La Comisión Permanente del CGPJ se reúne este martes para evaluar las candidaturas mientras el Ministerio de Justicia ya ha autorizado el refuerzo de personal funcionario, fiscal y forense para hacer frente a la «sobrecarga» de trabajo provocada por la llegada masiva de migrantes. El TSJ de Andalucía mantiene a un magistrado en funciones de guardia hasta que se resuelva la adjudicación de las comisiones de servicio.
El Tribunal de Instancia de Ceuta, órgano judicial que ha visto multiplicada su carga de trabajo tras la entrada masiva de migrantes de los pasados 30 y 31 de julio, se prepara para recibir un refuerzo estructural que ya ha despertado un notable interés entre la carrera judicial. Cuatro magistrados han presentado ya su candidatura para ocupar la comisión de servicio ofertada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según han confirmado fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a ABC.
La plaza, de carácter temporal mientras se mantenga la situación de crisis, está destinada a reforzar las plazas 1 a 6 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta. El Servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces ya había calificado la situación como «extraordinaria» y había concluido que el refuerzo con dos magistrados era «preciso».
Dos comisiones de servicio en el aire
La oferta de refuerzo no se limita a una única plaza. El TSJ andaluz ha ofertado dos comisiones de servicio con relevación de funciones: una para las plazas 1 a 6 de la sección civil y de instrucción —para la que ya hay cuatro candidatos— y otra específica para la plaza número 4, que tiene competencias en materia de Violencia sobre la Mujer.
En el caso de esta última, la situación es especialmente delicada. El magistrado que venía desempeñando funciones en esa plaza tenía previsto su cese para estas fechas. Sin embargo, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado 18 de agosto diferir su salida para garantizar que la actividad judicial en esta materia no se viera interrumpida. Ahora, el TSJ ha abierto una nueva comisión de servicio para que otro magistrado asuma esas funciones y el actual pueda marcharse a su nuevo destino.
Mientras se resuelven las adjudicaciones, el TSJ andaluz ha acordado mantener dos jueces de guardia de manera permanente en los juzgados de la ciudad autónoma, una medida que se mantendrá «hasta que la situación se normalice».
El CGPJ se reúne este martes para evaluar las candidaturas
La Comisión Permanente del CGPJ, presidida por Isabel Perelló, se ha reunido este mismo martes de manera extraordinaria para analizar la evolución de la situación en el Tribunal de Instancia de Ceuta. No es la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces aborda este asunto; ya lo hizo el pasado 18 de agosto para aprobar las primeras medidas urgentes.
En aquella primera reunión, la Comisión Permanente ya advirtió de que el Servicio de Inspección había concluido que la «prolongación de la situación de crisis migratoria requiere la adopción de medidas de mayor duración y estabilidad, como comisiones de servicio, con o sin relevación de funciones, a favor de magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia».
El Gobierno apremia: «El Ministerio tiene todo preparado»
La carrera contrarreloj para reforzar la justicia en Ceuta cuenta con un actor clave: el Ministerio de Justicia. Este lunes, tanto el ministro Félix Bolaños como su número dos, el secretario de Estado Manuel Olmedo, instaron al CGPJ a trasladar la petición concreta y oficial del TSJ andaluz para los refuerzos de jueces.
Olmedo remitió una carta al secretario general del CGPJ, Miguel Hernández de la Serna, en la que aseguraba que el Ministerio «tiene todo preparado» para liberar el crédito presupuestario necesario. En esa misiva, el secretario de Estado planteaba además cómo prefiere que se organicen los refuerzos: sugiere que los jueces que se incorporen procedan de otros tribunales o audiencias, o bien de otras secciones del Tribunal de Ceuta distintas a las de lo civil y de instrucción. Si no fuera posible, propone recurrir a jueces sustitutos.
Un despliegue de 25 profesionales entre funcionarios, fiscales y forenses
Más allá de los magistrados, el Ministerio de Justicia ya ha activado un amplio paquete de refuerzos en el personal funcionario y técnico que presta servicio en los tribunales ceutíes. Según ha detallado el secretario de Estado en su carta, en los próximos días se incorporarán cinco nuevos efectivos (tres tramitadores, un gestor procesal y un auxilio judicial).
Pero el despliegue va mucho más allá. El Ministerio ha reforzado otras áreas bajo su competencia con las siguientes medidas:
- Fiscalía de Área de Ceuta: tres abogados fiscales sustitutos.
- Instituto de Medicina Legal: once médicos forenses, siete técnicos de autopsia y dos funcionarios del Cuerpo de Tramitación.
- Turno de oficio: ampliación con cinco abogados de guardia adicionales en materia de extranjería.
- Letrados de la Administración de Justicia: autorización para prolongar su jornada laboral.
- Servicio de traducción e interpretación: reforzado para atender los procedimientos con migrantes.
En total, el despliegue suma aproximadamente 25 profesionales entre todas las categorías, sin contar los magistrados de refuerzo que se incorporarán una vez que el CGPJ formalice la adjudicación de las comisiones de servicio.
El impacto de la crisis: delitos, cadáveres y menores no acompañados
La saturación de los juzgados ceutíes no es casualidad. La entrada masiva de los días 30 y 31 de julio —en la que se calcula que accedieron a la ciudad autónoma alrededor de 80.000 personas— ha generado una cascada de procedimientos judiciales que han desbordado la capacidad del Tribunal de Instancia.
Según los datos manejados por el CGPJ y el Ministerio de Justicia, se han recogido 88 cadáveres, de los que solo nueve han sido identificados. Además, se ha identificado a más de 2.900 menores no acompañados, lo que ha generado una carga adicional en los juzgados de menores y en la fiscalía.
En el ámbito penal, los juzgados de Ceuta han tramitado ya tres denuncias por agresiones sexuales supuestamente cometidas por inmigrantes de origen marroquí que accedieron durante la crisis. Las víctimas son tres mujeres inmigrantes, una de ellas menor de edad. Estas denuncias han sido uno de los detonantes que llevaron al CGPJ a reclamar la incorporación de magistrados con «experiencia» en este tipo de procedimientos.
Un pulso institucional por la agilidad de los refuerzos
El proceso de refuerzo ha puesto de manifiesto cierta tensión entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ. Fuentes del Ministerio aseguraron que estaban preparados para tramitar los refuerzos «tan pronto como se iniciara el procedimiento», pero precisaron que hasta ese momento no habían recibido ninguna petición formal del órgano de gobierno de los jueces.
Se trata, según apuntan fuentes jurídicas, de «un nuevo pulso entre la cartera de Bolaños y el Consejo presidido por Isabel Perelló por la grave situación del déficit de jueces que atraviesa nuestro país». El Gobierno insiste en que el Ministerio tiene el dinero preparado, pero necesita que el CGPJ formalice la solicitud para poder liberarlo.
Próximos pasos: la carrera judicial, a la espera
Con cuatro candidatos ya postulados para la comisión de servicio principal, el CGPJ deberá examinar ahora las candidaturas y decidir quién ocupará la plaza de refuerzo. El proceso de selección, que se tramitará con carácter de urgencia, determinará qué magistrado se incorporará al Tribunal de Instancia de Ceuta para aliviar la carga de trabajo de sus seis plazas civiles y de instrucción.
Mientras tanto, el juez que continúa en funciones de guardia —un magistrado del mismo partido judicial— seguirá atendiendo los asuntos urgentes. Y el titular de la plaza número 4, especializada en Violencia sobre la Mujer, permanecerá en su puesto hasta que se resuelva la comisión de servicio convocada para relevarle.
La justicia en Ceuta, como el resto de la ciudad autónoma, sigue en estado de alerta. La llegada de los refuerzos —tanto de magistrados como de los 25 profesionales ya autorizados— permitirá aliviar una presión que, cuatro semanas después de la crisis, no ha hecho más que aumentar.
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