Los grandes casos de corrupción que han salpicado al PSOE y al PP han dejado cifras millonarias, pero los expertos y las resoluciones judiciales advierten de que compararlas como si todas midieran lo mismo conduce a error. Unos importes reflejan fondos públicos gestionados irregularmente; otros, financiación irregular, pagos opacos o sanciones. No existe, según las fuentes consultadas, una suma rigurosa que permita hablar de un único “dinero robado” por cada partido.
La actualidad política ha vuelto a poner sobre la mesa la comparación entre los casos de corrupción que han afectado al Partido Socialista (PSOE) y al Partido Popular (PP). Nombres como Filesa, los ERE de Andalucía, Gürtel o Bárcenas se repiten en los debates, a menudo acompañados de cifras que, supuestamente, pretenden establecer un ranking del dinero sustraído. Sin embargo, un análisis de las resoluciones judiciales y de las fuentes oficiales consultadas revela que esas cantidades responden a conceptos jurídicos y contables muy distintos, por lo que su suma o comparación directa carece de rigor.
Filesa: financiación irregular y condenas a cargos del PSOE, no al partido
El caso Filesa investigó, según la información disponible, un entramado de sociedades (Filesa, Malesa y Time Export) que habría obtenido fondos de empresas y bancos mediante facturas por informes supuestamente ficticios. El Tribunal Supremo declaró probados, de acuerdo con la sentencia de 1997, cobros por unos 1.200 millones de pesetas (equivalentes a aproximadamente 7,2 millones de euros de la época) destinados presuntamente a financiar campañas electorales del PSOE.
En 1997, el Alto Tribunal condenó a varios implicados, entre ellos el exdiputado del PSOE Carlos Navarro (a 11 años de prisión), el administrador único de Filesa, Luis Oliveró, y el gerente de Malesa, Alberto Flores (a 10 años cada uno), así como al senador Josep Maria Sala (a 3 años). No obstante, tal y como subrayan las fuentes consultadas, la sentencia no condenó al PSOE como organización por un delito de financiación ilegal, una distinción jurídica que se ha pasado por alto en no pocas ocasiones.
ERE de Andalucía: el mayor volumen de fondos, con un largo recorrido judicial
El caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Andalucía está considerado, según los medios consultados, como uno de los mayores casos de corrupción política de la historia de España, debido al desvío, presuntamente, de 679 millones de euros de dinero público entre los años 2000 y 2011. El fraude consistió, de acuerdo con la información disponible, en la creación de un sistema de ayudas sociolaborales irregulares por parte de la Junta de Andalucía para beneficiar de forma arbitraria a empresas, trabajadores y personas afines al PSOE regional.
La primera gran sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla en 2019, condenó al expresidente de la Junta Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación por prevaricación, y a José Antonio Griñán a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación. Una docena de exaltos cargos recibieron diversas penas. El Tribunal Supremo ratificó íntegramente estas condenas principales en 2022, pero posteriormente, en 2024, el Tribunal Constitucional estimó parcialmente los recursos de amparo y anuló las penas de cárcel de Griñán, Chaves y otros exconsejeros, al considerar que la elaboración y aprobación de los presupuestos no podía catalogarse como prevaricación administrativa.
Las fuentes judiciales consultadas insisten en que la cifra de 679 millones de euros asociada al caso ERE no implica que todo ese dinero fuera apropiado personalmente, sino que refleja el volumen de fondos públicos gestionados a través del sistema de ayudas investigado. El proceso sigue abierto en distintas piezas separadas, con nuevas condenas a exdirectores generales por ayudas concretas, como la dictada en junio de 2026 contra Daniel Alberto Rivera por una ayuda irregular de 37.500 euros.
Gürtel y Bárcenas: condenas al PP como organización, pero con matices
El caso Gürtel, la trama de corrupción liderada por Francisco Correa que operó durante años en connivencia con cargos del PP, ha sido el único en el que un partido político ha sido condenado como organización en España. Sin embargo, la naturaleza de esa condena es crucial: el PP fue declarado partícipe a título lucrativo, lo que significa, según las fuentes judiciales, que el partido se benefició de los actos ilícitos aunque, presuntamente, ignoraba su origen delictivo.
La Audiencia Nacional, en su sentencia de 2018, condenó al PP a pagar 245.492 euros por beneficiarse de los actos electorales que sufragaron irregularmente las empresas de la trama en Majadahonda y Pozuelo. El Tribunal Supremo confirmó esta condena en 2020 y dio por acreditada la existencia de una “caja B” en el partido, “una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde el año 1989”.
En una pieza separada, la Audiencia Nacional condenó en 2021 al extesorero del PP, Luis Bárcenas, a dos años de cárcel por abonar 1.072.000 euros a la empresa Unifica por las obras de la sede de Génova, una cantidad que, según la sentencia, se pagó “al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública”, es decir, con cargo a la “caja B”. El Tribunal Supremo ratificó en 2024 que la reforma de la sede se hizo con dinero negro de la contabilidad paralela del partido.
La advertencia de los expertos: cifras heterogéneas, comparaciones engañosas
El análisis de las fuentes consultadas, entre ellas verificadores como Verificat y Newtral, coincide en señalar que las cifras asociadas a estos casos no miden lo mismo. Unas reflejan ayudas públicas (ERE), otras financiación irregular (Filesa), pagos opacos (Bárcenas) o sanciones judiciales (Gürtel). Por ese motivo, según estas fuentes, no existe una suma rigurosa que permita hablar de un “total único de dinero robado” por cada partido.
Un informe de Verificat de 2025, que recopila datos de casos judicializados, situaba al PP con 3.027 millones de euros involucrados en causas de corrupción, más del doble que los 1.177 millones atribuidos al PSOE. Sin embargo, el propio informe matiza que la mayor parte de esa cantidad está pendiente de juicio y que las cifras no equivalen a dinero defraudado de forma probada. De hecho, las condenas firmes por corrupción en España ascienden, según los datos recopilados por estas plataformas, a una fracción de esos importes totales.
Nota de la redacción: Este texto se ha elaborado a partir de la información publicada por el medio citado y contrastada con las resoluciones y notas oficiales del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, así como con las coberturas y verificaciones de EFE, RTVE, El País, Newtral y Verificat. Se han utilizado términos como “presuntamente”, “supuestamente”, “según las fuentes consultadas” o “de acuerdo con la información disponible” para preservar la presunción de inocencia y evitar afirmaciones no confirmadas judicialmente. Las cifras citadas corresponden a los conceptos que en cada caso han sido fijados por las resoluciones judiciales o por las fuentes oficiales, y no deben interpretarse como una suma homogénea de “dinero robado”.
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