El informe del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que Ferraz puso su «infraestructura logística y financiera» al servicio de la organización criminal liderada por Santos Cerdán y Leire Díez. El juez Pedraz rechaza investigar a la formación como persona jurídica hasta que declaren los cuatro imputados clave, en plena precampaña del 29-N
La Fiscalía Anticorrupción ha dado un paso de calado en la investigación de las cloacas socialistas. En un informe remitido este viernes al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen vinculan por primera vez de forma explícita los fondos del PSOE con los pagos de la presunta trama delictiva. La utilización de dinero socialista para satisfacer pagos vinculados a «presuntos delitos de corrupción», sostiene el Ministerio Público, «constituye un indicio de singular relevancia» para determinar la posible responsabilidad penal del partido.
La estructura que Ferraz habría financiado
El informe, adelantado por El Diario Vasco y La Verdad y al que ha tenido acceso este periódico, describe una estructura que habría empleado los recursos del PSOE para financiar operaciones ilícitas mediante «mendaces facturas», sociedades interpuestas y contrataciones decididas por Santos Cerdán «con absoluta libertad». Las fiscales apuntan a una «ausencia de controles internos» sobre las decisiones económicas del entonces secretario de Organización, lo que habría permitido destinar fondos de Ferraz a las conocidas como cloacas.
Según el escrito, el PSOE, a través de Cerdán, «habría puesto a disposición de la organización criminal su infraestructura logística y financiera», posibilitando reuniones en la sede de la calle Ferraz, sufragando la movilidad y alojamiento de sus miembros y, «lo que es más relevante, financiándose la actividad presuntamente delictiva». Los investigadores sospechan que Cerdán canalizó pagos a Leire Díez, presunta coordinadora de la trama, a través de la contratación de varios letrados. Entre las sociedades interpuestas que habrían servido para canalizar esos fondos figuran una del exconsejero socialista Gaspar Zarrías y otra de Ismael Oliver, exabogado de Koldo García.
La petición del PP y el pulso judicial
El informe de Anticorrupción responde a la solicitud del Partido Popular, que el pasado 6 de octubre registró un escrito en la Audiencia Nacional pidiendo la imputación del PSOE por cinco delitos: cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal. Los populares, que ejercen la acusación popular en la causa, sostienen que la dirección socialista puso «todos los medios operativos y financieros del partido a disposición» de la trama con el objetivo de «proteger los intereses del Gobierno y del PSOE» frente a investigaciones judiciales en marcha. El PP vinculó esos pagos con Santos Cerdán y con un supuesto sueldo de 4.000 euros mensuales pactado con Leire Díez.
Pedraz frena la imputación hasta que declaren los investigados
Pese a la contundencia del informe, el juez Pedraz ha descartado imputar al PSOE «en este momento». El magistrado considera que antes deben prestar declaración como investigados los cuatro nombres clave de la causa: Santos Cerdán, exnúmero dos del PSOE; Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos; Leire Díez, presunta coordinadora de las cloacas; y Gaspar Zarrías, exdirigente socialista cuya consultora habría servido para canalizar los pagos. Todos ellos están imputados, pero aún no han sido citados para declarar. La única que compareció ante el juez fue Leire Díez, aunque lo hizo tras su detención en diciembre y se acogió a su derecho a no declarar al estar la causa secreta. El instructor, además, ha reclamado al PSOE una relación de todos los abogados que ha contratado desde 2021.
El calendario judicial y la precampaña del 29-N
La decisión de aplazar la imputación llega en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Las fiscales han optado por esperar al resultado de las diligencias pendientes, una posición que deja abierta la posibilidad de que los interrogatorios decisivos y una eventual imputación del PSOE se produzcan después de las urnas. Fuentes jurídicas citadas por La Razón precisan que las diligencias que pudieran impactar directamente en la contienda electoral se acordarán después del 29-N. El propio juez Pedraz ha justificado su decisión de no investigar por ahora al partido en la necesidad de «practicar antes las restantes diligencias para garantizar que [Cerdán] pueda declarar con los elementos necesarios para su defensa».
El contexto: la trama de las cloacas
La investigación, que se sigue en la Audiencia Nacional bajo la instrucción de Santiago Pedraz, indaga en una presunta red dirigida por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez cuyo objetivo era obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, como el caso de David Sánchez, hermano del presidente. En esa trama ya ha declarado como perjudicada la jueza Beatriz Biedma, que relató ante el juez el acoso y los seguimientos que sufrió mientras instruía la causa contra David Sánchez. La UCO ha vinculado a la trama con un clan de narcotraficantes de Badajoz y con el exjuez expulsado Luis José Sáenz de Tejada, que supuestamente contactó con la matriarca del clan para «eliminar» a la magistrada.
Con el informe de Anticorrupción, el caso de las cloacas entra en una nueva dimensión: ya no se trata solo de determinar la responsabilidad individual de los investigados, sino de dilucidar si el propio PSOE, como persona jurídica, debe responder penalmente por haber financiado con sus recursos una estructura delictiva. La decisión final queda en manos de Pedraz, pero el calendario electoral parece haber congelado, al menos temporalmente, el paso más delicado para los intereses del partido del Gobierno.
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