El Ministerio del Interior ha remitido este viernes a la Comisión Europea una solicitud formal de refuerzo para las labores de identificación y clasificación de los migrantes que aún permanecen en Ceuta en situación irregular, según ha podido confirmar este diario. La petición, cursada por el ministro Fernando Grande-Marlaska a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión, Beate Gminder, supone un giro en la estrategia del Gobierno, que hasta ahora había descartado la intervención de la agencia europea de fronteras en la ciudad autónoma.
La carta enviada por el ministro responde a la misiva que la propia Gminder remitió el pasado 21 de agosto al embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, ofreciendo la ayuda de distintas agencias comunitarias para hacer frente a las consecuencias de la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio. Un mes después de aquella avalancha, que según las cifras oficiales movilizó a 72.000 personas a través de la frontera, el Gobierno ha decidido activar el mecanismo de cooperación europeo.
Diez agentes, imágenes por satélite y un buque en aguas españolas
La solicitud de Interior detalla un paquete de medidas que abarca distintas áreas de actuación. En primer lugar, el Ministerio pide la participación de diez agentes adicionales del Cuerpo General de Frontex para agilizar el procedimiento de recogida de información de las personas que aún no han pasado por el proceso de triaje. Este procedimiento, que la Policía Nacional realiza para identificar a cada migrante, recoger sus datos y determinar si solicita protección internacional, se ha visto ralentizado por el volumen de personas que continúan en la ciudad.
Además, Interior solicita extender la duración de la operación Minerva, el dispositivo de control que Frontex despliega en los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la Operación Paso del Estrecho. La operación, que inicialmente concluía el próximo 2 de septiembre, debería prolongarse «todo lo necesario mientras se resuelve la situación creada en la ciudad autónoma», según reza la carta remitida a Bruselas.
En el ámbito de la vigilancia marítima, el ministro ha solicitado que el buque oceánico ‘Duque de Ahumada’ de la Guardia Civil, que opera seis meses al año bajo el mando de Frontex al ser cofinanciado su flete por la UE, permanezca en aguas españolas durante 2027. También demanda el mantenimiento del servicio EUROSUR Fusion Services, operado por Frontex, que proporciona imágenes satelitales de la frontera con Marruecos para la vigilancia de zonas marítimas, puertos y áreas prefronterizas.
La UE ya trabaja en la respuesta
La Comisión Europea ha confirmado la recepción de la solicitud. El comisario de Migración y Asuntos Internos, Magnus Brunner, ha asegurado en un mensaje publicado en redes sociales que la UE «ya está trabajando en la solicitud» y que tomarán una decisión «con celeridad». Brunner ha calificado la situación en Ceuta como todavía «compleja», si bien ha celebrado «las medidas adicionales» adoptadas por el Gobierno español en los últimos días. La prioridad para Bruselas, ha subrayado el comisario, sigue siendo «garantizar el pronto retorno de todas las personas que permanecen en situación irregular en Ceuta».
Ayuda de la EUAA y cooperación con Europol
La petición de Interior no se limita a Frontex. El ministro ha solicitado también el refuerzo de la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) para la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes. Dadas las limitaciones de espacio en la ciudad, estas actuaciones se llevarían a cabo de manera telemática.
Respecto a Europol, Grande-Marlaska apuesta por mantener y profundizar la cooperación operativa ya existente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en la investigación de las redes de tráfico de migrantes y en el análisis estratégico.
La solicitud se produce después de que el pasado 24 de agosto el Gobierno solicitara a la Comisión una ayuda de emergencia superior a los 32 millones de euros con cargo a los fondos FAMI (Fondo de Asilo, Migración e Integración) y al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados. El ministerio confía en la «pronta resolución» de ambas peticiones.
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