independiente e imparcial” y regular los efectos de los nombramientos realizados entre 2018 y 2025 bajo el Consejo Nacional del Poder Judicial (KRS) controlado por el PiS. La norma, aprobada por el Sejm el 23 de octubre, elimina la Sala de Control Extraordinario y Asuntos Públicos del Tribunal Supremo, una de las instituciones más controvertidas del sistema anterior, y establece nuevos concursos para la verificación de jueces. El texto gubernamental cifra en más de 5,5 millones de zlotys las indemnizaciones abonadas por el Estado tras condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en casi 3.000 millones de zlotys las deducciones de fondos europeos por sanciones del Tribunal de Justicia de la UE, supuestamente vinculadas a las deficiencias del sistema judicial precedente.

La oposición, sin embargo, sostiene que la reforma encubre un intento de someter el tribunal al Ejecutivo. El presidente Nawrocki, elegido en 2025 con el apoyo del PiS, se ha negado a tomar juramento a los nuevos magistrados aprobados por el Parlamento, lo que ha bloqueado de facto su incorporación. La crisis se produce además a un año de las elecciones parlamentarias previstas para 2027, en un clima de polarización creciente.


Fuentes consultadas: La Gaceta (información inicial sobre las declaraciones de Kaczyński), Europa Press e Infobae (transcripción del mensaje del líder del PiS), El Confidencial (discurso de Tusk y denuncia de injerencia rusa), The Guardian e Irish Times (contexto de la reforma judicial y reacciones), Politico y Kyiv Independent (posición de la Comisión Europea), así como el portal oficial del Ministerio de Justicia de Polonia (gov.pl) para los detalles del paquete legislativo. Los hechos relatados se basan en la información difundida por estos medios y fuentes oficiales; las acusaciones cruzadas entre las partes no han sido verificadas judicialmente y la crisis institucional continúa abierta.

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