La Comisión Europea confirma en una respuesta parlamentaria que es “prioritario” que las personas en situación ilegal en Ceuta sean retornadas, pero evita pronunciarse expresamente contra los planes de traslado del Gobierno y destaca la “estrecha colaboración” con Marruecos.
La presión ejercida por Vox en el Parlamento Europeo ha obtenido una respuesta formal de la Comisión Europea, aunque según la información disponible, el contenido de la misma dista de ser una condena explícita a los traslados de inmigrantes desde Ceuta a la Península. En una respuesta parlamentaria remitida a la delegación de Vox en la Eurocámara, el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha señalado que es “necesario impedir la circulación irregular posterior de los inmigrantes” para proteger la integridad y la seguridad del espacio Schengen. Asimismo, el comisario ha subrayado que para el Ejecutivo comunitario es una cuestión “prioritaria” que “todas las personas que permanecen en Ceuta de manera ilegal sean retornadas”.
El contexto: una pregunta “prioritaria” y una crisis de dimensiones masivas
La interpelación de Vox, registrada como pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita (P-003344/2026), cuestionaba directamente si el traslado de inmigrantes irregulares desde Ceuta a la Península podía suponer “un problema adicional de seguridad”. La formación liderada por Santiago Abascal lleva meses denunciando lo que describe como una “invasión” y reclamando el cierre total de la frontera y la devolución inmediata de quienes entraron de forma irregular. Según los datos manejados por las instituciones europeas, cerca de 80.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, aunque las autoridades españolas han cifrado en torno a 70.000 los retornos ya efectuados a Marruecos.
La respuesta de Brunner: retórica de retorno, pero sin condena al traslado
La respuesta del comisario austríaco, de acuerdo con el texto difundido por los medios, se articula en torno a tres ejes. En primer lugar, Brunner recuerda que “recae en los Estados miembro la responsabilidad de proteger la integridad y seguridad del espacio Schengen”, lo que incluye “impedir la circulación irregular posterior de los migrantes” y realizar “controles de seguridad en conformidad con el marco jurídico vigente, también durante el triaje”. En segundo lugar, insiste en que el retorno de las personas en situación ilegal es una “prioridad” para la Comisión. Y, en tercer lugar, supuestamente para evitar una confrontación directa con el Gobierno español, el comisario añade que Bruselas “valora positivamente la estrecha colaboración entre España y Marruecos” en la gestión de la emergencia.
Esta última frase es, precisamente, la que Vox ha utilizado para denunciar la “complicidad” de Bruselas con la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según la interpretación del partido, la Comisión Europea estaría ignorando la “responsabilidad política” tanto del Gobierno español como de las autoridades marroquíes en la crisis. No obstante, según la información contrastada, la respuesta de Brunner no contiene una crítica expresa a los traslados a la Península, sino que se limita a subrayar la obligación de los Estados de gestionar los flujos secundarios y agilizar las deportaciones.
El trasfondo político: Vox redobla su ofensiva en Bruselas y en Madrid
La respuesta parlamentaria no ha aplacado la estrategia de confrontación de Vox. En los últimos meses, la formación ha desplegado una ofensiva en múltiples frentes. En el Parlamento Europeo, su eurodiputado Hermann Tertsch ha calificado la entrada masiva en Ceuta como “el peor ataque jamás sufrido por una frontera de la Unión Europea” y ha acusado al Gobierno de Sánchez de actuar como “lobista supremo de Marruecos”. En el Congreso de los Diputados, Vox ha registrado varias baterías de preguntas escritas al Gobierno exigiendo transparencia sobre el número exacto de traslados, los plazos, el presupuesto y los criterios de seguridad aplicados, particularmente en lo que respecta a los 500 menores no acompañados cuyo traslado a la Península ha sido objeto de un plan gubernamental de choque.
Según las fuentes consultadas, la presión de Vox ha conseguido al menos un efecto tangible: forzar a la Comisión Europea a fijar por escrito su doctrina sobre la crisis de Ceuta. Sin embargo, el alcance real de ese pronunciamiento es limitado. Bruselas no ha exigido a España que cancele los traslados, sino que ha recordado la obligación de evitar “movimientos secundarios” no controlados y de priorizar el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en la UE. De acuerdo con el análisis de los documentos parlamentarios, la batalla política sobre el traslado de inmigrantes desde Ceuta a la Península continuará tanto en Madrid como en Bruselas, con Vox utilizando la respuesta de la Comisión como munición argumental, pero sin haber logrado, por ahora, un respaldo explícito a su tesis de que todos los llegados deben ser devueltos a Marruecos sin excepción.
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