La tensión entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la oposición se ha trasladado este martes al pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Su alcaldesa, Judith Piquet (PP), ha interpelado directamente a los portavoces del PSOE y Más Madrid, Javier Rodríguez Palacios y Rosa Romero, para que condenen «sin excusas» los actos de intimidación y acoso que, según la información difundida por el entorno del Ejecutivo autonómico, habrían sufrido miembros del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el contexto de las protestas educativas.
Piquet ha tratado de marcar una línea divisoria entre la legítima protesta y lo que considera una vulneración de los derechos de los representantes públicos. «Protestar es un derecho. Acosar, intimidar o impedir trabajar a un Gobierno elegido en las urnas no lo es», ha afirmado durante su intervención, instando a la oposición a no aplicar un «doble rasero» en función del color político del afectado. La alcaldesa ha reclamado a la Delegación del Gobierno que garantice la seguridad y active los medios policiales necesarios para compatibilizar el derecho de manifestación con el normal funcionamiento de las instituciones.
El trasfondo de la huelga y la disputa por los datos
Estas declaraciones se producen en el marco de una huelga educativa indefinida en la Comunidad de Madrid, que arrancó el pasado 14 de octubre. Los sindicatos convocantes mantienen las movilizaciones para exigir una reducción de las horas lectivas, menos alumnos por aula y mejoras salariales. Sin embargo, la principal disputa radica en las cifras de seguimiento. Según los datos facilitados por la Consejería de Educación del Ejecutivo autonómico, el apoyo a la huelga habría caído drásticamente: del 44,6% del primer día a un 13,2% al inicio de esta semana. Por el contrario, las organizaciones sindicales elevan el seguimiento a cifras cercanas al 50% o incluso al 60%, lo que evidencia una profunda brecha en la interpretación de la realidad social de la región.
La sombra de la actuación policial
El foco de conflicto más reciente se sitúa en los incidentes del pasado lunes frente al Palacio de Santoña, sede de la Presidencia regional. Durante un acto institucional con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, un grupo de manifestantes se concentró en los accesos, lo que, según fuentes del Ejecutivo, obligó a la Policía Nacional a intervenir para garantizar la salida de las autoridades. Los sindicatos han calificado la actuación de «violenta y desproporcionada», mientras que desde el Gobierno regional se acusa a la izquierda de buscar «reventar las calles».
La polémica ha escalado hasta el punto de que la Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por Francisco Martín, ha ordenado abrir una investigación interna para analizar si la carga policial se ajustó a los principios de proporcionalidad y oportunidad que exige la ley. Esta decisión ha sido recibida con críticas desde el entorno de Ayuso, que responsabiliza al delegado del Gobierno de la escalada de violencia en la vía pública.
Mientras tanto, el Ejecutivo madrileño ha optado por reforzar las medidas de seguridad de la presidenta y estudia reubicar actos institucionales ante la posibilidad de que las protestas se prolonguen hasta las elecciones generales del 29 de noviembre. La política madrileña se adentra así en una espiral de acusaciones cruzadas donde la calle se ha convertido en el principal escenario de confrontación.
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